Cantabria dejaría de percibir 350 millones con el nuevo cálculo de la población ajustada que plantea Hacienda

Cantabria dejaría de percibir 350 millones de euros en la financiación autonómica con la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en la que propone un cálculo de población ajustada, lo que sería una cantidad equiparable al 10% del Presupuesto autonómico previsto para 2022.

Se trata de una primera estimación realizada por la Consejería de Economía y Hacienda, que ha sido dada a conocer este viernes por la titular de este departamento, María Sánchez (PSOE), quien ha reconocido que, aunque ha reconocido que «todavía es muy pronto para ofrecer valoraciones categóricas, a priori la propuesta no beneficia a Cantabria».

Ha señalado que si la propuesta de Hacienda llega a implantarse tendría un «impacto» negativo «muy importante» para la comunidad autónoma en cuanto a los ingresos a percibir.

Como muestra de ello, ha expuesto que 2 de cada 3 euros del Presupuesto de ingresos de la comunidad autónoma vienen de la financiación autonómica. Así, de los 3.340 millones previstos en las cuentas autonómicas de 2022, 2.200 corresponden a la financiación autonómica.

En el planteamiento enviado desde Madrid, Cantabria incrementa su peso el parámetro de población ajustada. Con los nuevos cálculos, y de mantenerse el borrador actual, la participación cántabra en los recursos que el sistema reparta por población ajustada podría pasar del actual 1,35% a un 1,55%.

Esta circunstancia, a priori positiva, responde a la consideración de los costes fijos inherentes a la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, la consejera ha advertido que el riesgo para Cantabria está en que el Gobierno pueda plantearse distribuir toda la financiación disponible en función de ese parámetro.

El modelo que está en vigor reparte el 80% en función de la población ajustada y compensa el 20% restante con otros fondos como el
de Suficiencia o el de Convergencia. Esta circunstancia propicia que, en el último ejercicio liquidado, Cantabria recibiera un 1,7% del total de recursos que reparte el sistema.

De este modo, si se considera que la partida total a repartir será la misma para todas las comunidades y no se añaden compensaciones adicionales, la región pasaría de recibir un 1,7% de los recursos totales a un 1,55%. O lo que es lo mismo, supondría una merma de
ingresos estimada en cerca de 350 millones.

«Aunque es cierto que la región mejora en la ponderación de la población ajustada, la realidad es que, de mantenerse este planteamiento, la comunidad perderá financiación respecto al modelo establecido en 2009» ha indicado la consejera.

Ante la propuesta del Ministerio, la Consejería de Economía y Hacienda trabaja junto al grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria en un documento «consensuado» que valorará la propuesta del Ministerio con argumentos de carácter técnico, no político, y planteará posibles alternativas para no perder capacidad de financiación.

La consejera ha valorado que el Ministerio haya remitido a las comunidades un borrador con su propuesta de financiación autonómica y ha recordado que se trata de un «documento vivo» al que se pueden realizar aportaciones. «Nosotros vamos a enviar las nuestras, que esperamos que sean bien recibidas», ha dicho.

Sánchez, acompañada por el director general de Economía, Manuel Díez, han participado en la primera reunión de trabajo de este equipo junto a David Cantarero, Natividad Fernández y Ana Carrera, en representación de la UC.

Ambos equipos, que llevan dos semanas estudiando el documento inicial, seguirán un calendario periódico de reuniones en el que pondrán en común sus valoraciones para definir las aportaciones que enviará Cantabria al Ejecutivo central a finales de enero.

Si se cumple el calendario prestablecido, el informe inicial de este grupo de trabajo estará listo a partir de la tercera semana de enero y se compartirá con el resto de integrantes del Ejecutivo cántabro. Una vez puesto en común, se remitirá al Ministerio para intentar que el nuevo sistema responda a las necesidades reales de financiación de la comunidad.