La prevención, un mercado en alza

Sea por una creciente sensibilidad ante la magnitud de las cifras de accidentes de trabajo, sea por los incentivos que ofrece la Administración o por el temor a las sanciones, los empresarios comienzan a reaccionar masivamente ante las exigencias que plantea la Ley de Prevención en materia de seguridad laboral. Hasta el punto de que la acumulación de peticiones de evaluación de riesgos amenaza con colapsar la capacidad de las Mutuas y de los servicios de prevención privados. “Si nos guiamos por la actividad como servicio de prevención que estamos haciendo las empresas –explica Pedro Velarde, gerente de Asistencia Médico Laboral (NexGrup)–, “las contrataciones se multiplican en épocas como ésta, donde hay una subvención del Gobierno regional para incentivar la conversión de contratos temporales en indefinidos, que exige tener hecha la evaluación de riesgos. Ahora mismo hay una avalancha de trabajo”. Otro de los estímulos más efectivos es el anuncio de inspección, como ocurre con las 441 empresas que acumularon en Cantabria el pasado año el 56% de los accidentes de trabajo y que están siendo especialmente controladas por la Administración.
Esta avalancha de peticiones está obligando, en muchos casos, a los servicios de prevención a establecer listas de espera, dando prioridad a aquellas empresas que plantean riesgos más evidentes.
“Estamos colapsados, como todas las mutuas” –afirma Roberto Tazón, director de Mutual Cyclops en Cantabria—. “El lado positivo es que las mutuas nos hemos convertido en un elemento generador de empleo; tenemos que ir a pasos agigantados contratando personal y dotaciones técnicas”, añade.
Sin embargo, las especiales características de estas entidades, colaboradoras de la Seguridad Social e intervenidas por este organismo, les resta agilidad a la hora de dar respuesta inmediata a las demandas del mercado. “La acumulación de peticiones, explica el director de la Mutua Montañesa, Julio Bartolomé— la estamos resolviendo dando atención preferente a las empresas con mayor riesgo y a las que tienen pendiente alguna inspección. En el mes de abril hemos contratado nuevos técnicos de prevención aquí en Cantabria, y tratamos de reducir la lista de espera sin que ello vaya en detrimento de la calidad”.

Déficit de especialistas

En Cantabria existen, además de las mutuas acreditadas por la Dirección General de Trabajo, ocho servicios de prevención de carácter privado. En España son 161 –incluidas las mutuas– y el número de entidades acreditadas no ha dejado de crecer desde la entrada en vigor de la ley de 1995, que ha supuesto la aparición de un nicho de mercado de prevención de riesgos que está incentivando la creación de nuevas empresas. Aun así, el 85% del mercado sigue estando en manos de las treinta mutuas existentes, sujetas en muchos casos a un proceso de concentración que probablemente reducirá su número a la mitad a medio plazo.
Sin embargo, las dificultades para atender a la reciente avalancha de peticiones de evaluación de riesgos se deben sobre todo a la inexistencia de un número suficiente de especialistas: técnicos de prevención y médicos del trabajo.
En la gran mayoría de los casos, la evaluación de riesgos debe ser efectuada por técnicos superiores en prevención, pero son pocos los que existen en Cantabria, al tratarse de una actividad de reciente creación (nace con la Ley de Prevención de Riesgos). Tan sólo dos promociones de esta especialidad han salido hasta ahora de la Escuela de Graduados Sociales de Torrelavega. En total, cerca de noventa especialistas a los que vendrá a sumarse en breve una nueva promoción.
A esta carencia de técnicos debe añadirse también el déficit de médicos especializados en medicina del trabajo. El carácter más lucrativo de otras especialidades y un retraso legislativo que ha demorado la apertura del prometedor mercado de servicios laborales que ahora se inicia, han provocado un déficit que algunas estimaciones sitúan en 6.000 médicos.
La ley exige a los servicios de prevención el establecimiento de unidades básicas de salud a razón de una por cada mil trabajadores bajo su cobertura, y cada unidad debe estar compuesta por un médico del trabajo y un ATS. “Según un estudio que hemos realizado” –apunta el representante de Nex Grup–, “serían precisas 23 promociones de médicos del trabajo para dar cobertura a las necesidades de este país. Para paliar este déficit se está creando la vía Mestos, para médicos especialistas sin titulación oficial pero con experiencia y formación en salud laboral”.
En Cantabria existen actualmente tan sólo treinta médicos especializados en medicina del trabajo para una población laboral formada por 155.000 trabajadores.

Una legislación tardía

La larga gestación de la ley de prevención de riesgos laborales creó una expectativa entre los agentes sociales que tardó en hacerse realidad. La ley de 1995, en la que se recoge la normativa comunitaria sobre esta materia fue, junto con el Código penal, la más tardía de las leyes aprobadas en la última legislatura del Gobierno socialista. “Desde finales de 1989” –puntualiza el jefe de prevención de la Mutua Montañesa, José Luis Vázquez– “tenía que estar aplicada esta ley en el acervo comunitario implantado en España. Por la crisis económica o por las razones que fueran tardó mucho en aprobarse en España y cuando se implanta coge al empresariado a contrapié; había oído hablar mucho de ella pero pensaba que no se iba a aplicar nunca”.
La demora en la promulgación de la ley (que entró en vigor en 1996), acarreó también el retraso de la reglamentación que la desarrolla, y hasta 1997 no vio la luz el Decreto en el que se contiene el reglamento del servicio de prevención. A partir de aquí se van sucediendo las disposiciones legales sobre aspectos concretos (exposición a agentes cancerígenos, utilización de equipos de trabajo, seguridad en los buques de pesca, construcción, etc) hasta completar 18 nuevos reglamentos. “Todo esto” –subraya José Luis Vázquez– “es una vorágine que supone un cambio difícil de asumir tanto para el empresario como para el trabajador”.

El futuro de los servicios de prevención

Existe un consenso generalizado en que la prevención debe ser asumida por el empresario como una función más en la que se involucre, en cascada, a toda la estructura jerárquica de la empresa. La ley sitúa en el empresario la responsabilidad de aportar los recursos humanos y técnicos necesarios para implantar los servicios de prevención adecuados, bien por sí mismo o recurriendo a servicios externos acreditados.
Entre las fórmulas posibles, expertos como Francisco Pérez Bouzo, gerente de Prevención &Salud, opina que un modelo mixto, en el que el empresario y el servicio externo compartan las responsabilidades de prevención, puede ser el más conveniente: “Los servicios de prevención ajenos van a existir en cualquier modalidad de organización preventiva, porque no va a haber organización empresarial que vaya a asumir las cuatro disciplinas que establece la ley (Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología). Creo –afirma Pérez Bouzo– que la fórmula más adecuada para muchas empresas puede ser la de crear mancomunidades de servicios de prevención en dos áreas, como seguridad y ergonomía y psicosociología, y externalizar a un servicio de prevención ajeno las dos más complicadas como son la higiene industrial y la medicina del trabajo”. En opinión de este experto, esta sería la mejor manera de que el empresariado se implique en profundidad en el diseño y ejecución de la organización preventiva.