El Gobierno dice estar «abierto a considerar medidas» tras exigir sus socios sanciones contra la morosidad

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha dicho que en el Ministerio de Asuntos Económicos están «abiertos a considerar otras medidas» a las contempladas en el proyecto de ley crea y crece que tramita el Gobierno, ante las exigencias de sus socios de establecer un régimen sancionador.

Así lo ha manifestado durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, a la que ha acudido precisamente para informar de este proyecto, que contiene medidas contra la morosidad empresarial.

El número dos de Nadia Calviño ha explicado que la nueva regulación contempla la obligatoriedad de emitir y recibir factura electrónica en todas las relaciones comerciales, un nuevo observatorio estatal de la morosidad privada y la modificación de la Ley de Subvenciones para vetar a toda empresa que incumpla los plazos legales de pago.

En todo caso, García Andrés se ha mostrado dispuesto a negociar mejoras en el trámite parlamentario de la norma para los problemas de información de estas situaciones y también el cumplimiento efectivo de los plazos de pago, ha dicho.

Desde la oposición varios grupos han agradecido la disposición de García Andrés, incluso desde el principal partido de la oposición, el PP, pero también otras fuerzas que habían venido exigiendo al Ministerio de Asuntos Económicos un régimen sancionador, como Esquerra Republicana, el PDeCAT o su socio, Unidas Podemos.

En todo caso, el portavoz económico del grupo confederal ha reconocido el potencial de la prohibición de recibir subvenciones a las empresas morosas: «Si eso funciona bien va a ser un cañón», ha alabado.

Recordando que el Gobierno no tuvo problema en aprobar un régimen sancionador para un sector, el de transporte de mercancías por carretera, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha argumentado que «o se castiga o va a ser muy difícil» combatir la morosidad, si bien ha agradecido «la voluntad con la que afronta el Ministerio» esta negociación, además de alabar la «valentía» de intentar generalizar la factura electrónica.

Joan Capdevila, de ERC, ha celebrado el énfasis del número dos de Nadia Calviño en el problema de la morosidad y ha expresado su deseo de que la propia vicepresidenta «se sume a su talante», pero ha insistido en la necesidad de contar con castigos económicos.

Al respecto de la morosidad, la portavoz económica de Ciudadanos, María Muñoz, ha afeado también los índices de morosidad en la Administración Pública, asegurando García Andrés que las administraciones «están pagando en plazo», algo que ha atribuido a los beneficios de una de las medidas proyectadas en la Ley crea y crece, la factura electrónica.

Y es que, como ha explicado el secretario de Estado de Asuntos Económicos, toda contratación pública cuenta con esta factura, y donde pueden existir problemas, como en corporaciones locales concretas, hay mecanismos para facilitar y apoyar la mejora de esos pagos y retrasos, ha dicho.