Santander afirma que el acuerdo para hipotecados impactará en las provisiones, pero su voluntad es adherirse

El responsable regional de Europa y consejero delegado de Santander España, Antonio Simões, ha señalado que el acuerdo para hipotecados pactado entre el Gobierno y la banca española para mitigar el efecto de la subida de tipos sobre las familias tendrá un «importante impacto» sobre las provisiones, pero ha señalado que la prioridad de la entidad es «apoyar a los clientes».

Además, ha indicado que Santander todavía no se ha adherido formalmente al acuerdo, ya que debe pasar primero por el consejo del grupo, si bien ha recordado que la Asociación Española de Banca (AEB) ya anunció la semana pasada la voluntad de sus entidades asociadas, entre las que se encuentra Santander, de adherirse al pacto.

Durante su intervención en el XIII Encuentro Financiero, organizado por el diario Expansión y KPMG, Simões ha apuntado a dos consideraciones con respecto a este pacto. Por un lado, ha asegurado que todavía la subida de tipos no estaría impactando, por lo que este acuerdo estaría destinado a anticiparse a ese impacto; por el otro, ha señalado la importancia de mantener un mercado hipotecario «sano y eficiente».

«El coste de las hipotecas en España está 84 puntos básicos por debajo del coste en el resto de mercados europeos», ha explicado el CEO de Santander España, al considerar que esta situación se debe mantener no solo para los clientes hipotecarios actuales, sino para los clientes futuros. «Tenemos que mantener una buena cultura de pago y cumplir con nuestra función, que es la financiación», ha añadido.

Simões también ha cargado contra el impuesto temporal a la banca que la semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados. Ha asegurado que el consenso actual de la banca y de supervisores como el Banco Central Europeo (BCE) es que este gravamen «no es la mejor forma de combatir la inflación» y ha afirmado que el objetivo de recaudar 3.000 millones de euros a través de esta figura sobre márgenes netos de interés y comisiones netas «equivale a 50.000 millones de crédito a nivel sectorial».

Para Santander, esta medida se produce en un momento en el que la banca «tiene que ser parte de la solución». «Nos parece la medida equivocada», ha sostenido.

Asimismo, ha resaltado que este gravamen afecta a los pequeños accionistas, al poder influir sobre la valoración de la banca en Bolsa. En este sentido, ha señalado que la rentabilidad de Santander España se encuentra en el 8,8%, todavía por debajo del coste de capital.

Por último, cree que el impuesto es muy negativo para la competitividad y que genera «inseguridad jurídica» para los inversores, y ha recordado que el sector ya paga un 30% del Impuesto de Sociedades, y que contribuye con otros cargos, como las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos o al Fondo Único de Resolución.

OPTIRREALISMO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Por otro lado, preguntado durante el encuentro por la evolución de la economía española, Simões ha sostenido que prefiere ver el vaso «medio lleno» y ser «optirrealista», ya que España tiene mejor perspectiva que otros países de la eurozona. Las estimaciones que Santander maneja recogen un crecimiento del 1% en 2023, con un escenario base donde no se produciría recesión, o de serlo, sería «ligera».

Además, ha indicado que todavía hay «mucho ahorro» en las familias, un desempleo bajo, y hay ciertas palancas, como los fondos europeos o la inversión externa, que pueden impactar de forma positiva en la economía del país, por lo que se ha mostrado optimista con la evolución economía en 2023, a pesar de señalar que existe una «alta incertidumbre» a nivel global.

También ha valorado las perspectivas económicas para Reino Unido, uno de los mercados en los que Santander está presente. Ha valorado de forma positiva los nuevos anuncios de políticas fiscales anunciadas por el gobierno de Rishi Sunak, al aproximarse más a la política monetaria del Banco de Inglaterra, frente a la planteada por Lizz Truss, y ha indicado que la evolución económica del país dependerá de la actividad económica, de la gestión de costes, y de la calidad crediticia.