La primera pata de la reforma del sistema de pensiones y el MEI, compromisos cumplidos de la Seguridad Social

La reforma y la modernización del sistema de pensiones es uno de los compromisos cumplidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este 2021, según ha informado este jueves la cartera dirigida por José Luis Escrivá, en un comunicado.

La Seguridad Social cita entre sus «logros más relevantes» la aprobación de la ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que desde el 1 de enero se revalorizarán de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

En 2022, las pensiones contributivas subirán un 2,5% y las no contributivas y mínimas aumentarán un 3%.

La Seguridad Social ha agradecido en su informe de rendición de cuentas «el consenso con los agentes sociales» y el «respaldo parlamentario» para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para el Ministerio encabezado por Escrivá, esta modificación dará seguridad a los pensionistas y ayudará a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Esta primera pata de la reforma de las pensiones, que entrará en vigor el sábado, también impulsa la demora de la jubilación, la revisión de los coeficientes aplicables a las jubilaciones anticipadas y deroga el factor de sostenibilidad, que queda sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El MEI es para la Seguridad Social «una herramienta equilibrada, temporal y contingente para responder al reto demográfico». Con su incorporación, se reactiva el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032.

La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes (0,5 puntos la empresa y 0,1 puntos el trabajador) a fin de actuar como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033.

En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

En el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también destaca entre sus promesas cumplidas en 2021 el avance en la separación de fuentes financiación de la Seguridad Social. Así, en 2022, la Seguridad Social recibirá una transferencia de 18.396 millones de euros para la asunción de gastos no contributivos, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Por último, la cartera de Escrivá también ha conseguido en este ejercicio la aprobación, en primera vuelta, del Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo para impulsar la previsión social complementaria, en respuesta a la Recomendación 16 del Pacto de Toledo.

De esta forma, el Gobierno espera impulsar los planes de pensiones de empleo en las empresas a través de la negociación colectiva, para reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones, aunque dichos planes también incluirán a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas.