La oposición y Cs imponen la comisión de investigación sobre el servicio de basuras de Santander

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santander (Socialista, Regionalista y Mixto –Unidas por Santander y Vox–) y Ciudadanos, que está en el Gobierno local, han sacado adelante en el Pleno de la Corporación celebrado hoy la creación de la comisión de investigación de basuras con el voto en contra del Grupo Popular, que les ha advertido de «prevaricación» al adoptar un acuerdo en contra de los informes de la Secretaría General del Pleno y ha anunciado que utilizará «todas las medidas legales para revertir los acuerdos nulos».

Además, también con el voto en contra del PP, el Pleno ha aprobado la proposición de Vox de externalizar la defensa de la Corporación en el proceso de impugnación –impulsado por los populares– de la reforma del artículo 60 del Reglamento Orgánico del Pleno, que permite la creación de las comisiones de investigación, también entre los avisos del PP de posibles delitos de prevaricación y malversación pues el Pleno no puede contratar, solo la Junta de Gobierno.

Los grupos impulsores han coincidido e insistido en que la clave de la creación de la comisión de investigación sobre el contrato de basuras es la «transparencia», que en su opinión no ha tenido el PP en este asunto. Mientras el portavoz popular, César Díaz, ha afirmado que duda que haya habido «algo más transparente que la prestación de este servicio», la oposición ha opinado que el modelo de transparencia del PP es distinto al suyo y no ha atendido a la «respuesta clara que merecen los santanderinos» sobre la gestión del contrato de basuras.

Además, los populares han acusado al resto de grupos de electoralismo. «Como están cerca las elecciones, quieren montar este circo», ha dicho Díaz, que ha recordado que, según los plazos establecidos, la sesión constitutiva de la comisión de investigación se llevará a cabo en los siete días siguientes a la aprobación el acuerdo, es decir, en agosto, cuando están cerrados los tribunales de justicia, lo que impedirá al PP recurrir antes de su constitución.

«Las elecciones están cercanas, claro, pero se investiga es lo que ha ocurrido en esta legislatura», incluida la resolución del contrato, ha replicado el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío.

Así, el Pleno ha aprobado la proposición de Vox de designar para la representación procesal y defensa jurídica de la Corporación municipal en el procedimiento de impugnación de la reforma del artículo del Reglamento que permite crear comisiones de investigación al procurador Raúl Vesga y al letrado Javier Calvo; instar al director de los servicios jurídicos municipales a que cese en la defensa del Ayuntamiento en dicho proceso; e instar a la Junta de Gobierno local a que proceda a la inmediata redacción del contrato para la prestación de estos servicios.

Vox entiende que los servicios jurídicos consistoriales actúan en este asunto «en contra de los intereses municipales», opinión que comparten UxS, Cs, PRC y PSOE, que han apoyado la externalización para «garantizar» su defensa, que es la del Pleno, han dicho.

«El servicio jurídico municipal no parece ser objetivo en la defensa del acuerdo», ha sostenido el portavoz de UxS, Miguel Saro; mientras que su homólogo en el PRC, José María Fuentes-Pila, y de Cs, Javier Ceruti, han exigido su derecho a ser defendidos «como es debido», ha puntualizado el primero.

«Creemos que los servicios jurídicos deben defender al Pleno, pero el demandado (el Ayuntamiento) comparte argumentos del demandante (el PP) en sede judicial», ha denunciado el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que por eso ha esgrimido la externalización para «garantizar» la defensa, argumento que también han sostenido el resto de grupos que han apoyado la iniciativa.

Por su parte, Díaz ha hablado de «esquizofrenia o paranoia jurídica» del resto de partidos, que aprueban en el Pleno acuerdos con informes «contrarios y desfavorables» de la Secretaría con el «objetivo claro de atacar políticamente al PP». Al hilo, ha recordado que adoptar acuerdos sabiendo que son contrarios a la ley «es prevaricación», y que si además se contrata a alguien es «malversación», y «serán responsables los que votaron los acuerdos en el Pleno».

El concejal ha afirmado que el letrado municipal está para defender al Ayuntamiento, no a los grupos, y como en esta ocasión su postura no coincide con su opinión «quieren quitárselo de en medio porque no les gusta». «No vamos a consentir esta degradación y tomaremos todas las medidas legales para revertir todos los acuerdos», ha asegurado.

Además, Díaz ha comparado la situación con la de los ERE de Andalucía, que «justifica el PSOE», que quiere hacer de los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán «dos monumentos a la honradez». A lo que Fernández ha replicado señalando que «el partido condenado como organización criminal habla de lo sucedido hace años en Andalucía» para intentar impedir la creación de la comisión.

COMISIÓN

Además, el Pleno ha aprobado la creación de la comisión de investigación del contrato de basuras, que según Saro, «se ha incumplido desde el principio con la tolerancia del Ayuntamiento», por lo que ha reclamado «transparencia» como único medio para conocer qué ha pasado. «Transparencia es la clave», ha apostillado Ceruti, que también ha pedido saber lo que ocurrió para evitar que se repita.

Por su parte, Vox, que ha negado que el PP haya dado toda la información sobre basuras a los grupos sino únicamente «alpiste», quiere conocer las circunstancias que acreditaron la emergencia para «adjudicar a dedo» el nuevo contrato del servicio mientras se licita de nuevo y por qué aún no están listos los pliegos.

Al respecto, Fuentes-Pila ha defendido que «se necesita transparencia desde el contrato a la resolución» ante una situación que ha sido «dramática» para las partes en conflicto y los vecinos. «Es imprescindible saber por qué un servicio esencial ha llegado a estos niveles de degradación», para lo que es necesario conocer las decisiones que se tomaron. «La transparencia se debe a los vecinos», ha subrayado, apostillando que «el modelo de transparencia es uno y el suyo (el del PP) es otro».

Mientras, Fernández ha puesto de manifiesto la «voluntad inequívoca» del Pleno de llevar a cabo una comisión de investigación para conocer «qué ha fallado para que la ciudad esté más sucia que nunca» y ha afirmado que «este es el momento de hacer valer la mayoría alternativa» por el interés general.

«Escuchando al PP, sorprenden sus intervenciones porque parece que al final la malversación la va a cometer la oposición», ha apostillado Fernández.

Díaz ha insistido en que esta modificación del Reglamento está «invalidada automáticamente» por sus informes son desfavorables, con lo que es «nula de pleno derecho», en lo que ha calificado como «una huida hacia adelante, como pollo sin cabeza», de los grupos, a los que ha pedido «recapacitar y volver a los procedimientos establecidos y nosotros seguiremos aportando todo, con luz y taquígrafos».

«Si quieren más transparencia, por supuesto, pero dentro de la legalidad», ha dicho el concejal, que ha advertido al resto de partidos que «ahora están fuera de la legalidad: ahí es donde han decidido jugar el partido», por lo que el PP hará «todo lo que esté en su mano para que la degradación a la que han sometido a este Pleno se corrija».

CARMEN RUIZ SE JUBILA

Por otra parte, se ha dado cuenta en el Pleno de la jubilación de la concejala popular Carmen Ruiz. De momento y hasta la incorporación de un nuevo edil, se delegan las funciones en Servicios Generales y Servicios Técnicos en César Díaz; y en Barrios y Participación Ciudadana en Lorena Gutiérrez.