El Congreso vota el jueves el decreto ley con el plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves el decreto ley del Gobierno con la batería de medidas para dar respuesta a la crisis desencadenada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuantificadas por el Gobierno en unos 16.000 millones de euros, entre ayudas, rebajas fiscales y línea de avales públicos.

Aprobado el pasado 29 de marzo y en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como cada decreto ley, debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, derogado. En todo caso, los grupos tienen la oportunidad de forzar su tramitación como proyecto de ley para proponer cambios a través de enmiendas.

Para sacarlo adelante, el Gobierno confía en que el carácter ómnibus del decreto –contiene medidas sociales, energéticas, ayudas al campo, la cultura o las acordadas con el sector del transporte– facilite el aval de los grupos, si no con apoyo, con una abstención.

Hasta el momento, ya sabe que no puede contar con el voto de Vox, que previsiblemente votará en contra, ni Ciudadanos, que ha condicionado su apoyo a la apuesta por la energía nuclear, cuando el Gobierno ha descartado modificar el calendario de cierre acordado con las eléctricas.

A la espera del PP, que esta semana ha presentado un plan económico centrado en una bajada generalizada de impuestos que no contempla el Ejecutivo, la votación llega en uno de los momentos más delicados con los socios de la investidura, al destaparse el presunto espionaje a políticos independentistas. En todo caso, formaciones como EH-Bildu o PDeCAT han desvinculado el caso de esa votación.

MOVILIZACIÓN DE 16.000 MILLONES

El Gobierno cuantificó en su presentación del plan en 16.000 millones de euros el impacto del decreto ley, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para sectores más afectados.

El decreto contiene la principal medida acordada con el sector del transporte, la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, extendida a todos los consumidores, y los 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas son el agrario, el pesquero y la industria, con subvenciones directas para las gasintensivas, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2).

El decreto ley también contiene una limitación temporal de las subidas del alquiler hasta el 2% y la limitación para despedir por causas objetivas por aumento de los costes energéticas para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.

También aumentan las cuantías en un 15% del ingreso mínimo vital, se amplían los supuestos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, se prorrogan otros tres meses más las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y se adoptan medidas para acelerar el despliegue de instalaciones renovables y facilitar el autoconsumo, entre otras medidas.