Análisis: Escándalo infinito
El estado general de cabreo nos lleva a suponer que, incluso cuando detectamos que nos roban, nos quedamos cortos. Esperemos a lo que digan los tribunales, pero en el escándalo del mantenimiento de las carreteras cántabras es fácil aventurar que las sanciones no alcanzarán a todos cuantos debieran (gran parte está prescrito) ni a cuantos, por obligación profesional, debieran haber detectado e impedido estas prácticas.
Una vez depuradas las primeras responsabilidades políticas del consejero y altos cargos de Carreteras por no haberse enterado de lo que estaba pasando –lo que resulta injustificable y poco creíble–, y detenidos el funcionario defraudador y los responsables de las empresas adjudicatarias de los contratos amañados más recientes, queda por entender cómo es posible que en decenas y decenas de mesas de contratación, los funcionarios integrantes no fueran conscientes de lo que ocurría o no se planteasen por qué se repetían tanto los mismos nombres.
Si por algo se caracteriza la Administración es por la inmensa cantidad de cautelas establecidas para evitar el fraude, pero está claro que en España se pone más énfasis en hacer normas que en cumplirlas. En las mesas hace tiempo que ya no hay políticos, pero sí hay un interventor, un jurídico y otros cinco vocales, todos funcionarios. Un tribunal profesional e inobjetable, si no fuera porque se suelen dejar llevar por la opinión del más experto en la materia, en este caso el de carreteras, que les convence con facilidad. Tampoco han funcionado los controles perimetrales, con una pléyade de altos funcionarios de intervención, técnicos y jurídicos que deben garantizar la limpieza antes y después de la adjudicación. Un rosario de supervisores que no han detectado veinte años de contrataciones fraudulentas en el que han participado dos decenas de empresas, y que podían haber durado mucho más si la Agencia Tributaria no hubiese sospechado de los excesivos gastos del funcionario. Un fracaso sin paliativos que obligaría a replantearse muchas cosas en la estructura de la Administración.
Pasemos ahora a la responsabilidad de las empresas. Si desde hace mucho tiempo había quejas porque los contratos de emergencia o de mantenimiento de carreteras siempre iban a los mismos, ¿por qué esa información no llegó a la CEOE o a la patronal de los constructores, que no presentaron nunca una queja? ¿Por qué casi una veintena de compañías acabaron pagando para conseguir las obras, lo que significa que era de conocimiento casi general? ¿Por qué la mayoría se fueron retirando y las contrataciones se concentraron cada vez más, pese a lo cual nadie se atrevió a protestar o a llevarlo a los juzgados? Es evidente que quienes tenían el rabo de paja no se atrevían a tirar de la manta y que las patronales no han defendido los intereses del conjunto de sus asociados. Pero incluso cuando el actual presidente de la CEOE ha dicho lo que resulta evidente, que el sector tenía que haber actuado con más valentía, se le han echado encima propios y ajenos. Es curiosa una sociedad que exige transparencia pero no asume que se hable claro.
No es fácil saber hasta dónde va a llegar este caso y si va a conectar con los chanchullos históricos de las carreteras regionales, lo que indicaría que estamos ante un problema endémico nunca resuelto. Lo que sí es seguro es que no le interesa a nadie que llegue demasiado lejos. A los partidos que gobiernan, porque se juegan las elecciones. Al PP, porque no está seguro de no salir salpicado si la trama actuó también cuando estuvo en el poder. A los constructores que han pagado alguna vez, porque no será fácil pasar el trago en los juzgados aunque lo suyo esté prescrito. A los que no pagaron pero han tenido sociedades o utes con los implicados, porque temen riesgos reputacionales. A los ayuntamientos y organismos que han adjudicado obras a las compañías señaladas, porque no saben si también se investigarán y qué puede salir. A los trabajadores de las sospechosas, porque se pueden quedar sin empleo…
Es un asunto endiabladamente incómodo para todos, que ha dejado en entredicho a políticos –especialmente al PRC, dueño y señor de esa consejería gran parte del tiempo–, a funcionarios, patronales y a muchas empresas, porque la avaricia de algunos demostró ser bastante más eficaz que los controles.
Alberto Ibáñez
