La primera victoria SOBRE la brucelosis

El repunte de la brucelosis en Cantabria se inició cuando la Unión Europea decidió abandonar las campañas de vacunaciones y provocó tanta alarma como desconcierto. Los técnicos locales sabían perfectamente el riesgo que se corría, pero las autoridades comunitarias cedieron a las presiones del norte de Europa que no querían seguir inoculando la bacteria de una enfermedad de muy escasa prevalencia para ellos, por las interferencias que causa la inmunización en las pruebas de diagnóstico.
A medida que se fue alejando la fecha de la última vacunación, realizada en 1995, la enfermedad tomaba en Cantabria unas dimensiones desconocidas. En la comunidad autónoma donde primero comenzaron las campañas sistemáticas de toda la cabaña y en una de las que más dinero se ha gastado en estas políticas preventivas y en indemnizaciones por el sacrificio de animales, se disparaban los índices de una enfermedad tradicional que desde hacía más de una década se encontraba entre el 0,5% y el 1% en positividad, uno de los índices más bajos del país.
En algunas zonas altas de la región, la brucelosis ha llegado a alcanzar porcentajes del 8%, lo que en teoría debía haber supuesto el sacrificio de una gran parte de la cabaña de aquellos lugares, si se tiene en cuenta que es necesario tomar medidas radicales en cada establo donde se detectan positivos por tratarse de una enfermedad muy contagiosa.
La generalización de la brucelosis hizo desechar en algunas zonas los vaciados sanitarios, más eficaces para erradicar focos aislados. Al impacto económico y social de un sacrificio masivo se hubiesen añadido los costos inabordables para el Gobierno regional. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que sólo se han sacrificado en estas zonas los animales directamente afectados, la Consejería se ha visto obligada a presupuestar alrededor de 5.000 millones de pesetas en las últimas cuatro campañas de saneamiento, entre gastos de personal propio, veterinarios contratados e indemnizaciones, y buena parte de ese dinero se ha concentrado en esta enfermedad, que sólo puede combatirse con medidas profilácticas.
La Consejería de Ganadería y los propios ganaderos se encontraban en una situación sin salida. Los sacrificios no sólo no permitían reducir la presencia de la enfermedad, sino que ni siquiera la contenían. Los índices de vacas contagiadas en el año 2000 eran cuatro y cinco veces mayores que en provincias vecinas y, aparentemente, no había ninguna solución, al menos dentro de la normativa comunitaria.

Vacunas alternativas

La existencia de vacunas alternativas en otros continentes impulsó a la Consejería a tratar de cambiar la normativa europea con respecto a estos fármacos, una tarea complicada, teniendo en cuenta la escasa dimensión de Cantabria.
La región necesitaba poder utilizar una nueva vacuna, la norteamericana RB-51, cuyo rastro no interfiere con las prueba de diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la inoculación de las vacunas deja un rastro que puede confundirse en las analíticas con la propia enfermedad, dado que se utiliza el mismo microorganismo que causa la infección debilitado y esa circunstancia propicia la aparición de anticuerpos en la vaca.
La única manera de convencer a los organismos europeos para homologar un nuevo fármaco es aportar un trabajo de campo con el rigor científico exigido. Al contrario de lo que ocurre con la FED, la Agencia del Medicamento Estadounidense, mucho más predispuesta a dar curso comercial rápido a aquellas sustancias que demuestran una eficacia clínica, en Europa los plazos y controles son mucho más dilatados y el descubridor mexicano de la RB-51 parecía más interesado por rentabilizar su vacuna en EE UU lo antes posible que en hacer las largas pruebas exigidas por la Unión Europea.
La Consejería logró el apoyo de la Agencia Española del Medicamento con el convencimiento de que en un plazo razonable ella misma podría hacer el trabajo de campo con el fin de conseguir la homologación, pero tanto las autoridades regionales como los ganaderos han esperado y desesperado, durante dos años más de lo que habían previsto, hasta que la Comisión Europea ha dado su visto bueno.
La Consejería, a través del Servicio de Laboratorio y Control (el antiguo Laboratorio de Sanidad Animal) consiguió el respaldo de nada menos que 407 ganaderos de la región para realizar las pruebas en sus establos, con un total de 16.000 cabezas de ganado. Un censo muy elevado que ofrece todas las garantías pero, al mismo tiempo, muy laborioso de controlar en una época tan difícil, ya que sobre las espaldas del Laboratorio ha recaído simultáneamente la extenuante obligación de analizar todos los animales que se sacrifican en los mataderos para el consumo humano con el fin de detectar el posible síndrome de las vacas locas.
Las pruebas realizadas por Cantabria han demostrado científicamente la estabilidad de la cepa de brucela recogida por el investigador mexicano en la naturaleza y que ha sido utilizada para la RB 51. Su eficacia es superior a las vacunas que había en el mercado y teóricamente debe permitir erradicar la enfermedad de la región en el plazo de dos o tres años lo que supondría que Cantabria puede llegar a ser considerada indemne en ocho o diez.
En el caso concreto de las zonas altas de la región donde se ha probado la RB 51, su eficacia ha sido del 97% y los índices de positividad han bajado a casi la mitad en un año, un descenso que continuará con gran rapidez a medida que se generalicen las vacunaciones.

Un día de júbilo

Cuando el martes 4 de junio las autoridades europeas aprobaban por unanimidad el informe español a resultas del trabajo científico realizado en Cantabria y autorizaban el uso de la RB-51 en todo el territorio europeo, la Consejería cántabra estallaba en júbilo, tanto o más del que haya podido exteriorizar el laboratorio fabricante de la vacuna.
Las razones eran sobradas. Por fin se podrán mover las vacas de los más de cuatrocientos ganaderos que aceptaron participar en el ensayo clínico y que con ello se habían quedado sin ninguna calificación, algo tan restrictivo que sólo permite llevar los animales al matadero.
Lo que en principio se pensó como un mal temporal necesario, con el paso del tiempo se había convertido en una trampa sin escapatoria. La demora en la decisión de la UE había aumentado el desánimo tanto de quienes probaban la vacuna como del resto de los ganaderos, aunque hubo quienes, como un líder del Sindicato Democrático, no habían olvidado que la situación anterior era aún peor: “Ahora nos quejamos porque no podemos mover las vacas, pero antes nos quejábamos porque nos quedábamos sin vacas”, decía.
Las indemnizaciones para compensar las miles de vacas sacrificadas se han convertido en estos años en una sangría para el erario público, aunque en muchos casos no resarcen el auténtico valor de los animales. La Administración abona unas 66.000 pesetas por cabeza de vacuno mayor, cantidad a la que hay que sumar lo obtenido por la carne, ya que esta enfermedad no impide su consumo. Unas cifras que no llegan a cubrir el precio de una vaca de calidad.
A pesar de que la nueva vacuna no interfiere en los análisis serológicos utilizados para investigar la enfermedad, las autoridades comunitarias mantendrán la restricción de acudir a ferias y concentraciones calificadas como oficialmente indemnes a las ganaderías inmunizadas, aunque podrán realizar otros movimientos interiores. Un avance muy significativo si se compara con la situación que han sufrido quienes se ofrecieron para las pruebas e inmejorable si se tiene en cuenta que la alternativa es la posibilidad de contraer la enfermedad y el sacrificio obligatorio de todo el establo.