Aprobada la ley del nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública ‘Rafael de la Sierra’

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la ley que crea el nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) ‘Rafael de la Sierra’, que tendrá en 2023 un presupuesto de 2,1 millones, un 31% más que en el presente ejercicio tiene el Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC), organismo al que sustituye.

Esta incremento presupuestario para el próximo año ha sido anunciado este lunes por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández (PRC), durante la defensa de la ley, norma que ha contado on el voto a favor de los dos partidos del Gobierno –PRC y PSOE– y de Cs; con la abstención del PP, principal partido de la oposición, y el rechazo de Vox.

Además, han quedado rechazadas las 57 enmiendas parciales que estos dos partidos habían planteado –30 del PP, que había presentado previamente también una enminda a la totalidad que fue rechazada por el Parlamento el pasado 26 de septiembre, y 27 de Vox–.

PP Y VOX, EN CONTRA LA NOMINALIZACIÓN DEL ORGANISMO

Uno de los motivos para que estos dos partidos no hayan apoyado la ley y hayan presentado enmiendas es su oposición a la nominalización planteada para este órgano en homenaje a Rafael de la Sierra, histórico regionalista que, entre otras funciones, fue presidente del Parlamento de Cantabria y ejerció de consejero de distintas áreas en el Gobierno regional.

«Las instituciones no son de nadie y menos de los partidos políticos», ha afirmado la diputada ‘popular’ Isabel Urrutia, quien, aunque ha mostrado su «respeto» y reconocimiento personal y político de Rafael de la Sierra, fallecido en 2019, ha abogado por la «política del sentido común» en beneficio de los ciudadanos y ha opinado que no se debe gobernar desde el «sentimentalismo».

Urrutia ha subrayado que el PP no ha presentado ninguna alternativa para dar nombre a este Instituto y no ha pedido que se bautice con el nombre de ningún cargo de su partido y ha opinado que cree que es una cuestión que se debería haber «hablado entre todos».

En una línea similar, el diputado de Vox Armando Blanco ha insistido en que su partido «no está de acuerdo en la nominalización de las leyes» y ha criticado al PRC por el «uso partidista» de las instituciones al denominar con el nombre de ‘Rafael de la Sierra’ a este organismo, generando el «halago de unos y el rechazo de otros».

Blanco se ha preguntado si acaso los regionalistas también propondrán bautizar con el nombre de Revilla la estación del AVE cuando llegue «en 2050, si llega».

El diputado ha considerado que una cosa «muy distinta» hubiera sido que el «futuro Gobierno PP-Vox» hubiera ofrecido dar este nombre al organismo, algo que sí hubiera sido un reconocimiento.

Sin embargo, desde el PRC, a través de la consejera de Presidencia, como del portavoz del grupo parlamentario, Pedro Hernando, han defendido la nominalización elegida.

La consejera ha explicado que se ha querido que el nuevo organismo autónomo lleve el nombre de Rafael de la Sierra porque «a lo largo de su vida fue una persona que se caracterizó por ser consecuente con unos valores y una forma de ser que también representa lo que se pretende que siga siendo el ICAP y lo ha sido en toda su trayectoria el CEARC». «Rafael de la Sierra representa perfectamente esos principios de trabajo, compromiso, respeto, consenso y eficacia del trabajo», ha dicho Fernández.

Por otra parte, la consejera considera que la crítica de PP y Vox a la nominalización de organismos de la Administración al considerar que es «partidista», aunque es una «reclamación legítima», resulta «un poco olvidadiza». Y es que, según ha dicho, hay otros institutos de Administración pública de España, que también han sido nominalizados, con es el caso del de Asturias, que se denomina Adolfo Posada, que también ejerció la actividad política.

En una línea similar, Hernando ha recordado al PP que el Instituto Municipal de Deportes de Santander fue renombrado con el nombre de la atleta y medallista olímpica Ruth Beitia –que durante unos años ejerció como diputada del PP en el Parlamento regional–. «¿Qué pasa? ¿Cuando es uno del PP no importa?», ha preguntado Hernando, que ha subrayado que, al igual que Beitia es una «política-atleta de élite», Rafael de la Sierra también fue «un política-jurídico de élite». «Si las cosas valen para uno, valen para todos», ha afirmado el regionalista», ha dicho.

Además, regionalista ha subrayado que esta nominalización del ICAP es un reconocimiento a título póstumo, mientras que Beitia –ha dicho– «salió de aquí (del Paralmento) para descorrer la placa del IMD», ha afirmado Hernando, que ha pedido a los populares que «baje de retórica con espolones, a la positiva».

LAS COMPETENCIAS, OTRO PUNTO DE DESENCUENTRO

Además del tema del nombre, otra de las razones que han justificado que ni PP ni Vox haya apoyado la ley de creación del ICAP tiene que ver con las competencias.

Y es que el nuevo ICAP mantiene la formación de los empleados públicos su principal competencia, aglutinando las funciones del CEARC y de las escuelas de Policía Local y de Protección Civil.

El PP cree que se debería de aprovechar la ocasión, no solo para cambiar el nombre al organismo, sino también para otorgarle «más funciones», como es la que tiene que ver como la ejecución de las políticas en materia de selección y reclutamiento del personal público y la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo para lograr una mayor agilidad.

Actualmente, esta competencia está en manos de la Dirección General de Función Pública y el Gobierno apuesta por mantenerla ahí. Así, tanto ella como el portavoz del PRC han defendido que el actual modelo ha sido «exitoso» y cree que «lo que funciona no hay que cambiarlo».

Han subrayado la labor de la Dirección General de Función Pública a la hora de ejecutar «brillantemente» los procesos de selección de Administración General. Además, entienden que hacer este cambio en este momento sería «absolutamente inoportuno» y afectaría a la ejecución de los procesos selectivos en marcha o en proceso de ser convocados.

Durante su intervención, la consejera de Presidencia ha informado que el Gobierno ya cuenta con un Plan de actuación para el ICAP, aprobado junto al proyecto de Ley del ICAP, con las líneas de actuación del
centro en el ámbito de la formación, investigación y colaboración.

LA PRUEBA DEL NUEVO SISTEMA DE AVISO A MÓVILES, SE CUELA EN EL DEBATE

En el debate de este punto se ha producido la anécdota de la sesión de la mañana. Y es que, mientras la consejera defendía la ley, sobre las 11.20 horas, han sonado a la vez en la mayoría de los teléfonos móviles de los diputados y personas presentes en el Hemiciclo el pitido con la notificación de prueba del nuevo sistema de envío de alertas de emergencia a móviles ‘ESP-Alert’.

Pese a que el Gobierno ya había avisado de esta prueba, el sonido al unísono ha provocado un poco de revuelo en la Cámara y la sorpresa de algunos diputados al ver sonar sus móviles pese a tenerlo en ‘silencio’.

Algunos pitidos más rezagados se han producido durante los minutos siguientes, lo que ha molestado al diputado de Vox Armando Blanco al verse interrumpido en su alocución en la tribuna.

El propio presidente de la Cámara, Joaquín Gómez, le ha explicado a qué se debía el sonido, pero el parlamentario, que seguía molesto, ha pedido a los diputados que apagasen los móviles para poder seguir.