El golf y el ‘homo antieconomicus’

P. Ciudad Palanques

Afirmar que los humanos nos comportamos ante el fenómeno económico como seres de racionalidad limitada es algo aceptado de forma unánime. El problema aparece cuando se pasa de esa racionalidad limitada a una limitadísima racionalidad.
Algo de esto debe pasar cuando se escuchan y se leen las críticas y los ataques que reciben en nuestro país la mayor parte de actividades deportivas que se celebran al aire libre en zonas rurales. La construcción de unas pistas de esquí difícilmente supera la prueba sin padecer las más feroces acusaciones por lo que se entiende la destrucción de un paisaje que debe permanecer intacto. Algo parecido sucede con la instalación y funcionamiento de campos de golf. ¡Y lo más delirante es que estas críticas se hacen en nombre del desarrollo sostenible!
No existe todavía un estudio global que evalúe el impacto económico del golf en nuestro país, pero si van apareciendo estudios parciales que nos indican que estamos ante una actividad que de forma directa e indirecta está ayudando al desarrollo económico y social de importantes zonas de España.
El Patronato de Turismo de Málaga ha calculado que las actividades en torno del golf han generado unas rentas cercanas a los 90.000 millones de pesetas, durante el año 2000, convirtiéndose en el segundo gran atractivo turístico de la zona, tras la oferta de sol y playa. Un turista de golf gasta diariamente unas 41.000 pesetas lo que significa que al año se habrán obtenido por este concepto unos 62.000 millones. De estos, unos 9.000 en el propio campo, otros 22.000 en alojamiento y viajes y el resto en gasto extrahotelero.
En términos de empleo se calcula que en la Costa del Sol son 8.300 las personas que trabajan en actividades directamente vinculadas al golf, en alguno de sus 33 campos, mientras que otras 6.700 lo hacen de forma indirecta.
En el conjunto de España, este deporte genera unos ingresos cercanos a los 140.000 millones de pesetas en actividades vinculadas al turismo. Pero según un estudio de la consultora internacional American Appraisal, dado a conocer por la Gaceta de los Negocios, sólo en 1999, la inversión inmobiliaria realizada en España por jugadores de golf extranjeros que desean tener su propia residencia en nuestro país, supera los 500.000 millones de pesetas.
A ello hay que sumar el gasto directo realizado por los jugadores en residencias asociadas a los distintos campos, que suma un total de 35.000 millones, a los que deberemos añadir otros 25.000 realizados por acompañantes no jugadores.
No hay que olvidar que en el centro y el norte de Europa, el clima puede ser muy bueno para mantener verdes los prados pero no lo es para practicar el golf durante una gran parte del año, por lo que España se ha convertido en el destino preferido de los aficionados a este deporte. Sólo en la Unión Europea hay más de 3.200.000 jugadores federados, lo que significa un potencial turístico de primer orden, tanto en volumen como en capacidad de consumo.
No es extraño que prácticamente todas las comunidades autónomas estén desarrollando programas de promoción turística de sus campos de golf entre estos aficionados, convencidos de que así pueden avanzar en el objetivo de conseguir un turismo de mayor calidad, que valore nuestro patrimonio cultural, conozca alternativas a las áreas de sol y playa y desestacionalice las actividades turísticas.
Pero el crecimiento de este sector no se debe exclusivamente al turismo. La Federación Española de Golf cerró el año con un total de 175.444 jugadores y jugadoras federados, lo que significó un incremento del 14% respecto de las cifras del año anterior. Es un crecimiento notable, que supone casi 1.800 nuevas licencias al mes, y que ha permitido triplicar el número de licencias federativas en los últimos diez años.
Para dar cabida a esta demanda de juego, hay en España 232 campos de golf, 21 más que a comienzos del año 2000. En breve está previsto que inicien sus actividades el complejo del llamado Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, que será uno de los mayores de Europa y otros dos campos en la Comunidad de Madrid.
Todos estos datos demuestran que estamos ante una realidad económica nada desdeñable y, lo más importante, estamos ante una actividad económica rentable, que se desarrolla en un entorno rural, algo que debería tenerse muy en cuenta.
¿Hay alguien que pueda afirmar que la agricultura europea actual representa un modelo de gestión sostenible de los espacios rurales? No parece que la respuesta pueda ser afirmativa cuando cerca de la mitad del presupuesto de la Unión Europea, unos 7’5 billones de pesetas deben ser empleados en subvenciones a la agricultura, la mayor parte de los cuales van a apoyar determinados productos y solo una décima parte al llamado desarrollo rural.
España es una de las grandes beneficiarias de estas subvenciones y no debe olvidar las cada vez mayores presiones para ir disminuyéndolas, lo cual sucederá con la incorporación, más pronto que tarde, de los nuevos países del Este.
Obviamente, no quiero decir que el agro español deba convertirse en un inmenso mosaico de campos de golf, pero sí que desde determinados sectores críticos debería hacerse un esfuerzo por valorar una actividad que se realiza en espacios rústicos, con graves problemas para encontrar alternativas rentables a una economía agraria, que también consume grandes cantidades de agua (Plan Hidrológico Nacional…) que también genera graves problemas de contaminación de su entorno (plaguicidas, purines…) y que también ocupa de forma privada una gran parte del espacio rural, que de esta forma queda vetado al uso por el resto de ciudadanos, que no obstante deben orientar parte de su esfuerzo fiscal a garantizar la subsistencia de este modelo de gestión de los espacios agrarios.
Por supuesto que cualquier actividad comporta unos costes no siempre fáciles de evaluar y que los recursos naturales deben utilizarse de forma adecuada para garantizar que el impacto sea el menor posible. Exijamos medidas de respeto al medio natural que permitan una distribución equilibrada de los usos del suelo, garanticemos sistemas de riego utilizando aguas provenientes de depuradoras donde sea necesario, controlemos la utilización de herbicidas y abonos. Pero, en cualquier caso, la solución a los problemas no puede consistir en negar legitimidad a todo nuevo uso del espacio.
Desde posiciones que defienden la sostenibilidad, y precisamente por eso, debe ser posible atender y potenciar aquellas actividades capaces de generar riqueza y formas de vida no subvencionada, que generen beneficios que permitan ingresar miles de millones en forma de impuestos en las arcas del Estado y de los Ayuntamientos.
No sería bueno que una limitada racionalidad aplicada a la gestión de los recursos naturales, nos llevara a una imposible sostenibilidad de nuestros espacios rústicos.