La polémica de las escombreras

Depositar los escombros de un derribo y los excendentes de tierra que se generan en una obra pública o al preparar los cimientos de una edificación es un quebradero de cabeza para los excavadores, atrapados entre la despreocupación de los promotores y la negativa de los ayuntamientos a habilitar depósitos de inertes en sus términos municipales.
La presión ejercida por la Asociación de Excavadores de Cantabria (AEXCA) sobre las autoridades regionales comienza a dar sus frutos y tras la entrevista mantenida el pasado mes de octubre con el presidente de la comunidad autónoma, tanto Martínez Sieso como el consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, se han comprometido a elaborar un decreto exigiendo que en todo proyecto futuro de obra pública se especifique el lugar en el que deben ser depositados los excedentes de tierras. Claro que lo que sobre el papel puede ser diáfano, se convierte en inviable si no se habilitan antes los lugares donde depositar los vertidos. Y este es el auténtico problema. Medio Ambiente ya intentó con anterioridad crear una red de vertederos de inertes por toda la región, pero los resultados han sido prácticamente nulos, porque ningún ayuntamiento parece dispuesto a aceptar la ubicación de una escombrera, ni siquiera para aquellas obras que se realizan en su ámbito municipal.
Con un precedente semejante, la nueva obligación legal puede quedarse en un formalismo más y la paciencia de los excavadores parece haberse agotado, después de años de traslados de escombros a decenas de kilómetros, de pagar a propietarios privados para que los acepten en sus fincas o de deshacerse de ellos de forma subrepticia. Muestras de esta tensión son la petición de una entrevista con el propio presidente regional, que ya les recibió, o la auténtica declaración de guerra de la Asociación de Constructores, en la que participan, de impugnar todas las obras públicas que salgan a concurso si no especifican dónde deben verterse las tierras sobrantes.
Todas las formaciones políticas consultadas por AEXCA entienden que la nueva Ley del Suelo debe ser la llave para desbloquear el problema que plantean los ayuntamientos con su negativa a habilitar depósitos de inertes, y desde la Asociación se apunta a la posibilidad de condicionar la aprobación de los planes urbanísticos municipales a que en ellos se contemple una solución para los vertidos.

Regenerar canteras

“Los ayuntamientos –afirma Gabriel González– están cobrando un dinero por dar unas licencias de obra y no ofrecen a cambio ningún servicio para resolver el problema que plantea el movimiento de tierras. Tiene que haber una norma que les obligue a tener un sitio donde depositar los vertidos”. Un buen ejemplo de la resistencia que oponen los ayuntamientos es el de Santa Cruz de Bezana, donde la Empresa de Residuos de Cantabria pugna desde hace años por abrir un depósito de inertes en Maoño que daría servicio a toda la comarca.
El presidente de AEXCA señala también la existencia en Cantabria de viejas canteras donde los vertidos de áridos pueden ser utilizados para restituir el paisaje originario. La Empresa de Residuos ha elaborado un proyecto para regenerar la cantera de El Reguil, cerca de Solares, y existe un proyecto similar para otra cantera en Santoña o para la mina de Reocín.
“Estamos intentando arreglar un problema que no es nuestro –señala González–; el problema es del promotor de la obra y de los organismos públicos, bien sean ayuntamientos o Diputación. A nosotros nos pagan por cargar la tierra y llevarla pero no por buscar donde tenemos que echarla” concluye el presidente de AEXCA.