Los peajes de Guipúzcoa y Vizcaya enfrentan a transportistas y cargadores

Vizcaya y Guipúzcoa han implantado un peaje para los camiones que utilizan sus autovías y algunas carreteras secundarias saturadas, empujándoles a circular por las autopistas o por la Supersur. La medida afecta directamente al transporte vasco, pero también al de provincias limítrofes como Cantabria o Navarra. Tanto las asociaciones como los sindicatos del sector alertaron de que los conductores no pueden soportar ni asumir el gasto de peaje, a su entender, desorbitado.

El problema es que los transportistas tienen serias dificultades para repercutirle a los cargadores la tasa que ha empezado a aplicarse en la A-15 y la N-I a su paso por Guipúzcoa, y en las N-240 y BI-625 de Vizcaya.

Asemtrasan (Asociación de Empresarios de Transporte de Cantabria) considera “enorme” el gasto por estos peajes, que alcanza los 28 céntimos por kilómetro recorrido. “Si no vemos movimientos por parte de los cargadores y la administración, se plantearán movilizaciones y medidas de presión”, avisan desde la asociación cántabra en la que se encuadran la mayoría de los autopatronos.

En Asemtrasan consideran que debe ser el cargador quien asuma el peaje, porque “el usuario de la carretera no es el conductor, sino la mercancía”. Por eso, Asemtrasan les advierte que pueden “sin el servicio cercano y eficaz que ofrecen los transportistas autónomos y las pequeñas empresas, que sufren el riesgo de abandonar el sector y desaparecer”.

El Gobierno no incluye los peajes

Por su parte, el Gobierno español sigue sin incluir ninguna referencia al sistema de peajes en autovías comprometido con Bruselas para su puesta en marcha en 2024, a la espera de consensuar el mejor modelo con los transportistas y el resto de administraciones públicas.

En la segunda página de ese plan se recoge que España aprobará una Ley de Movilidad Sostenible en la que se incluye «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024». Esa ley, que se estaba tramitando en el Congreso, decayó cuando Sánchez disolvió las Cortes para adelantar las elecciones. Precisamente ha sido en Santander donde el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias (Seopan), Julián Núñez, ha reclamado retomar la tramitación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que contempla este pago por uso de las autovías españolas.

El Gobierno, aunque ha repetido que los últimos años no han sido los más adecuados para implantar los peajes por la elevada inflación y la delicada situación económica derivada de la pandemia y la invasión de Ucrania, no ha dejado de trabajar en el asunto y ha encargado a la ingeniería pública Ineco un estudio sobre las alternativas de gestión y financiación de la red viaria.

Ayudas a autónomos

Otro aspecto conflictivo es el originado por el descenso drástico de las ayudas destinadas al abandono de la actividad por parte los transportistas autónomos. El presupuesto para este ejercicio ha sido de 9,74 millones de euros, la mitad de lo que se destinó en 2022, cuando las ayudas ascendieron hasta los 20 millones de euros, gracias  los acuerdos que alcanzó el Ministerio de Transportes con las organizaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Esa circunstancia hizo posible que se duplicara el número de conductores beneficiarios respecto al año anterior, pues pasó de haber 328 solicitantes en 2021 a 648 el año pasado. “El año pasado con el doble de presupuesto, más del 60% de los transportistas solicitantes quedaron fuera de las ayudas y un 43% de ellos  por falta de presupuesto”, recuerdan desde Asemtrasan, que siguen insistiendo en la necesidad de apoyar financieramente la salida del sector de los transportistas más veteranos.