Técnicos de Hacienda consideran ha habido tiempo suficiente para aprobar el reglamento sobre criptomonedas

Gestha precisa que la obligación de declaración por criptomendas no tiene por qué aplazarse hasta 2024

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que «ha habido tiempo más que suficiente» para aprobar el reglamento de desarrollo de la ley antifraude, relativo a la obligación de declarar por criptomonedas.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, apunta a que la demora puede estar motivada por «alguna objeción» de las entidades que intervienen en las operaciones con monedas virtuales, como ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Mollinedo ha señalado que se están haciendo muchas operaciones con monedas virtuales, en torno a 16, que van más allá de la compraventa, y estima que el Gobierno «quizá prefiera dar una revisión completa» a estas operaciones.

En cualquier caso, desde Gestha rechazan que el retraso en el desarrollo del reglamento se deba a la exigencia de pedir un exceso de información sobre estas operaciones, ya que lo que se pide «es bastante concordante con otras obligaciones de información que se está requiriendo para otro tipos de activos a día de hoy».

No obstante, Mollinedo precisa que la obligación de declaración por criptomendas no tiene por qué aplazarse hasta 2024.

«Lo que dice la disposición adicional de la ley antifraude es que la primera declaración se producirá a partir del 1 de enero del 2023, pero a lo largo de 2023, no tiene por qué pasar al año 2024», ha aclarado a Europa Press.

Además, añade que solo falta por aprobarse el reglamento y que esa disposición adicional de la ley «remite a los datos cerrados a 31 diciembre», tanto a operaciones, saldos con monedas virtuales y acumulados en servidores extranjeros hasta el 31 de diciembre.

Desde Gestha también creen que se intentará aprobar una obligación de información «que sea lo más omnicomprensiva posible de todos estos elementos que rodean a los criptoactivos».

Las declaraciones obligan tanto a las que intervienen en la tenencia, tanto salvaguardia de las monedas virtuales como los exchange , y también a las personas que posean monedas virtuales en el extranjero.