Los constructores piden a Santander reducir los plazos para obtener licencias urbanísticas
La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha solicitado al Ayuntamiento de Santander la adopción de medidas para reducir los plazos de obtención de licencias urbanísticas y que se cumplan los legalmente establecidos.
Así se lo ha pedido el presidente de la ACP, Javier Palomera, a la alcaldesa, Gema Igual, en un escrito en el que le plantea una batería de acciones para agilizar la tramitación de dichas autorizaciones, que son una «pieza clave» en la actividad del sector, ya que sin licencia no puede obtenerse financiación y queda paralizado el proceso de ejecución de las obras.
«Los notables retrasos que se acumulan a la hora de conceder licencias de obra tienen un importante impacto en la actividad económica de la ciudad, que no está aprovechando la intensidad de la recuperación económica y, en particular, la del sector de la construcción», ha señalado la patronal en un comunicado, en el que advierte del «abandono de multitud de proyectos si la obtención de una licencia supone meses y meses de espera y de entrega de documentación, ya que a los costes de financiación se añade la desesperación de los promotores».
La ACP ha explicado que el proceso vigente, pese a tratarse de un acto reglado, supera «ostensiblemente» el plazo legal establecido.
En este sentido, ha asegurado que ,aunque la Ley del Suelo de Cantabria en vigor hasta ahora da a las administraciones públicas tres meses para tramitar cualquier tipo de licencia -salvo para obras menores-, «en muchas ocasiones, se superen los diez meses».
Por eso, los constructores y promotores de la región han abogado por la simplificación y la disminución de las cargas administrativas y han propuesto una serie de actuaciones.
En primer lugar, han plantado «menos procesos y más simples», y que se regulen como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de declaración responsable, extendiendo esta última a determinadas actuaciones en uso residencial para agilizar pequeñas actuaciones, lo que servirá -apuntan- para la primera ocupación y funcionamiento en edificios de nueva construcción.
También han propuesto crear la figura de la licencia básica, para «potenciar, activar y facilitar» la actividad constructiva en obras de nueva edificación.
«Este instrumento, además de dotar de agilidad al sistema, asegurará un control adecuado de los aspectos edificatorios esenciales en su conjunto», ha afirmado, para indicar al respecto que permitirá a los particulares comenzar las obras en el plazo de un mes, mientras se validan los demás aspectos del proyecto en la licencia general.
En tercer lugar, desde la ACP han reclamado la eliminación del sobrecoste que asume el inversor por el retraso administrativo en la tramitación de las licencias, algo que demora la obra y la encarece y repercute además en el precio final de los inmuebles. Calculan que su supresión reducirá en torno a un 3 % el precio de la vivienda.
Además, han planteado licencias para actividades temporales en locales con licencia en vigor, siempre que no afecten a las condiciones de seguridad, medioambientales, etcétera.
Finalmente, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria -que aglutina a más de 150 empresas, de promoción de viviendas, construcción, obra pública y auxiliares- ha pedido al Ayuntamiento de Santander más colaboración público-privada.
