El Gobierno defiende los impuestos a banca, energéticas y fortunas para redistribuir el impacto de la guerra

El PP y Ciudadanos critican la configuración legal de la norma y Esquerra reclama una mayor participación de las comunidades autónomas

El PSOE y Unidas Podemos han defendido en el Congreso los nuevos gravámenes a empresas energéticas, banca y grandes fortunas, asegurando que nacen con el objetivo de defender los intereses de la gente y redistribuir los impactos económicos de la guerra en Ucrania.

Durante el debate en el Pleno del Congreso de su proposición de ley, el PSOE ha justificado el impuesto frente a una derecha «que protege los intereses de la banca y las energéticas más que las propias banca y energéticas». Así lo ha señalado el diputado socialista Pedro Casares, quien ha recordado que ya se cumplen diez años del rescate bancario, por lo que ahora es el momento para que el sector financiero «contribuya al conjunto de la sociedad».

Adicionalmente, Casares ha repasado algunos datos macroeconómicos del Gobierno como la reducción del desempleo o las previsiones de crecimiento económico para este año.

Asimismo, ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, lo que en conjunto ha hecho, en su opinión, que se reduzca el impacto de la crisis. «Ese es el éxito de la política económica de este Gobierno y contrasta mucho con la política del Partido Popular», ha concluido Casares.

Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha apuntado que los tributos tiene por objeto, entre otros puntos, asegurar que «los que se beneficien de una situación calamitosa ayuden y paguen». También ha defendido que la proposición de ley es perfectamente legal y ha invitado a la oposición a que «expliquen que principio o precepto legal se ha violado».

Además, el diputado morado ha indicado que no solo energéticas y banca son sectores con grandes beneficios en la actualidad y ha instado a tener en consideración las ganancias que se observan en otros sectores como la construcción o las farmacéuticas, que también «están viendo aumentar peligrosamente sus beneficios».

EH BILDU CONFIRMA SU APOYO A LOS IMPUESTOS

Por parte de EH Bildu ha intervenido Oskar Matute, quien ha recordado a la Cámara Baja la «sociedad desigual» en la que vive inmersa España, donde desde 1995 hasta la actualidad ha visto cómo la tasa de gente en riesgo de pobreza nunca ha bajado del 20%.

En este sentido, el diputado nacionalista ha justificado que aquellos «que han ganado más» aporten unos mayores recursos para que redistribuya la riqueza y conseguir que la igualdad sea real y la libertad «no sea solo tomarse unas cañas».

Así, ha enfatizado que al ser banca y energéticas las empresas con mayores beneficios en los últimos años, «tiene sentido» que sea en estas donde se repercuta la riqueza.

También en el lado de los apoyos, Íñigo Errejón, de Más País ha recordado que el Congreso de los Diputados trabaja «para el pueblo español» y no a favor de grandes empresas como «Iberdrola o Santander». Una reflexión a la que se suma Joan Margall, de ERC, quien considera que en un contexto de crisis económica es cuando hace falta «políticas redistributivas». No obstante, este último ha reclamado que Cataluña recaude al menos una parte del impuesto.

EL PNV ESTÁ FAVOR DEL FONDO, PERO NO DE LA FORMA

Más crítico ha sido el PNV, que a través de Idoia Sagastizabal ha recriminado la idea de gravar ingresos y no beneficios, así como el hecho de que el impuesto a grandes fortunas se haya introducido vía enmienda.

«Compartimos la filosofía de arrimar el hombro, pero seguimos observando deficiencias técnicas que hace de la proposición de ley muy vulnerable en algunos recursos», ha indicado Sagastizabal, quien además ha advertido que la salvaguarda foral acordada entre Bildu, PSOE y Podemos en los impuestos «en ningún caso» implica que la recaudación o gestión de los impuestos recaigan en las comunidades forales.

Un apunte particular lo ha hecho Ana Oramas, de Coalición Canaria, quien ha afeado a PSOE y Podemos el veto a una enmienda de su formación para excluir a las empresas de distribución de bombonas de butano y gasolina del archipiélago del gravamen energético, ya que estas adolecen unos altos costes de transporte entre las islas.

Así, la diputada ha asegurado que la facturación de estas empresas «es a coste», por lo que no generan ningún beneficio. Por todo ello, confía en que esta propuesta se pueda negociar bien en el Congreso o ya en el Senado.

PP, CIUDADANOS, PDECAT Y VOX SE OPONEN FRONTALMENTE A LA LEY

En el lado de las críticas se ha posicionado el PP, que a través de su diputado Gabriel Elorriaga ha recriminado la falta de informes y de documentación que avalen los tributos que PSOE y Podemos pretenden introducir.

Elorriaga también se ha referido al procedimiento precipitado en torno a la tramitación de la ley, que además se ha hecho «sin hablar con sectores afectados y sin convocar a expertos ni evaluar sus consecuencias». Además, ha recriminado que la ley «está fuera de cualquier consenso europeo», señalando que con la introducción del impuesto a las grandes fortunas se está introduciendo una doble imposición al patrimonio, mientras que «toda Europa lo ha hecho desaparecer».

Del lado de Ciudadanos ha salido a la tribuna Edmundo Bal, quien ha remarcado que la creación de los tres impuestos suponen «una tropelía democrática» por su configuración legislativa. En este contexto, el diputado atisba que la Comisión Europea abrirá un proceso sancionador contra España por el diseño del tributo energético.

A las deficiencias legislativas se ha referido también Ferran Bel, del PDeCAT, quien ha advertido de la «situación pésima legislativamente» del texto, entre otros aspectos por gravar los ingresos y no los beneficios, «independientemente de su cuenta de resultados». Por ello, ha adelantado que su formación votará en contra de la norma.

Por parte de Vox ha intervenido Rubén Manso, quien ha criticado los aspectos de tipo económico de la ley, al gravar los ingresos y no los beneficios, lo que en su opinión penaliza la inversión en España en los sectores de banca y energética, no tiene en cuenta el ciclo económico determinado por la Comisión Europea ni tampoco la traslación de costes.