Escrivá destaca el éxito de incentivar la demora de la jubilación: suben un 7% las altas en mayores de 65

Apuesta por abordar «en algún momento» mejoras en la jubilación parcial y en la activa y cree que Bruselas «se equivoca» al pedir alargar el MEI

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que los incentivos a la jubilación demorada que introdujo la reforma de pensiones están funcionando «muy bien», pues las altas de jubilación en menores de 61 años se han reducido un 12% en comparación con el periodo 2017-2019, a la vez que han crecido un 7% las altas entre los mayores de 65 años.

Durante una conferencia sobre la reforma de pensiones organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Escrivá ha subrayado que la jubilación demorada está creciendo, hasta representar el 5,5%, frente al 4,9% de 2019, mientras que la jubilación anticipada ha descendido hasta el 36%, en contraste con el 38,8% de 2019. Al mismo tiempo, las jubilaciones ordinarias han aumentado desde el 56,2% de 2019 al 58,5% en 2022.

«Los primeros resultados (a los incentivos a la demora de la jubilación) están por encima de lo que esperábamos», ha dicho el ministro, que ha destacado que las medidas contempladas en la reforma para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria permitirán neutralizar 1,5 puntos de gasto en pensiones.

Aunque la reforma de pensiones ha actuado sobre la jubilación demorada, la forzosa y la anticipada para aproximar la edad real de jubilación a la ordinaria, Escrivá cree que «en algún momento» deberán abordarse mejoras en las modalidades de jubilación activa y jubilación parcial para que se produzca una «transición gradual» entre estar activo y dejar de golpe el mercado laboral.

«En España el número de horas trabajadas es la misma se tengan 55, 65 o más años (…) En otros países se transita progresivamente desde jornadas completas a jornadas menos exigentes, pero en España se trabaja a tiempo completo casi hasta el último día», ha explicado.

La jubilación parcial está destinada a mayores de 60 años que firmen con la empresa un contrato a tiempo parcial, normalmente vinculado a un contrato de relevo, mientras que la jubilación activa permite compaginar el cobro de una pensión con un empleo por cuenta propia o ajena.

Escrivá ha subrayado que la derogación de la reforma de 2013, en ausencia de los cambios efectuados por el Gobierno en la nueva reforma, implicaría un aumento a futuro del gasto en pensiones de 3,5 puntos, hasta el 15,5% del PIB, frente al 12% actual.

La mayor tensión en el gasto, ha recordado el ministro, se producirá en la década de los 30 y los 40, que es cuando se jubilarán los llamados baby boomers . Pasado 2050, el gasto volvería a los niveles actuales, pues los potenciales pensionistas de entonces serían una generación «mucho más estrecha».

Para contener el gasto ante las jubilaciones de los baby boomers , la reforma de 2013 introdujo el factor de sostebilidad, con la idea de restar ocho décimas al gasto en pensiones, y el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que las condenaba a subir sólo un 0,25% en situaciones deficitarias con el objetivo de reducir el gasto en 2,7 puntos adicionales.

«De forma prácticamente indefinida, si no hacíamos nada, durante 25 ó 30 años las pensiones sólo se iban a revalorizar el 0,25% con independencia de cuál fuera el nivel de inflación. El IRP hacía caer un 30% la pensión para mantener el gasto en el 12% del PIB», ha criticado Escrivá, que ha añadido que lo que quería el Gobierno del PP con la reforma de 2013 era reducir el déficit público «mediante un recorte masivo de las pensiones».

Escrivá ha señalado que como el IRP era «una auténtica barbaridad», se dejó rápido de aplicar, pero el compromiso con las autoridades europeas de estabilizar a futuro el gasto en pensiones en el entorno del 12% del PIB seguía ahí.

Por ello, ha explicado, la reforma que ha diseñado el Gobierno con los agentes sociales y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo actúa en varios frentes para reducir el gasto y aumentar los ingresos de la Seguridad Social y asegurar de este modo la sostenibilidad del sistema.

Así, la reforma traslada al Estado los gastos impropios de la Seguridad Social; promueve la estancia voluntaria en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación, e introduce el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032 cuyo destino será el de engrosar el Fondo de Reserva.

«BRUSELAS NO EMPATIZA CON EL MEI»

El MEI es el mecanismo que sustituyó al factor de sostenibilidad, con lo que debería procurar un ahorro similar al comprometido por el entonces Gobierno del PP (0,8 puntos del PIB). «A la Comisión Europea no le hemos asegurado que se consiga ese ahorro», ha dicho el ministro, que ha vuelto a reconocer que Bruselas «no empatiza» con el diseño del MEI.

La razón es que lo que ha planteado el Gobierno español es que el MEI esté vigente desde 2023 hasta 2032 y que después se evalúe si se continúa con la misma fórmula (sobrecotización del 0,6%) o si se cambia por otra medida distinta. Es decir, no es una regla automática como sí lo era el factor de sostenibilidad, sino semiautomática. Y la Comisión Europea no quiere que deje de estar vigente en 2032, quiere que se mantenga hasta que sea necesario.

«Bruselas no nos está planteando que cambiemos el MEI en 2023, nos está pidiendo que sea una regla automática que trascienda el 2032», ha dicho el ministro, que cree que se trata más de un tema «conceptual y técnico» que de rechazo al mecanismo.

El ministro ha subrayado que las reglas tienen que tener flexibilidad y que la Comisión «se equivoca». «El factor de sostenibilidad era una regla automática que dejó de aplicarse y no tuvo recorrido vital. Es mejor hacer reglas más robustas», ha apuntado.

Escrivá «no sabe» cómo terminarán estas discrepancias con Bruselas a cuenta del MEI, pero cree que se resolverán. En todo caso, ha garantizado que esta diferencia de criterios no afecta a la globalidad de la reforma, bien considerada por la Comisión, ni tampoco lo ve como algo fundamental para la sostenibilidad del sistema.

Así, la idea sigue siendo la de que el MEI entre en vigor el 1 de enero de 2023, dentro del plazo comprometido, y para eso, ha dicho el ministro, el Gobierno español está trabajando «con determinación».

LAS PENSIONES SUBIRÁN UN 8,5% EN 2023, «DÉCIMA ARRIBA O ABAJO»

Junto a la sostenibilidad, el otro objetivo fundamental de la reforma de pensiones es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, para lo que se establece que las pensiones subirán de acuerdo a la inflación interanual del mes de noviembre.

A falta de conocer el dato de noviembre, el ministro ha indicado que la subida de las pensiones para 2023 no se desviará mucho del 8,5% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. «Décima arriba o abajo no va a variar mucho», ha afirmado el ministro.