El Ministerio está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo para resolver las concesiones de Costas
Señala que más de 100 concesionarios no han solicitado su prórroga en plazo y han perdido su derecho a que se tramite
El Ministerio para la Transición Ecológica ha indicado que está a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo en torno a la prórroga de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre para resolver los expedientes pendientes en Cantabria, ya que la doctrina que dicte será «determinante» para su resolución.
Así ha respondido el Ministerio este martes en un comunicado a la proposición no de ley que aprobó ayer el Parlamento cántabro instando a este departamento a resolver de manera inmediata los expedientes pendientes de renovación de las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988.
En este sentido, la cartera que dirige la ministra Teresa Ribera ha señalado que ha resuelto 65 expedientes de prórrogas de concesiones en Cantabria que estaban «claros» desde el punto de vista de la legislación y la jurisprudencia, mientras que «más de 100 concesionarios no han solicitado su prórroga en plazo», por lo que han perdido su derecho a que se tramite.
Además, ha remarcado que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción al España por el otorgamiento automático de prórrogas puesto que considera que «es un privilegio para los ocupantes del dominio público incompatible con la normativa europea sobre la concurrencia competitiva».
«El Ministerio tiene la obligación de resolver los expedientes de acuerdo con la legislación vigente y con la jurisprudencia aplicable», ha sentenciado.
Y dado que en el Pleno de ayer algunos diputados aludieron a las recientes sentencias de la fábrica Ence, en Pontevedra –después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la empresa revocando el fallo de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga que se le concedió en 2016–, el Ministerio ha indicado que éstas «no son aplicables a las concesiones cántabras porque no se trata del mismo tipo de concesiones ni de terrenos».
La proposición no de ley salió adelante con el voto de todos los grupos parlamentarios de la Cámara salvo el PSOE, que se abstuvo advirtiendo ya que los expedientes estaban judicializados y por tanto son los tribunales los que deben pronunciarse para poder avanzar.
