Editorial

El Plan de Protección del Litoral ha sido sometido a un severo análisis en esta revista, donde se han puesto de relieve algunas de sus debilidades y la más evidente de todas ellas, el hecho de que no prevea ningún tipo de compensaciones para los propietarios de suelo en primera línea de costa, donde no se podrá construir nada, a excepción de aquellos terrenos que ya tienen la consideración de urbanos.
Pero nada de esto debe hacernos perder de vista que el Plan es absolutamente necesario y, aunque en esta región estamos acostumbrados a medir la acción política por el volumen de hormigón empleado, es tan meritorio como el saneamiento de la Bahía de Santander. Sin embargo, hay que reconocer que no ha llegado en el momento más oportuno y eso juega en su contra. Los alcaldes, siempre arriscados y difíciles, incluso para sus propios partidos, se juegan mucho en el año que resta hasta las elecciones y el Plan es un torpedo bajo la línea de flotación de algunos de ellos. ¿Qué campañas electorales pueden financiarles constructores que ya no van a construir, o cómo reclamar los votos de los vecinos que estaban convencidos de alcanzar una jubilación dorada gracias a las fincas que les quedaban por vender y cuyo valor se va a deshinchar como un globo pinchado?

La verdad es que el Plan no es drástico, ni dramático y, por tanto, no va a limitar los usos tanto como pudiera pensarse, a excepción de una franja estrechísima de litoral. En el resto, casi todo queda al albur de que lo acepte o no la Consejería de Medio Ambiente, que tiene absoluta libertad para tomar la decisión que crea oportuna en cada caso –el segundo agujero del proyecto–, algo que sólo va a dar lugar a conflictos y cambios de opinión. Basta ver que el propio consejero ha pasado de demonizar a Arca por sus recursos contra las nuevas urbanizaciones a hacer lo mismo con los promotores y los ayuntamientos, manifestándose como un auténtico Robin Hood contra “los especuladores del pelotazo”, sin añadir que “los pelotazos” sólo han podido ser tales porque previamente consiguieron la autorización de un Gobierno del que él formaba parte y que ahora mismo acaba de liberar a algunos ayuntamientos afectados por el Plan de la suspensión temporal de licencias en una maniobra muy sospechosa e injusta con el resto y que va a legalizar otros futuros “pelotazos” que se encontraban en espera. Sólo hay que recordar cómo se prepararon algunos ayuntamientos en 1988 para la entrada en vigor de la Ley de Costas declarando urbano todo el suelo que pudieron para boicotear los efectos de la ley, con los resultados que ya hemos visto.

En el Plan del Litoral es necesario introducir compensaciones para los más afectados y criterios objetivos para que la actuación de Medio Ambiente en cada caso no pueda ser tachada de discrecional, pero esas deficiencias no invalidan el proyecto. Todos somos conscientes, incluidos los promotores de viviendas, de que la situación urbanística de Cantabria es insostenible. En los quince últimos años, y a pesar de que la población permanece estancada, se han colonizado más mieses, costas y riberas que en muchas décadas anteriores, con un urbanismo de la peor calidad que ya no tiene remedio. Y han sido los propios ayuntamientos los que han empujado esta fórmula del todo vale para obtener los ingresos que no son capaces de generar por otras vías. Si a esto se añade las miras a cortísimo plazo de muchos promotores o la equivocada cultura de no pocos vecinos convencidos de que más construcción es más progreso podemos entender semejante catástrofe, que además de dar como resultado el feísmo (que alguien busque por Europa pueblos con edificios de pisos de cuatro alturas), han provocado decenas de sentencias de derribos que nadie sabe cómo afrontar. Podemos mirar para otro lado, pero el Plan es tan imprescindible como mejorable.