Las medidas anticovid del Gobierno costaron más de 40.000 millones en 2021, según el Tribunal de Cuentas

El Estado destinó más de 13.000 millones de euros en ayudas sociolaborales y la deuda pública ascendió a 1,26 billones

Las medidas extraordinarias como consecuencia de la pandemia de Covid-19 tuvieron un coste, durante 2021, de más de 40.000 millones de euros, según se desprende de la Declaración sobre la Cuenta General de ese ejercicio realizada por el Tribunal de Cuentas.

El informe destaca que las obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado para combatir la pandemia ascienden al menos a 31.822 millones de euros, de los cuales unos 5.102 millones son transferencias a la Seguridad Social.

Además de lo anterior, las ayudas de naturaleza sociolaboral del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o a la propia Seguridad Social han supuesto, al menos, 13.845 millones de euros.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas apunta que España recibió en 2021 un total de 19.036,6 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de un total de 140.000 millones a recibir hasta 2026 en forma de transferencias y préstamos.

En lo que respecta al Mecanismo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (React-EU), estaba dotado con 12.436 millones pendientes de recibirse en 2021. De esta cantidad, ya se han asignado 2.436 millones al Ministerio de Sanidad y 10.000 millones a las comunidades autónomas.

Según explica el Tribunal, la Cuenta General del Estado es una representación de la situación económica patrimonial y presupuestaria del Sector Público Estatal y se elabora mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que lo integren. Es decir, se trata de una «fotografía» de la situación económica y financiera de las cuentas públicas.

FOTO «FAVORABLE», PERO CON «SALVEDADES»

Esta fotografía tiene una «opinión favorable» del Pleno del Tribunal, pero también manifiesta salvedades e incidencias que se han de corregir.

Entre estas, el Tribunal advierte que el déficit presupuestario consolidado, que se sitúa en 3.355,3 millones, está sobrevalorado en 780,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Además, se suma otra sobrevaloración de 36 millones por la no homogeneización previa de las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

También se ha detectado una sobrevaloración de 620,8 millones en la consolidación de las cotizaciones de autónomos beneficiarios de prestaciones por incapacidad temporal y por cese de actividad.

Además, la Declaración advierte de que a cierre de 2021 quedaban pendientes de reconocer obligaciones por unos 4.391,9 millones de euros y de imputar derechos reconocidos por un importe neto de 1.480,1 millones, los cuales deberán imputarse a presupuestos de ejercicios posteriores en «el menor plazo posible».

La Declaración también hace referencia a otras incidencias relativas al registro contable de 58 áreas de servicio de la red de carreteras del Estado, a la falta de registro contable de otras 13 áreas de servicio y a las dudas que existen sobre el cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que ha sido objeto de moratoria desde 1995.

EL TRIBUNAL DUDA SOBRE LOS CÁLCULOS CON LA SAREB

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas apunta que la Administración «sigue careciendo de inventarios completos» de una parte «significativa» de su inmovilizado material. Esto produce, dice el Tribunal, que la dotación a la amortización de las cuentas tenga que calcularse con métodos «que no se ajustan al criterio general contemplando en el Plan General de Contabilidad Pública».

El organismo ha detectado además distintas incorrecciones en relación con la valoración de las operaciones de inmovilizado intangible, las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras que afectan a la falta de registro de determinados activos, a la «incertidumbre» sobre las valoraciones y a reclasificaciones de saldos.

En su informe, el Tribunal también advierte de la «incertidumbre» que le genera el cálculo que hace el Estado sobre su deuda en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Esta deuda asciende a unos 34.089 millones y el Estado dedica una partida de provisiones de 9.933,8 millones de euros. El resto que falta se obtendría, apunta el organismo, mediante la realización de los activos de la Sareb. Por ello, el Tribunal en duda la suficiencia de esa partida de provisiones, ya que se carece de información para emitir una opinión sobre la valoración de los activos.

LA SEGURIDAD SOCIAL SIGUE EN PATRIMONIO NEGATIVO

En su análisis, la Declaración sobre la Cuenta General enfatiza que el balance de la Seguridad Social recoge por quinto año consecutivo un patrimonio neto negativo, que a 31 de diciembre de 2021 asciende a 81.098 millones de euros.

Y es que, el Estado ha otorgado durante 2021 préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 13.830 millones de euros, de manera que el endeudamiento total asciende a 99.181 millones de euros, un 8,22% del PIB.

No obstante, además de los 5.012 millones en transferencias antes mencionados, también se han efectuado transferencias por 13.929 millones de euros, según el organismo.

El Estado ha otorgado durante el 2021 préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 13.830 millones de euros, de manera que el endeudamiento total asciende a 99.181 millones de euros, un 8,22 % del PIB, aunque también, además de los 5.012 millones mencionados anteriormente, se han efectuado transferencias por 13.929 millones.

CORREGIR DEFICIENCIAS

La Declaración también indica que la deuda pública en la Administración General del Estado ascendía en 2021 a 1,26 billones de euros.

Con todo ello, el Tribunal de Cuentas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y que modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera. Además, propone que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas insta también a que se estudie la posibilidad de modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición de la Cuenta General del Etado, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas, para que la Declaración sea emitida en un plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.

Por último, el organismo recomienda que se adopten las medidas legislativas necesarias para resolver la situación del endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado.