Gobierno de Cantabria y sindicatos llegan a un acuerdo para la nueva OPE, que rebajará la interinidad a un 3%

El Gobierno de Cantabria y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022 –ordinaria y de estabilización– que se ejecutará junto a la de 2020 y 2021 y que volverá a ser una convocatoria «histórica» por el volumen de plazas que se ofertarán, un total de 1.019.

De ellas, 775 son de funcinarios y laborales y las 244 restantes de promoción interna.

Esta nueva OPE, que «si todo va bien» se convocará a finales de este año, unida a la que está a punto de concluir su ejecución (correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019) y que ofertó también más de un millar de plazas, permitirá reducir la interinidad en la Administración General cántabra al 2 o 3 por ciento, cumpliendo así la ley de interinos que fijaba el umbral máximo en el 8% antes de finalizar 2024.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, la regionalista Paula Fernández, en una rueda de prensa ofrecida junto a los representantes de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y el comité de empresa de la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde están representados CC.OO, UGT, SIEP y CSIF. El sindicato TÚ no lo ha afirmado y ha anunciado que en próximos días ofrecerá explicaciones.

La consejera se ha felicitado de esta «buena noticia» y ha agradecido a todas las partes (Dirección General de Función Pública y sindicatos) su «trabajo» y «esfuerzo» para llegar a este acuerdo. Se estima que el crecimiento neto de la plantilla de la Administración General autonómica superará los 120 puestos.

REDUCCIÓN DE LA INTERINIDAD HASTA EL 2-3%

Fernández ha subrayado la importancia de esta convocatoria para seguir reduciendo la tasa de interinidad en el Gobirno de Cantabria y que, según ha dicho, servirá para dejarla en ese 2-3%, quedando así «los puestos indispensables para la rotación».

De esta forma, según ha dicho, se marcará con las exigencias que establece la ley y cumplir con las compromisos del Gobierno de España con Bruselas de reducir la interinidad para poder recibir los fondos europeos. Y es que, según ha dicho, si no se cumplía con la reducción de la interinidad en el 8% «sería imposible», según Fernández, recibir estos recursos que deben gestionar las distintas consejerías del Gobierno de Cantabria.

Tras el acuerdo alcanzado, la Dirección de Función Pública del Ejecutivo tiene que aprobar y publicar tres decretos de la OPE –algo que debe ocurrir antes del 1 de junio de este año– y empezar las negociaciones sobre el sistema de convocatoria para determinar cómo serán los ejercicios a los que deberán enfrentarse los aspirantes, así como definir los criterios de valoración.

Desde el Gobierno ya se ha trasladado a los sindicatos una propuesta. «Les voy a pedir no que se sienten sino que no nos levantemos», ha dicho la consejera a los sindicatos en alusión a esa negociación que ahora comienza.

Está previsto que en el tercer trimestre de este año está lista la convocatoria de todos los procesos y «si es posible, antes de que termine el año» se podría realizar ya algún ejercicio, aunque el grueso se prevé que sean en 2023.

Aunque también los sindicatos se han felicitado del acuerdo, han advertido que solo se trata del comienzo del proceso y han pedido «fechas concretas» para la ejecución de los ejercicios a las que los opositores puedan atenerse y planificarse y han reclamado una mayor agilidad en los procesos selectivos.

«AGILIDAD» Y «FECHAS CONCRETAS», LAS DEMANDAS DE LOS SINDICATOS

En esta petición han coincidido todos los representantes sindicales que han intervenido, junto a la consejera, en la rueda de prensa: El coordinador del sector autonómico de CC.OO, Carmelo Renedo; la secretaria de Acción Sindical de UGT, Rebeca Marqué; la secretaria general de SIEP, Esther Felices, y la presidenta del sector autonómico de CSIF, Inés Laso.

Renedo (CC.OO) ha opinado que se ha hecho «un buen trabajo» pero ha advertido que solo se trata de un «primer paso» para poder desarrollar el proceso y ha insistido en la importancia de que los opositores cuenten con «fechas ciertas» sobre los exámenes. «Queremos delimitar el desarrollo del proceso selectivo», ha dicho Renedo, que se ha mostrado «convencido» de que se podrá conseguir.

Por su parte, Marqué (UGT) también se ha mostrado «satisfecha» con lo que se ha logrado pero se ha mostrado «preocupada» por la aplicación de la ley de interinos, sobre cuya interpretación su sindicato –ha dicho– mantiene «grandes discrepacias» con el Gobierno.

Ha explicado que, aunque a UGT le ha «costado» participar de este acuerdo, finalmente ha decidido hacerlo porque supone la creación de nuevas plazas de empleo público, algo, a su juicio, «esencial». «No podemos seguir con los mismos efectivos en la Administración porque hay que reforzar los servicios públicos y los derechos sociales», ha señalado la sindicalista, que además ha abogado por recuperar algunos servicios que están «privatizados» y crear otros nuevos.

También ha confiado en que esta nueva OPE permita «repescar» a aquellas personas que no lograron estabilizar su plaza en los procesos llevados a cabo recientemente, para lo que ha considerado que se debe mantener el concurso de oposición y el concurso de méritos, así como «atraer talento joven», algo que se precisa a la vista del «envejecimiento» de la plantilla de empleados públicos.

Además, ha considerado muy importante las plazas de promoción interna ya que, a su juicio, «es necesario que se incentive la carrera profesional y la profesionalización» de los empleados públicos.

Y en línea con sus compañeros de otros sindicates, ha demandado «agilidad» en los procesos selectivos ya que, según ha advertido, un opositor «no se puede tirar 3 o 4 años» preparando algo que puede que luego no funcione.

Por su parte, Felices, representante de SIEP, ha valorado de forma «positiva» la nueva OPE y cree que con el acuerdo alcanzado se ha dado un «gran paso» para reducir la interinidad, si bien ha advertido que aún queda «mucho trabajo» para hacerla efectiva.

Por ello, ha subrayado la importancia de avanzar en la negociación de las convocatorias, en cómo se van a desarrollar los exámenes y en los méritos que se van a valorar.

También ha pedido «encarecidamente» un «calendario de fechas» que permita a los aspirantes organizarse. Además, ha demandado que haya «transparencia» y que las pruebas sean «acordes» a las funciones que deberán desarrollar.

Laso (CSIF) se ha felicitado de la tasa de reposición de efectivos que supone la nueva OPE pero ha advertido que aún queda «el trabajo más duro» en el que hay que sentarse a negociar y ha pedido que el proceso «no se dilate en el tiempo».

ALCANCE DE LA OFERTA Y CREACIÓN DE EMPLEO NETO

En las ofertas de empleo público que se convocarán este año tendrán, según ha explicado el Gobierno, «especial relevancia» las áreas relacionadas con los servicios sociales, con ofertas históricas de plazas en diferentes cuerpos y categorías, además de las áreas de innovación y tecnologías, para consolidar el desarrollo de la Administración digital. También se reforzará la especialización de la Administración General en distintas áreas, como la medioambiental y la lucha contra incendios.

Igualmente, se estabilizará empleo público en la práctica totalidad de los cuerpos administrativos y de personal laboral de una treintena de categorías.

La ejecución de estas nuevas ofertas de empleo público supondrá además un cierto crecimiento en algunos puestos de cuerpos de funcionarios y categorías profesionales de personal laboral. No sólo se va a reducir la temporalidad en el empleo público, sino que se van a reforzar las capacidades actualizando las plantillas públicas.