El Gobierno aprueba los rescates de Celsa y otras 5 empresas por 721 millones, pero no incluye a Abengoa
El Gobierno ha autorizado una última tanda de ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para un total de seis empresas, entre las que se encuentra la siderúrgica catalana Celsa, pero no así la andaluza Abengoa.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, señaló que estos seis ‘rescates’ por el impacto que tuvo la pandemia del Covid en estos grupos representan un importe total de 721 millones de euros para las seis empresas, con el objetivo de «mantener su actividad y su empleo», que afecta, teniendo en cuenta sus empleos directos, a unos 18.000 trabajadores.
En concreto, junto a Celsa, las otras cinco empresas que recibirán este respaldo con cargo al fondo gestionado por SEPI, cuya vigencia expira este 30 de junio, son las ingenierías asturianas Imasa e Isastur, las clínicas dentales Vivanta y las cadenas hoteleras Blue Sea y Meeting Point.
El fondo lanzado por el Gobierno en plena pandemia, y dotado con una ‘potencia de fuego’ de 10.000 millones de euros, ha aprobado un total de 30 operaciones por valor de 3.255,8 millones, el 60,3% del total de los 5.392,7 millones solicitados.
Las ayudas autorizadas, además de estas últimas seis empresas,
corresponden a Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A., Grupo Ferroatlántica S.A.U., Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, y Vicinay.
En el caso de Celsa, la ayuda aprobada por el consejo gestor del fondo ascendía a un importe de 550 millones de euros, siendo la más cuantiosa de todas las aprobadas, canalizados a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones.
Dado que el importe del préstamo participativo es superior a 250 millones de euros, ha sido necesaria la autorización para la ayuda al grupo industrial catalán por parte de la Comisión Europea antes de su elevación al Consejo de Ministros.
Celsa tiene 120 centros de trabajo en nueve países de Europa. En el territorio nacional, tiene presencia en siete comunidades autónomas y trece provincias, con especial relevancia en Cantabria, Cataluña y el País Vasco. El grupo es netamente exportador, ya que destina más del
60% de las ventas de sus plantas españolas al exterior.
Para Celsa España, la crisis ocasionada por la pandemia generó caídas en sus mercados naturales del 25% en 2020, año que arrojó un resultado negativo de 364 millones de euros. En España, la compañía emplea directamente a 4.500 profesionales y genera más de 33.000 puestos de trabajo en total (directos, indirectos e inducidos). Asimismo, cuenta con una extensa red de proveedores en España (más de 7.000) y contribuye a generar una gran actividad logística, ya que trabaja con más de 800 transportistas y 80 armadores.
QUEDA FUERA EL EXPEDIENTE DE ABENGOA.
Por otra parte, no se ha aprobado por el Consejo de Ministros la petición de ayuda por valor de 249 millones de euros de Abenewco 1, la filial operativa de Abengoa. A este respecto, Rodríguez señaló que el expediente de Abengoa no se encuentra entre los resueltos por el Consejo de Ministros y que «está pendiente de resolución».
Asimismo, la portavoz del Gobierno subrayó que las solicitudes con cargo al fondo de solvencia «se rigen por criterios técnicos y objetivos».
De esta manera, las seis nuevas autorizaciones para recibir respaldo público temporal se producen después de que el Consejo Gestor del
Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado estas operaciones.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública indicó que el visto bueno a estos ‘rescates’ se basan en «un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las seis empresas, del impacto que han sufrido por la Covid-19, del plan de viabilidad que han presentado cada una de las entidades, así como de las perspectivas de evolución del grupo y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que va a recibir».
40 MILLONES A VIVANTA.
Mientras, en el caso concreto de Vivanta la ayuda aprobada asciende a 40 millones de euros, que se canalizará a través de la concesión de
un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro
ordinario de 19,6 millones de euros.
Creada en 2017, Vivanta, especializada en salud bucodental, es la segunda cadena de clínicas dentales del país, con más de 200 clínicas distribuidas en 17 comunidades autónomas, dando servicio a más de 100.000 pacientes anualmente. En 2019, la compañía generó casi 2.000 empleos directos y cerca de 1.300 indirectos.
Vivanta ha presentado ratios de crecimiento de ingresos, pasando de unas ventas de 32 millones de euros en 2017 a 148 millones en 2019. Sin
embargo, la crisis sanitaria supuso una drástica caída de la demanda en
el sector dental, llegando prácticamente al 100% en el periodo de
confinamiento inicial.
LAS ASTURIANAS ISASTUR E IMASA.
Por su parte, para la ingeniería Isastur, especializada en el diseño, construcción, puesta en marcha y entrega de proyectos ‘llave en mano’, principalmente en el sector de la energía, la ayuda también asciende a 40 millones de euros, qu se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones de euros.
Isastur tiene un impacto laboral y económico muy elevado en España y
especialmente en Asturias. En 2020 contaba con un total de 1.981
empleos, la mayoría de ellos en la región.
El grupo experimentó por el impacto del Covid un fuerte deterioro de su actividad, provocando más de un 212% de caída en su resultado de explotación en el pasado año.
El Gobierno, además, ha autorizado la concesión de una ayuda de 35
millones de euros a Imasa, ingeniería también asturiana, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 17,85 millones de euros y otro ordinario de 17,15 millones de euros. Con una plantilla de 1.200 empleados propios es una de las mayores empleadoras del Principado.
En lo que respecta al Grupo Meeting Point España, la ayuda es por 31 millones de euros, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,7 millones de euros y otro ordinario de 10,3 millones.
El negocio de Meeting Point en España se divide en la división hotelera, que a octubre de 2019 operaba 26 hoteles en régimen de arrendamiento con una oferta de 4.000 habitaciones en cuatro destinos en las Islas Canarias, y en la división de turoperador, que se encarga de la organización de viajes y venta minorista. El grupo genera empleo de manera significativa en Canarias, ya sea de forma directa, con 1.680 empleados, o indirecta, con más de 555 empleados.
Mientras, para el Grupo Hotels & Resorts Blue Sea la ayuda será de 25 millones de euros, que se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20,84 millones de euros y otro ordinario de 4,16 millones de euros.
Blue Sea centra su actividad es la explotación de 26 establecimientos hoteleros, gran parte de ellos en propiedad, ubicados principalmente las Islas Canarias y Baleares, además de en Girona, Málaga y Madrid, con una oferta total de unas 4.500 habitaciones en un modelo de negocio de tipo vacacional en el segmento ‘midscale’.
