Grupo Jorge internalizará a sus 1.600 trabajadores a partir del 1 de julio

UGT ve en el acuerdo “un mensaje claro” contra falsos autónomos y empresas pantalla

BARCELONA, 15

El Grupo Jorge internalizará con subrogación directa a los 1.600 trabajadores de sus siete empresas cárnicas a partir del 1 de julio, gracias a un acuerdo al que llegó la semana pasada y que ha ratificado este miércoles con la UGT-Fica de Catalunya, que presentó dos denuncias ante Inspección de Trabajo a este grupo por “cesión ilegal” a empresas subcontratadas.

En rueda de prensa, el secretario general de UGT, Camil Ros, y la secretaria del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-Fica, Alícia Buil, han calificado el acuerdo de hito histórico. “Los trabajadores están muy contentos y muy satisfechos, porque es lo que siempre se ha luchado, llevamos 23 años”, han remarcado.

“No hay ningún margen para hacer esta subrogación por plazos. Todos los trabajadores formarán parte del Grupo Jorge desde el 1 de julio”, y deberá mantenerse la actividad, la antigüedad y el sueldo, así como la ubicación en la que trabajan.

Ros ha celebrado que este acuerdo lanza “un mensaje muy claro a todo el sector” y más allá de este, de que no pueden haber ni falsas cooperativas ni empresas pantalla, y que las personas que trabajan en una empresa tienen que formar parte de su plantilla, y ha alertado de que han visto en este caso explotación laboral, además de precariedad.

“ENGAÑADOS” POR EL GOVERN

Buil ha explicado que el grupo les aseguró que “se sentían engañados” por la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, que propuso que los trabajadores, que estaban como falsos autónomos en una cooperativa, pasaran a contratarse en una mercantil, y lo avaló en un acuerdo de hace un año con CC.OO. de Catalunya.

La representante ha admitido que si la Conselleria avaló este acuerdo, el Grupo Jorge tiene razón en este sentido, y ha lamentado que a pesar de que UGT denunció la situación, no se les convocó en las reuniones.

Ha dicho que para el sindicato es evidente que era una cesión ilegal, ante lo que ha defendido que la cárnica “es una industria muy potente, que va muy bien y tiene muchos beneficios, y no hay excusa para que estén estos trabajadores en una situación precaria”.

El nuevo acuerdo no comporta la retirada de las denuncias porque cuando Inspección de Trabajo abra diligencias “seguramente los trabajadores ya estarán internalizados, no habrá causa”, y ha avisado de que si detectan otros incumplimientos los seguirán denunciando.

A pesar de que el grupo aseguró que estudiaba llevarse de Catalunya sus mataderos, “no solo no se ha ido, sino que está haciendo inversiones” en Santa Eugenia de Berga (Barcelona) y Mollerusa (Lleida).

Buil ha explicado que creen que algunas empresas no entienden que este tipo de contratación es una cesión ilegal, como ocurrió con este grupo, y ha dicho que en el mismo sector hay otras empresas que ha denunciado el sindicato por el mismo motivo, como es el Grupo Vallcompanys, en una denuncia del 8 de mayo, pero “en Inspección no hay suficientes personas para investigar” todas las denuncias, ha lamentado.

Ros ha agradecido el trabajo hecho en este caso por UGT-Fica en Osona (Barcelona) y Lleida porque les ha costado este logro, e incluso fueron despedidos candidatos del sindicato aunque les dijeron que era casualidad, y ha explicado que anteriormente no firmaron otro acuerdo porque ponían condicionantes de urbanismo que no veían relacionados.

Ha remarcado que en el agroalimentario y el clínico son dos sectores que no padecieron la crisis como el resto, y que deben tener calidad en el empleo, y ha visto la necesidad de extrapolar este camino a otros sectores en los que hay falsos autónomos y este tipo de cooperativas, que empezaron a crearse a finales de la década del 1990 y principios de los 2000.

Con este acuerdo, los trabajadores estarán reconocidos como propios de la empresa, con un grupo empresarial que los tendrá que respaldar con su patrimonio, mientras que anteriormente tenían una empresa con un capital social de 3.000 euros que era incapaz de esto, y también tienen “la defensa sindical” y el reconocimiento de la antigüedad.