La CEOE cree que la Ley de Ciencia ‘no reconoce’ el papel de empresarios en I+D+i

La CEOE cree que la futura Ley de Ciencia de Cantabria, tal y como está planteada, solo es un «conjunto de buenas intenciones», y critica que ésta «no reconoce» de forma «clara» el papel «relevante» de los empresarios en la I+D+i.

Además, cree que en el texto se deja la financiación futura para la investigación, desarrollo e innovación a la «voluntad» del Gobierno de turno, cuando es algo que debería «blindarse» por ley para «preservarlo» de «recortes».

Así lo ha manifestado este jueves el presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, en su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer la opinión de los empresarios sobre el proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que, promovido por el Gobierno regional, se está tramitando en la Cámara regional.

A su juicio, la ley recoge en su preámbulo un «conjunto de buenas intenciones» que se va «desdibujando» a medida que avanza el texto y que «al final solo se concreta en la creación de más empleo público», algo que ha censurado.

Además, en el texto en tramitación, los empresarios cántabros «echan de menos una mención «explícita» al papel que juegan las empresas como actor del sistema de ciencia, investigación y transferencia del conocimiento y considera que debieran tenerse en cuenta sus «aportaciones relevantes». De hecho, cree que las empresas junto con los colegios profesionales son, «posiblemente», los que más podrán aportar en esta materia.

Conde ha defendido que las empresas son «las protagonistas de la realidad industrial de Cantabria y más con la que está cayendo actualmente» y, por ello, entiende que se deben considerar las propuestas que éstas realizan porque provienen de su experiencia en el «día a día», son «realistas, funcionales y generan beneficios para todo el ecosistema de investigación».

Por ello, entiende que las iniciativas de las empresas «deben tener apoyo» por parte de los poderes públicos pues «responden a necesidades reales y pueden traducirse en proyectos útiles» que sean «rentables y generen valor y empleo».

Además, cree que la ley debería fomentar de forma «explícita» también la colaboración público-privada, con financiación, para que las empresas tengan la posibilidad de colaborar con expertos del ámbito público a la hora de desarrollar proyectos, algo que, según ha lamentado, hasta la fecha solo se materializa con la Universidad, y con complicaciones. Por ello, entiende que dichas relaciones deberían de articularse de una forma «más ágil».

También ha reclamado «seguridad jurídica» y una «marco regulatorio estable y predecible» que facilite que las empresas puedan realizar actividad investigadora y desarrollo tecnológico.

Y es que, según ha advertido, hay empresas que han intentado proyectos de investigación que tenían «muy buena pinta» pero que al final se han quedado «en el camino» por «inseguridad jurídica y lentitud en los trámites administrativos», con lo que cree que la ley debería prever mecanismos que lo eviten.

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO Y «BLINDADA» POR LEY

Y en relación a la financiación, y aunque Conde cree en la ley hay «voluntad de convergencia y crecimiento» de la misma hacia «estándares relevantes», ha pedido «consistencia» para que ésta se mantenga durante un «periodo prolongado de tiempo» que permita obtener resultados.

También ha pedido «seguridad jurídica» en este ámbito y ha criticado que cuando se habla de financiación en la ley se empleen expresiones como «se procurará o intentará» cuando, a su juicio, es algo que no puede quedar «en un desiderátum» y debe «garantizarse por ley» que se cumpla. Por ello, CEOE propone «blindar» el presupuesto de I+D+i «para preservarlo de cualquier recorte de gasto». «La financiación tiene que quedar clara y asegurada en un tiempo largo», ha resumido.

PROYECTOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Además, según ha expuesto, la política de I+D+i debería basarse «en los proyectos» que se planteen y no tanto en quién los realice, de manera que si hay alguna actuación importante o interesante para la comunidad se «vuelque financiación» para poder desarrollarlo. En cuanto al volumen de los recursos públicos a emplear para estos proyectos, considera qué deberían estudiarse qué se aporta en otras comunidades para ofrecer lo mismo, no más pero tampoco menos.

En su opinión, y aunque defiende que para el desarrollo de la ley solo debería de crearse «la estructura justa», cree que debería haber algún tipo de órgano que decida qué proyectos pueden resultar interesantes desarrollar. Además, ve «necesario» que en el mismo estén empresarios y sindicatos, no solo los políticos.

Por otra parte, cree que en la ley, o en su posterior desarrollo, deberían trazarse unas «líneas estratégicas» o campos específicos porque, según ha dicho, «no podemos innovar en todo» y hay comunidades o países que sacan a Cantabria ya «mucha ventaja» en determinados ámbitos de investigación, con lo que, a su juicio, «no tiene sentido» que Cantabria ahora empiece «de cero» en éstos.

Y en relación con la búsqueda de atraer y recuperar el talento de cántabros que están fuera, Conde ha criticado las ayudas de hasta 1.000 euros planteadas por el Gobierno regional para los cántabros que regresen a la comunidad porque «se les dice dónde ir a vivir», en los municipios con riesgo de despoblación.

UN INVIERNO «MUY FRÍO» EN LO ECONÓMICO

Tras exponer su postura sobre la ley, Conde se ha referido a la actual coyuntura y ha advertido de que parece que «el invierno viene muy frío» en lo económico, por los «costes brutales» que padecen las empresas y sus trabajadores. Aunque ha reconocido que la situación viene provocada por la guerra en Ucrania, cree que «seguramente aquí tampoco habremos hecho los deberes».

En este contexto, que cree que va a hacer que Europa, España y Cantabria pasen dos años «muy tocados», ha reclamado «flexibilidad».