Las obligaciones de pago de la integración ferroviaria de Santander se aplazan dos años para Ayuntamiento y Gobierno

La Junta de Gobierno local de Santander ha aprobado la adenda modificativa y la prórroga del convenio de colaboración con el Gobierno
de Cantabria, Renfe Operadora y Adif para la ejecución de la segunda fase de la integración ferroviaria, que recoge un aplazamiento de dos años, hasta 2024, en los pagos a realizar por parte del Ayuntamiento y del Ejecutivo regional, mientras que Adif solo aportará 250.000 euros en dicho periodo, dado que «no se ha avanzado» en las obras.

De este modo, las administraciones local y autonómica no realizarán ningún desembolso para la integración en 2022 ni 2023, y el administrador ferroviario no aportará nada este año y 250.000 euros el próximo.

Así lo ha informado hoy en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local el portavoz del equipo de Gobierno y del Grupo Ciudadanos, Javier Ceruti, para quien este acuerdo «no va en la línea de lo que dijo ayer el PSOE de que se impulsa y se avanza en el proyecto de integración: es una prórroga, un aplazamiento de pagos, luego claramente quiere decir que no se va en esa línea», ha manifestado el edil, para quien, además, el convenio actual «debe reconsiderarse».

El convenio implica un gasto de 19,8 millones de euros para el Ayuntamiento, que abonará 3,9 millones de euros al año desde 2024 a 2028, según la programación de pagos del plan de obras.

El Gobierno de Cantabria aportará 29,7 millones: 4,9 en 2024 y la misma cantidad en 2025; 5,9 en 2026 y en 2027; y 7,9 en 2028. Por su parte, Adif pagará 99,1 millones: 250.000 euros en 2023; 13,8 millones en 2024; 52,8 en 2025; 23 en 2026; y 7,1 en 2027.

Ceruti ha explicado que esta aprobación del aplazamiento del pago por parte del Ayuntamiento supone aceptar el acuerdo de noviembre de 2021 de «no hacer nada hasta que se decidiera cómo actuar con el concurso de ideas que hemos acordado y que después han intentado –por lo menos en declaraciones públicas, de momento no ha habido ninguna medida oficial al respecto– evitar», ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que Ciudadanos sigue con la «idea» de convocar este mes el concurso de ideas para la ordenación ferroviaria, que deberá aprobar la Junta de Gobierno local, en la que tiene mayoría el PP, favorable al actual proyecto.

El concejal también ha explicado que ya se hizo un aplazamiento de pago de la integración ferroviaria en 2019 y ahora, «como no se ha avanzando en el cumplimiento de las obras, se decidió a finales del año pasado un nuevo aplazamiento».

En dicha reunión, ha recordado Ceruti, el concejal de Fomento, César Díaz (PP), señalaba que, si finalmente, como consecuencia del concurso de ideas, se desarrolla una solución distinta de la aprobada en el estudio informativo o que suponga una modificación sustancial, no tendría cabida en el convenio vigente y se debería promover uno nuevo.

Una propuesta con la que el también concejal de Urbanismo está «absolutamente de acuerdo». De hecho, Ceruti cree que ya se han producido «modificaciones sustanciales del proyecto inicial» que «obligarían a repensar el convenio», como son la «desaparición sin que nadie diga por qué» de un enlace en La Remonta –que Cs quiere que se reconsidere– que permitiría un acceso directo de los trenes desde Asturias «pegado a la ladera»; y el escalonamiento de la losa.

«Aunque no aceptaran el concurso de ideas, entendemos que el convenio, en los términos en que está planteado, debe reconsiderarse», ha planteado.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de servicio de auditoría de gestión de los procedimientos administrativos municipales a Munitecnia Sistemas de Gestión del Conocimiento, S.L. por un presupuesto de 297.111 euros y un plazo de duración de 17 meses.

Ceruti ha recordado que este punto figuraba en el pacto de Gobierno con el PP y «ha costado tres años largos tramitarlo, con obstáculos innecesarios de por medio», ha dicho. La medida permitirá revisar los procedimientos administrativos del Ayuntamiento para «racionalizarlos», ha explicado.

Además, se ha autorizado a Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., para redactar el proyecto modificado de la obra de rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para Biblioteca Municipal.

En concreto, el nuevo proyecto, para poder optar a fondos europeos, contempla la mejora de la eficiencia energética del edificio mediante la modificación del envolvente del inmueble; y medidas destinadas a la mejora de la accesibilidad y confort térmico del edificio.

Ceruti ha recordado que el proyecto original se adjudicó el 14 de mayo de 2019 a la empresa SIEC SA, por un importe de 1.295.365 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. En noviembre de 2020, se aprobó técnicamente el primer modificado, que supuso un nuevo presupuesto con un incremento de 438.317 euros, con lo que el presupuesto base de adjudicación ascendió a 1.733.683 euros.

El coste de las nuevas obras contempladas es de 170.144 euros más IVA, lo que supone un 15,89% sobre el precio inicial contratado.

También se ha adjudicado el contrato de servicio para la provisión, explotación y mantenimiento tecnológico del sistema multicanal a Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones SA por 162.194 euros; y de los servicios de producción y generación de contenidos audiovisuales a Ignacio Luis Martínez, por 85.378 euros. En ambos casos el plazo de duración es de 36 meses.

La Junta ha aprobado la cesión gratuita, en precario, del local en la calle Marqués de la Ensenada, Dársena de Maliaño, a la Asociación de Vecinos Sotileza del Barrio Pesquero por un plazo de tres años.

Finalmente se han valorado las alegaciones presentadas por la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE Cantabria, a las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de promoción de la salud. Entre otras cuestiones se acepta la sugerencia de que las convocatorias se realicen en el más breve plazo posible que permitan las exigencias presupuestarias y de tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.