Los investigados en la causa del ya extinto Banco Popular empezarán a declarar a partir de septiembre

Los investigados en la causa que analiza la gestión del ya extinto Banco Popular empezarán a declarar previsiblemente el próximo mes de septiembre en la fase de instrucción de este proceso penal, según varias fuentes jurídicas cercanas al proceso consultadas por Europa Press.

Tras la incorporación al sumario del informe hecho público el pasado mes de abril realizado por los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, que se une al resto de documentación recabada necesaria para esta fase de preparación del juicio oral, los investigados serán llamados a declarar justo después de verano, entre los que se encuentran Ángel Ron y Emilio Saracho como expresidentes de Banco Popular, así como más de una treintena de nombres vinculados a la entidad, aún por determinar si se exige a una parte o no.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a Banco Santander hace poco menos de un mes y retiró su condición de investigado en la causa, en una resolución que corregía al magistrado de la instrucción, quien decidió imputar a la entidad financiera que preside Ana Botín al considerar que habiendo comprado el Popular, debía responder por la responsabilidad penal en que éste hubiera incurrido, si bien se mantiene toda responsabilidad civil, de la que nunca se ha discutido.

Otro de los últimos documentos incluidos y enviado al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el pasado 7 de mayo ha sido un expediente sancionador emitido por el Banco de España a 41 antiguos gestores del banco como consecuencia de presuntos incumplimientos durante 2014 y 2017 de la normativa relativa a la consolidación prudencial y a los requerimientos de recursos propios. Este expediente iba a quedar suspendido hasta que se resolviera el aspecto penal, pero la Audiencia Nacional solicitó su traslado.

En paralelo, el juez de instrucción José Luis Calama Teixeira dictó un auto recientemente en el que instó a las acusaciones particulares a agruparse en diez y que finalmente determinó teniendo en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de lograr una buena gestión del procedimiento, ya que sería muy complicado y se dilataría mucho en el tiempo que más de un centenar de antiguos pequeños accionistas, fondos o bonistas fueran por separado.

PÉRDIDA DE INDEPENDENCIA

Este mandato judicial está pendiente de que se resuelvan algunos recursos de reforma y subsidiario de apelación presentados por las acusaciones particulares que quedaron fuera de uno de los diez grupos designados, aunque las fuentes consultadas por Europa Press dan por hecho que volverá a dictarse la misma resolución.

“Los jueces no entienden lo problemático que es para las acusaciones agruparse en diez, ya que existen problemas relacionados con los acuerdos de honorarios ya pactados con abogados y procuradores, además de que implica la pérdida de independencia respecto a la vía que se estima conveniente”, reprochan las mismas fuentes.

De hecho, esta situación ha provocado que algunas acusaciones particulares, sobre todo las defendidas por pequeños despachos de abogados, se reserven la vía civil para ejercer su querella y dejen en manos del ministerio fiscal la penal, que en su escrito de acusación pedirá compensación para todos los afectados.

No obstante, lo interesante de estar personados en la vía penal radica fundamentalmente en que permite tener acceso a información clave. Además, las mismas fuentes han explicado que la civil “solo tiene sentido con ciertas garantías” si es respecto a la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular, ya que “es muy prematuro” como para ejercitar este tipo de acción por lo que sucedió antes o después de esa operación.