Socios del Gobierno avalan las medidas económicas de Sánchez, piden más «valentía» y que no acaben en julio

Reclaman reformas estructurales, no sólo «tiritas», acabar con el sistema marginalista y subir impuestos a grandes empresas y fortunas

Los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición han avalado este miércoles las líneas generales del plan de choque para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, pero han exigido al presidente Pedro Sánchez que tome más medidas «valientes», sobre todo para bajar el precio de la energía, y que éstas se extiendan más allá del 30 de junio porque todo indica que los efectos de «la guerra», o incluso la contienda misma, y continuarán después de esa fecha.

Así se lo han hecho saber desde la tribuna del Congreso los portavoces de ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT. También el BNG ha admitido que será difícil oponerse al decreto ley aprobado este martes y que tienen que ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes. Más críticos se ha mostrado desde Junts y la CUP.

Casi todos los portavoces han criticado la tardanza de Sánchez en actuar. Aitor Esteban, del PNV, le ha dicho que haciéndolo antes se podría haber evitado «muchos disgustos» y desde Compromís Joan Baldoví ha lamentado que haya alentado la «conflictividad social» al hacerlo tarde.

Otros puntos en común en la mayoría de intervenciones ha sido la necesidad de acabar con el sistema marginalista de fijación de los precios de la energía –que lleva a pagarla a precio de «percebes», según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián–, la petición de explicaciones sobre cómo se ejecutará el desacople del gas del precio de la electricidad y los avisos para que todo el gasto que hay que hacer para paliar la crisis no se traduzca en recortes, sino que se sufrague con impuestos a empresas y grandes fortunas.

LA CALEFACCIÓN NO PUEDE SER UN LUJO

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho hincapié en la importancia de que estas medidas no concluyan el 30 de junio para paliar algo la «incertidumbre» que se cierne sobre la población.»Poner la calefacción no puede ser para miles de familias como cenar trufa cada día», ha dicho, a la vez que ha emplazado a Sánchez a subir impuestos a las grandes empresas y fortunas ahora que, a su juicio, «lo tiene a huevo».

También ha retado al presidente a hacerse cargo del «cabreo» de la gente, que intenta «capitalizar la derecha y la ultraderecha», evitando que esos sectores le roben «a la izquierda la capacidad de indignación ante una realidad que es terriblemente indignante».

«Ponemos muchas tiritas y eso está bien, pero hay que empezar a pensar ya en el día después», ha resumido por su parte Aitor Esteban, quien ha demandado medidas estructurales, retocar el cuadro macro e incluso revisar los plazos para la ejecución de los proyectos financiados con los fondos de recuperación europeos. También ha pedido concretar cómo se va a desacoplar el precio del gas, incidiendo en que la diferencia no debe compensarse vía deuda o presupuestos, sino «quizá» sobre la demanda.

Bildu, por boca de Mertxe Aizpurua, ha valorado las medidas del Gobierno, aunque se haya quedado «corto». Como otros socios, ha pedido intervenir el mercado eléctrico, pero ha sido la más vehemente al exigir que se actúe contra los beneficios caídos del cielo tachándolos de «ilícitos», «indecentes» y potencialmente «punibles».

AQUÍ TAMBIÉN HAY «OLIGARCAS QUE SE FORRAN»

«Los oligarcas no sólo existen en Rusia, estos sí que se forran a costa de la gente y no el Gobierno», ha sentenciado, antes de avisar a Sánchez de que debe ser empático y gobernar en beneficio de la mayoría. «No pierda la oportunidad podría pagarlo caro usted y sobre todo la ciudadanía», ha deslizado.

Desde Más País-Equo, Iñigo Errejón, ha saludado la «victoria» de Sánchez en Bruselas con la «excepción ibérica» y ha llamado a usar ese margen que se ha obtenido para «proteger» a los más débiles. Y es que, a su juicio, «el elefante en el hemiciclo» es «quién va a pagar» todo este plan anticrisis y el Ejecutivo «no puede equivocarse en el reparto de las cargas».

Baldoví ha admitido que, es «difícil oponerse» a estas medidas, pero le ha reclamado «valentía» y «claridad» para rebajar «de una vez» el precio de la energía, entre ellas «topar el precio del gas». También ha demandado fórmulas para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas.

APOYO PESE AL MARKETING

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha avanzado su apoyo al plan de choque, pese a no compartirlo del todo por incluir medidas de «marketing» como la prohibición de despedir, ha advertido de que las medidas para el alquiler pueden distorsionar el mercado y también ha avisado a Sánchez de que sus apoyos a estas medidas, que habrá que ampliar, pueden ir decayendo como le pasó con los estados de alarma.

En nombre del BNG, Néstor Rego, ha pedido medidas «de mayor y determinación» para avanzar en reformas estructurales: intervención publica para «poner coto a los obscenos beneficios de las empresas» energéticas, una «tarifa diferenciada para los productores excedentarios» como Galicia, el «rescate» de los sectores ganadero y pesquero y una reforma tributaria realmente redistributiva.

Miriam Nogueras, de Junts, le ha afeado que tuviera que pedir «permiso» a Bruselas para actuar, que sólo legisle para las grandes empresas sin tener en cuenta a unas pymes que ya no pueden «endeudarse más» ni «devolver los créditos ICO» y a las que hay que resolver sus problemas de «morosidad».

MEDIDAS RADICALES CONTRA UN CAPITALISMO CADUCO

Desde la CUP, Albert Botrán, también ha sido muy crítico con las medidas del Gobierno porque «alargan un modelo caduco», el capitalista, y hacen falta «medidas radicales» que incluyan un «decrecimiento planificado y justo» con recetas que no «recaiga en las clases populares mientras otros siguen viviendo a todo gas».

José María Mazón, del PRC, ha avisado de que Sánchez volvió de Bruselas con un «éxito parcial», pero ha apoyado que se intervenga el mercado energético si «no cumple su función social» y que estipule un «precio mínimo garantizado» en las facturas para evitar «sobresaltos a los consumidores».

También Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha abogado por superar el sistema marginalista de precios y hacer reformas estructurales y ha exigido a Sánchez que atienda las reivindicaciones del mundo rural, apueste por el autoconsumo y por un modelo energético de generación distribuida.