El Gobierno de Cantabria aprueba los servicios mínimos para la huelga de médicos de Atención Primaria

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el Decreto que regulará los servicios mínimos durante la huelga de médicos convocada a partir del 7 de noviembre en Atención Primaria, aunque ha insistido en que su «disposición» a la negociación y al diálogo para tratar de evitarla es «absoluto».

Así lo ha indicado el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), en la habitual rueda de prensa de los jueves para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno.

Precisamente, ha sido en el Consejo de Gobierno donde se ha aprobado el Decreto de servicios mínimos para la huelga, que, según ha precisado posteriormente, son los mismos que se fijaron para la de 2020.

Así, aunque el decreto aún no ha sido publicado, fuentes de Sanidad han explicado a Europa Press que se establecen como servicios mínimos dos médicos de familia por zona básica de salud y el 50 por ciento en Servicios de Urgencia de Atención Primaria.

Desde el Sindicato Médico han explicado que «no ha habido pacto» a la hora de fijar esos servicios mínimos.

También, entre otras cuestiones relacionadas con el área de sanidad, se ha acordado incrementar en 1,4 millones la cuantía máxima para la ejecución durante este año del Programa especial de optimización de rendimiento asistencial y de la autocobertura en las zonas básicas de salud e instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.

Además, se ha acordado aumentar en casi 632.000 euros la cuantía máxima global para el Programa especial poara la optimización del rendimiento quirúrgico y aumento de actividad en consultas externas, pruebas complemetarias y áreas específicas. De esa cantidad, 500.000 euros son para Valdecilla y casu 132.000 para Sierrallana-Tres Mares.

De esta forma, la cuantía total de este año asciende a 7,41 millones de euros y ha recordado que el Programa fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2020.

Zuloaga ha explicado que con estos dos incrementos el Gobierno de Cantabria toma «las decisiones oportunas» para «garantizar la mejor prestación sanitaria a los ciudadanos», aumentando, por un lado, la capacidad quirúrgica de los hospitales y, por otro, para reducir las listas de espera y mejorar la Atención Primaria.

El vicepresidente ha señalado que, aunque ambos incrementos de partida, «no tienen que ver con la negociación de la huelga», sí con la mejora de la atención sanitaria, tradsladando a «hechos» el «compromiso» del Gobierno de Cantabria con la mejora de la atención santiaria a los cántabros.

Estos acuerdos se han producido el mismo día que el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Rafael Sotoca, se reúne con el Sindicato Médico para, según Zuloaga, intentar buscar una salida que evite la huelga y «buscar soluciones a los puntos de conflicto».

«La disposición a la negociación (del Gobierno) es absoluta para llegar a una solucion que sea garante para todas las partes», ha afirmado Zuloaga.

OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN MATERIA SANITARIA

En su reunión del jueves, el Consejo de Gobierno ha acordado también, en relación con el ámbito sanitario, aprobar la celebración del acuerdo marco para el suministro de catéteres endovenosos, sistemas de infusión y otros dispositivos para los órganos periféricos del SCS un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de licitación de 1.871.696 euros.

También se ha dado el visto bueno a la celebración de un convenio con el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) para la atención a la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico en el ámbito
de la sanidad pública para el periodo entre 2022 y 2025.

Las estipulaciones y compensaciones de este convenio se aplicarán a las prestaciones sanitarias realizadas, una vez se produzca la estabilización de las lesiones, a los lesionados por hechos de la circulación ocasionados por un vehículo a motor cubierto por un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la Circulación de
Vehículos de Motor, según se detalla en la documentación aportada por el Gobierno regional en relación a los acuerdos del Consejo de Gobierno.

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