Gobierno y banca confían en que la ley hipotecaria reduzca la litigosidad y restaure la confianza del sector

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, han mostrado su confianza en que la nueva Ley de crédito inmobiliario, conocida como Ley hipotecaria, contribuya a solucionar el problema de la litigiosidad y a aumentar la confianza de los consumidores en el sector bancario español.

Así lo han puesto de manifiesto durante sus respectivas intervenciones durante la jornada sobre la nueva ley de crédito inmobiliario organizada por CECA y KPMG, en la que De la Cueva ha resaltado que se trata de una normativa “esencial”, debido a que garantiza el acceso a la vivienda y tiene como objetivos ampliar la protección de los clientes y establecer un marco que dé seguridad jurídica a los operadores.

En su opinión, el sistema financiero español está funcionando “adecuadamente”, al canalizar el ahorro hacia la inversión y el crédito hacia las familias y empresas. Sin embargo, De la Cueva ha advertido de que para ello es necesario contar con un marco jurídico adecuado que permita que la actividad económica se desarrolle “con transparencia y seguridad”.

“La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento a veces irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar el sistema financiero con graves consecuencias. Es esencial recuperar la confianza del sistema y reducir la litigosidad”, ha resaltado la secretaria de Estado de Economía.

Por su parte, el secretario general del Tesoro ha incidido en que el foco de la ley se situará en los desarrollos pendientes, ya que se ha ceñido, debido a los tres años de retraso en la transposición, a los aspectos que tenían que ver estrictamente con la directiva europea.

“Dadas las urgencias y el plazo con que contábamos, ha habido algunos temas que han quedado en el tintero en la tramitación parlamentaria, como las hipotecas verdes. Hay algunos aspectos que, no con una revisión de la ley sino con otros vehículos normativos complementarios, se pueden trabajar en el futuro”, ha reconocido San Basilio, quien en cualquier caso ha asegurado que lo esencial de la ley “está bien marcado”.

En cuanto a la litigiosidad, el secretario general del Tesoro ha reconocido que el Ejecutivo ha realizado un esfuerzo por ser especialmente cuidadoso para no abrir “flancos para la litigiosidad futura” en cuando a la formación de los agentes que comercializan hipotecas.

“Si no tienes una forma de acreditar que la formación se ha producido sin generar un posible conflicto de interés porque la ha dado la misma entidad que comercializa el servicio, te puedes encontrar con otro flanco en los tribunales. Tenemos muchos despachos en España buscando cualquier flanco por el que atacar una normativa. Es fundamental que esta legislación cumpla con reducir la litigiosidad de forma significativa”, ha advertido Carlos San Basilio.

RECUPERAR LA REPUTACIÓN DE LA BANCA

Respecto a la formación también han incidido el consejero delegado de Unicaja, Enrique Sánchez de Villar, y el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas. El directivo de Unicaja ha pedido precaución con un exceso de temario (los comercializadores deberán acreditar 50 horas de formación), mientras que el consejero delegado del banco gallego ha apuntado que la presión formativa regulatoria es “brutal” y ha propuesto calendarizar el esfuerzo que se exige a los equipos.

Por su parte, el consejero delegado de Unicaja ha valorado muy positivamente la ley desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la protección al consumidor, que refuerza la profesionalidad de las entidades bancarias y que facilita la restauración de la confianza en los bancos.

“Ahora tenemos que sacar pecho, creo que es una oportunidad para el sector bancario ponerse al frente de la manifestación y cambiar un poco el impacto negativo reputacional que hemos tenido después de la crisis”, ha señalado.

En la misma línea, el consejero delegado de Abanca ha reconocido que la reputación del sector era su principal problema. “Cualquier cosa que ayude y permita mejorar externa e internamente la reputación, yo lo veo positivo”, ha señalado.

MOMENTO PROPICIO PARA LAS REFORMAS

La secretaria de Estado ha destacado que la transposición de directivas comunitarias ha sido uno de los trabajos que el Gobierno ha llevado a cabo con mayor intensidad. “No se trata únicamente de minimizar el riesgo de multas por parte de Europa, sino de que el retraso también tiene efectos sobre la seguridad jurídica y cómo nuestros operadores pueden competir con el resto de países europeos”, ha explicado.

Así, después del esfuerzo realizado en los diez meses de Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, en los que se han transpuesto diez de las catorce directivas europeas pendientes (las otras cuatro se encuentran en periodo de audiencia pública), la secretaria de Estado de Economía ha afirmado que España cuenta ahora con un nuevo marco que refuerza la seguridad jurídica y garantiza la protección del consumidor financiero.

En este sentido, considera necesario que los responsables de regulación velen por unas reglas claras para lograr la igualdad de condiciones en la toma de decisiones y el establecimiento de medidas que permitan proteger a los colectivos más vulnerables.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa también ha indicado que la situación económica de España es propicia para acometer reformas, en un contexto de crecimiento sólido, recuperación del empleo y ajuste fiscal. “Tenemos que aprovechar este momento de la economía para hacer las reformas que el país necesita”, ha insistido.