Díaz afirma que «no se está planteando» un pacto de rentas y garantiza la revalorización de pensiones con IPC

«En las situaciones de crisis, los que más tienen son los que más se tienen que sacrificar», remarca la vicepresidenta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que desde la primera reunión que hubo con patronal y sindicatos para abordar el impacto de la guerra en Ucrania y la subida de precios «no se ha vuelto a hablar del pacto de rentas».

«En ningún momento se ha hablado de pacto de rentas desde la primera reunión que tuvimos con agentes sociales», ha reconocido la vicepresidenta segunda en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un debate con más de 50 expertos para abordar los retos del empleo ante la transición energética.

Díaz ha explicado que en la historia de España «no hay buenas experiencias» con los pactos de rentas y ha defendido que tanto ella como los agentes sociales han sido «escrupulosos» diciendo que «España no estaba planteando un pacto de rentas».

«Desde luego, no se está planteando un pacto de rentas», ha remarcado la responsable de Trabajo, pese a que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien propuso este pacto para evitar una espiral inflacionista.

La ministra ha recordado que «desde el primer momento» se ha hablado sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre sindicatos y patronal, que finalmente ha fracasado y que «nada tiene ver con este pacto de rentas».

Ante la sugerencia del Banco de España de no subir las pensiones este año conforme a la inflación, la vicepresidenta segunda ha garantizado a pensionistas que sus pensiones se van a revalorizar conforme al IPC real.

«Piensen lo que pasaría si gobernara el PP y mantuvieran la ley que decía que solamente se revalorizaban las pensiones al 0,25%. Este Gobierno no lo va a hacer y va a cumplir con los pensionistas», ha remarcado.

Preguntada sobre si la Unión Europea podría plantear algún tipo de reforma ligada a las pensiones, Díaz ha advertido de que de los 9,7 millones de pensiones, 5 millones tienen pensiones de entre 600 y 800 euros. «Me parece que no tienen margen para ver mermadas sus rentas», ha recalcado.

Frente a esto, la ministra ha remarcado que la preocupación debe estar en los márgenes que hay en los beneficios empresariales. En este sentido, ha apuntado que las empresas cotizadas en Bolsa han tenido unos beneficios históricos de 64.000 millones de euros y las tres grandes eléctricas han visto incrementar sus beneficios antes de impuestos en un 46%.

«En las situaciones de crisis, como en la que estamos viviendo ahora, los que más tienen son los que más se tienen que sacrificar. Los que menos tienen no pueden sacrificarse más», ha recalcado la titular de Trabajo.

«PEDAGOGÍA» EN EL ARRANQUE DE LA REFORMA LABORAL

Sobre el anuncio que ha hecho hoy de impulsar la próxima semana una campaña de la Inspección de Trabajo para investigar posibles fraudes en contratos fijos-discontinuos, Díaz ha asegurado que se empezará por este tipo de contrato y se continuará con el resto de modalidades contractuales.

«Es muy importante hacer pedagogía en el arranque de la reforma laboral», ha señalado la ministra, tras pedir responsabilidad a los empleadores y a los asesores para que se hagan las cosas «bien».

URGE A REFORMAR DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

El objetivo del debate que ha tenido lugar hoy con los expertos es plantear la necesidad de colaborar en una estrategia de cambio climático garantizando que sea justa. «El trabajo debe estar en el centro de toda la transición climática y en el paradigma de que tenemos que luchar contra él», ha remarcado Díaz.

Aunque la ministra ha asumido la desaparición de empleos por esta transición, también ha asegurado que se crearán otros nuevos, por lo que ha preferido hablar de «trabajos de sustitución» ante el reto al que se enfrenta el mundo en materia climática.

Así, por ejemplo, la vicepresidenta ha señalado que es posible crear muchos empleos en materia de rehabilitación de viviendas, en eficiencia energética de edificios públicos y residenciales, en el transporte colectivo, en la movilidad sostenible, en la economía circular.

Además, Díaz ha afirmado que lo que se pretende es caminar hacia un modelo que abogue por la energía distribuida y se haga igual en los distintos territorios. «Tenemos que avanzar en la democratización de la energía», ha remarcado la ministra, tras enfatizar que lo que se pretende evitar es que sea un modelo centralizado «en muy pocas manos».

También ha defendido que debe ser un modelo «socialmente inclusivo», ya que hay «millones de personas» asoladas por la pobreza energética. En este sentido, ha abogado por reformar el bono social eléctrico. «La reforma del bono social urge o incluso que caminemos hacia una tarifa social con cambios que deben ser mucho más modernos e inclusivos», ha apuntado.

Además, considera que la estrategia debe ser «competitiva» para todas las empresas. «El planteamiento que hacemos es que la energía es un bien de primera necesidad y no solamente un negocio. Y como bien de primera necesidad, ha de ser tratado, cuidado y debe crear empleos», ha subrayado.