Sindicatos acusan al Gobierno regional de ‘opacidad’ en la estabilización del empleo público y amenazan con ir al juzgado
Los sindicatos TÚ y USO han acusado al Gobierno de Cantabria de «opacidad» en la aplicación del plan de estabilización del empleo en la Administración regional y han advertido que interpondrán una denuncia en los tribunales si en los próximos días el Ejecutivo mantiene este «hermetismo». «Nos estamos cansando ya», han avisado.
Además de la advertencia de denunciar al Ejecutivo por «vulneración de derechos» y «falta de información» a los representantes de los trabajadores, van a solicitar el amparo de los grupos parlamentarios para que insten en la Cámara al Gobierno regional a dar explicaciones sobre sus planes, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que entró en vigor a finales de diciembre.
Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa las secretarias generales de ambos sindicatos, Isabel Rodríguez (ATI) y Mercedes Martínez (USO), quienes han indicado que el Gobierno regional debe «aplicar» y «atenerse» a lo que dicta esta ley, que, aunque «no gusta» a ninguno de estas organizaciones, o al menos, la ven «mejorable», pero creen que «no queda otra» que cumplirla.
Según han indicado, en ella se establece que saldrán a concurso de méritos extraordinario las plazas estructurales que hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 y las vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturales, anterior a esta fecha.
Han advertido que las ofertas de plazas deben estar publicadas antes del 1 de junio de 2022 y las convocatorias deben publicarse antes del 31 de diciembre de este año y los procesos deben estar resueltos antes de final de 2024.
Las dos sindicalistas han señalado que, desde hace varios meses, incluso antes de la vigencia de la ley, y previendo el volumen de plazas que podrían verse afectadas y lo «complicado» de la negociación de estos procesos, han pedido reiteradamente al Ejecutivo información y reuniones para obtener información sobre los criterios, las plazas, el contenido de las futuras convocatorias o la compatibilidad con procesos internos de movilidad para el personal fijo, y se han quejado de que, «a día de hoy, no tienen ninguna respuesta».
Han explicado que solo la Consejería de Educación les ha remitido documentación, pero «en varias cajas», «en papel» y con documentos «inconexos» con los que no se puede trabajar. «Nos parece una falta de respeto», ha aseverado Rodríguez.
Para estos dos sindicatos, «ante este apretado calendario», el Gobierno regional mantiene «un hermetismo preocupante», máxime cuando en la propia ley se establece que las Administraciones Públicas deben certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el número de plazas estructurales de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.
«No queremos pensar que no hay ningún plan, no queremos pensar que no se está trabajando en ello, que no se están haciendo los deberes, no queremos pensarlo, porque todavía sería más grave, ya no solo sería una vulneración de derechos fundamentales sino una inobservancia de leyes de carácter básico que han de ser cumplidas por todas las Administraciones», ha aseverado Rodríguez.
Han señalado que, de los aproximadamente, 20.000 empleados públicos que dependen del Gobierno de Cantabria, en los distintos ámbitos, la tasa de temporalidad ronda el 30%. Y señalan que la aplicación de la ley -por el número de plazas afectadas–, podría traer consigo «la mayor oferta público de la historia» de la comunidad.
Además, han indicado que la ley establece que, en algunos casos, se tendrán que reconocer «indemnizaciones» a empleados públicos que no vayan a poder acceder a una plaza estabilizada y, por ello, considera que se debe saber qué coste va a tener para las arcas públicas. «Estamos hablando de mucho dinero público», ha aseverado Rodríguez.
Por todo ello, han insistido en que el Gobierno «debe ponerse las pilas» y trabajar para poder aplicar lo que establece la ley en los plazos establecidos.
Según han señalado, otras Administraciones de la comunidad autónoma, con entidades locales, están a la espera de lo que establezca el Gobierno regional, que es el que debe dar «el primer paso».
