El Congreso da el visto bueno a la rehabilitación del Rema y La Horadada
El proyecto, planteado por el PRC, está centrado en dos edificios de titularidad pública
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa del PRC que, entre otras cosas, plantea la rehabilitación de edificios de titularidad pública en Santander como el Rema, en la playa del Sardinero, o La Horadada, en la playa de La Magdalena, con el único rechazo de Unidas Podemos.
En concreto, la iniciativa de los regionalistas cántabros ha sumado el apoyo de PP y Ciudadanos, entre otros, mientras que PSOE, Vox, ERC, PNV y otras formaciones han optado por la abstención. Y solamente Unidas Podemos ha votado en contra.
La iniciativa insta al Gobierno a realizar un inventario de edificios públicos incluidos en la zona de dominio público terrestre de la capital cántabra que estén actualmente en desuso para hacerlos «objeto de protección».
La aprobación tiene lugar después de que representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, entre otros, coincidieran el martes en acusar al PRC de presentar la moción en el Congreso bajo un objetivo «electoralista» en la Alcaldía de Santander de cara a los comicios municipales del 28 de mayo.
La diputada del PP Elena Castillo cargó contra el portavoz de PRC en el Congreso, José María Mazón, asegurando que, bajo su punto de vista, la moción tenía «la única intención electoralista de atacar a la alcaldesa de Santander».
Por su parte, el diputado del PSOE, Pedro Casares, cargó contra el PRC, y también con el PP, por tener este debate en plena campaña electoral. «En el PSOE llevamos trabajando mucho tiempo por Santander», replicó a renglón seguido.
Pero también los representantes de Unidas Podemos, Vox y PDeCAT, entre otros, coincidieron en señalar el carácter «electoralista» que, bajo su punto de vista, tenía esta moción.
LO QUE PIDE LA MOCIÓN
El texto que finalmente ha salido adelante nace de un acuerdo transaccional del PRC y el PP que, entre otros puntos, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que defina, en colaboración con los ayuntamientos, los criterios para determinar «los rasgos culturales, patrimoniales y de utilidad social» para que se conserven edificaciones en desuso.
Asimismo, la Cámara Baja ha instado al Ejecutivo a realizar un inventario de aquellos edificios de titularidad pública que estén actualmente en desuso para hacerlos objeto de protección. Tras ello, deberá acordar con el resto de las administraciones públicas cómo rehabilitar y dotar a los inmuebles en desuso de las condiciones necesarias para uso.
El texto también llama a conservar edificios públicos «en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad» para que no se deterioren, así adaptarlos cambio climático y que sean compatibles con la protección y preservación del entorno.
