Archivada la querella de los taxistas contra Felipe Piña por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número uno de Santander ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi contra el director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña, candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, por un delito de presunta prevaricación administrativa.

Según la resolución judicial de la que ha tenido conocimiento Europa Press, el juzgado entiende que «no concurren» los elementos necesarios para el delito denunciado.

Contra esta resolución, de la que el juzgado ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a las partes, cabe recurso en un plazo de 3 a 5 días desde la notificación.

Tras conocer el archivo, Piña ha celebrado en un mensaje en sus redes sociales que la Justicia «le ha dado la razón» y ha dado las gracias a quienes le han apoyado.

«Siempre defendí que habíamos actuado conforme a la Ley. La Justicia me ha dado la razón. Muchas gracias por el apoyo recibido durante todos estos días», ha publicado esta tarde.

La querella de los taxistas, presentada en abril, tuvo como raíz una resolución dictada el pasado 21 de febrero por el regionalista en la que denegaba una autorización para la transmisión de una licencia de taxi de Cabezón de la Sal a uno de los asociados de la Federación por jubilación tras la jubilación del anterior titular.

En la sentencia, el querellante indicaba que en la resolución se justificaba la negativa afirmando que la autorización que se solicitaba no tiene encaje en ninguno de los supuestos que recoge la normativa, entre los que –decía– no se incluye la jubilación.

Sin embargo, se recalcaba que la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi de Cabezón de la Sal –«plenamente vigente y de plena aplicación», subrayan los taxistas– sí recogía como supuesto de transmisión de las licencias la jubilación.

La Federación del Taxi presentó la querella ya que sostiene que la Dirección General de Transportes «carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización» e insistía en que ésta correspondía al ente local, y por tanto entendía que el departamento dirigido por Piña «carecía de funciones jurisdiccionales para establecer a su mejor criterio la legalidad o no de una norma».

Además, argumentó que si Transportes entendiera que dicha ordenanza es contraria a la normativa estatal había tenido «infinidad de momentos en los que hacer valer sus argumentos con anterioridad» al caso objeto de la querella pero «nada» se había dicho previamente cuestionando su ilegalidad.