La larga marcha de Alfacel

Veinticinco años después de la larga marcha de Authi, los trabajadores de Alfacel de Reinosa, en cuya memoria ya no caben los nombres de las empresas por las que han pasado ni las reconversiones que han sufrido, repetían la gesta. En esta ocasión desde Reinosa hasta Santander, unos 70 kilómetros a pie para exigir al Gobierno regional un empleo o el dinero comprometido en el caso de que, como ha ocurrido, la última iniciativa empresarial por la que han pasado, no cuajase.
Los ex trabajadores de Westinghouse, de Cenemesa (dos veces), de ABB, de ABB Reinosa y de Alfacel ya no están para muchas caminatas, porque la edad media supera los 50 años, pero no les ha faltado decisión para hacer los casi 80 kilómetros. Antes de dedicarse a la fabricación de tripa artificial, su vida estaba vinculada a los grandes motores eléctricos que empujan los trenes pero ya han bajado a Santander en tren y en coche sin resultados. Así que esta vez probaron a pie, la única forma de, al menos, llamar la atención. Y si no han conseguido mucho del Gobierno, al menos han tenido el apoyo de las gentes por aquellos lugares por donde han pasado, especialmente en Los Corrales, donde no se ha borrado de la memoria su propia marcha.
Alfacel les dejó en la calle, al fracasar la compañía por el descenso de la demanda cárnica y el bajo precio de la tripa de celulosa, factores que ya se conocían cuando se montó la empresa. Afortunadamente para ellos, había una cláusula de salvaguardia para un caso semejante, que les garantizaba la vuelta a la fábrica de origen, operación que avalaba Caja Cantabria con 603 millones de pesetas. El problema es que en cuatro años han cambiado muchas cosas, tantas que lo firmado no es fácil de cumplir. La fábrica de la que procedían ahora pertenece a otra compañía, Buce Industries, y se dedica a la fabricación de generadores eólicos bajo el nombre de Cantarey. La empresa va bien pero no tiene posibilidad de hacerse cargo de estos 48 trabajadores.
ABB, la sociedad que les despidió, ya no está en Reinosa. La multinacional suiza quiso dejar zanjado el problema en 1998 sin muchas contemplaciones. Cuando Sodercan tuvo noticia de lo que planeaba, ya estaba decidida la venta a un chatarrero vasco. Eraso, director de Sodercan entonces, presionó a la compañía para deshacer la operación y buscar una salida airosa para los trabajadores, que ABB encontró en la firma Buce, especializada en reconversiones, a la que trasladó parte de la plantilla. Otra parte era absorbida por una nueva compañía de tripa artificial dispuesta a asentarse en Reinosa si se le subvencionaba suficientemente. Todo parecía haberse resuelto razonablemente bien, con la conformidad general, ya que incluso el presidente mundial de ABB ponía lo ocurrido en Reinosa como ejemplo de la política social de su empresa.
Pero el tiempo se encargó de demostrar lo contrario. Mientras que quienes se quedaron en Cantarey han mantenido el empleo, los trabajadores que fueron a parar a Alfacel, una fábrica de nueva creación que recibió un fuerte incentivo para aceptarlos, perdieron el empleo a los dos años con el cierre de la empresa.
Ahora su reclamación se centra en exigir el cumplimiento estricto de lo pactado, algo que el resto de los firmantes considera muy difícil e, incluso, los jueces no ven demasiado factible, dado que las sentencias que están emitiendo declaran los despidos improcedentes pero no nulos, lo cual supone que los trabajadores sólo acceden a una compensación económica. Cantarey, heredera legal de la obligación de recolocarles, asegura que sólo puede asumir a una parte para sin poner en peligro su propia continuidad y ABB, su empresa de origen, aunque conserva otras plantas en España, afronta en estos momentos un plan internacional para recortar su plantilla en 12.000 trabajadores.
Los trabajadores entregaron al presidente regional, José Joaquín Martínez Sieso un extenso informe en el que se documentan todos los incumplimientos de los acuerdos de 1998 que dieron lugar a su despido pactado. Según se ha sabido más tarde, Alfacel en aquellas fechas ya se encontraba en situación de quiebra técnica, de acuerdo con las auditorías realizadas por Arthur Andersen. Por su parte, ABB se fue desprendiendo de la fábrica de Reinosa a través de sociedades instrumentales y, a pesar de su compromiso de potenciar los productos que venía fabricando en Campoo con una inversión de 550 millones o su permanencia como accionista, su política real fue exactamente la contraria. No sólo abandonó la compañía sino que forzó a que su sucesora, Buce, firmase un acuerdo comprometiéndose a no fabricar más motores industriales en Reinosa para evitar la competencia con otras fábricas que pensaba conservar en el sector.
La Consejería de Industria, que había admitido los 92 despidos solicitados por ABB a cambio de los compromisos firmados, concedió a la empresa una subvención de 135 millones de pesetas para apoyar sus inversiones, un dinero que ABB entregó posteriormente a Alfacel.
Estos incumplimientos de los acuerdos, que los trabajadores consideran “maliciosos” les condujeron a presentar una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Una denuncia que el Gobierno regional tiene mucho interés en que se retire, según dice, para conseguir que ABB y Buce se impliquen de nuevo en la búsqueda de una nueva solución industrial.
La Consejería de Industria intenta implicar a Buce en dos nuevas actividades industriales, una fábrica de recuperación de plásticos y otra de palas para las hélices de los aerogeneradores, con el objeto de recolocar a los trabajadores de Alfacel y colaborar en la reindustrialización de la comarca, pero los operarios tienen muy poca confianza en esta vía, que les recuerda demasiado el fracaso anterior.

Prejubilaciones

En realidad, todo parece indicar que el objetivo más deseado por la plantilla es conseguir la prejubilación, habida cuenta de la edad que ha alcanzado la mayoría y el traumático currículo laboral que tienen a sus espaldas. El problema es el costo, alrededor de 900 millones de pesetas, mucho más de los 600 millones que la Caja había avalado y, por supuesto, de los 300 que según la entidad de ahorro serían el límite legal de su obligación, ya que los trabajadores habrían consumido otra parte del dinero en prestaciones anteriores.
Los operarios saben por experiencia que el dinero público ha corrido en auxilio de otras fábricas que, en teoría presentaban un plan de renovación pero que han acabado financiando con él sus prejubilaciones. Y este ejemplo es el que parece empujar ahora su política de presión ante las administraciones públicas y ante la Caja.
Lo cierto es que la situación es muy incómoda para todas las partes que en su día firmaron el acuerdo. La Caja, que no tuvo la precaución de realizar un contraaval, se encuentra con un posible quebranto de más de 600 millones de pesetas que añadir a los 395 que Alfacel le ha dejado a deber con la suspensión de pagos y que no recuperará. El Gobierno de Cantabria ha de afrontar un nuevo problema político en Reinosa difícil de gestionar. Cantarey se encuentra con la obligación heredada de asumir a unos trabajadores en los que nunca pensó cuando se quedó con la fábrica de ABB y la multinacional suiza, que ahora tiene otros problemas, se puede ver sentada ante el juez por no cumplir absolutamente nada de lo pactado.
Pero, sin duda, quienes están peor son los trabajadores, que esperan en el desempleo con un papel firmado que hasta ahora les ha servido para muy poco y que no están dispuestos a renunciar a la batalla. La experiencia les dice que todas las reestructuraciones que ha conocido la empresa desde hace veinte años acaban casi siempre igual: cuando no pueden gestionar el conflicto, los gobernantes optan por echar mano abundantemente del dinero público para sofocar el problema.