El Gobierno regional renuncia a dedicar el convento de las Clarisas de Santander a uso judicial

El Gobierno de Cantabria espera que para finales de año comience la primera fase de la rehabilitación del convento de las Clarisas de Santander, ubicado en la calle Alta, un edificio para el que ha descartado su uso judicial.

Así se lo ha trasladado este miércoles la consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), a la alcaldesa de Santander, la también popular Gema Igual, durante una reunión que han mantenido.

La consejera se ha comprometido a agilizar al máximo los trámites para poder adjudicar la primera fase de la obra de rehabilitación del edificio «a finales de noviembre o principios del mes de diciembre».

Urrutia ha explicado que el procedimiento de adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de Las Clarisas está «paralizado» desde marzo, cuando la mesa de contratación valoró la oferta de la
empresa Rotedama con la máxima puntuación para llevar a cabo esta primera fase de reparación, estabilización y consolidación de los muros de la cubierta por valor de 1,7 millones de euros.

«Lamentamos la situación en la que se encuentra este proyecto», ha asegurado Urrutia, que ha afirmado que tras el acuerdo de la mesa de contratación «se paró el reloj», porque «el anterior Gobierno (PRC-PSOE) tenía que haber licitado la dirección facultativa de la obra para seguir con el proceso de adjudicación y no lo hizo, por lo que hasta la fecha no se ha podido firmar el contrato».

Ha asegurado que su departamento ha trabajado «desde el primer minuto» para impulsar esta actuación «importantísima para el Gobierno y para Santander» y ha dado orden de «agilizar los trámites» para que se pueda concluir las obras de esta fase en 2024.

Urrutia ha defendido que el uso que se dé a este edificio será consensuado entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Santander y ha descartado el uso judicial porque, según ha indicado, «no soluciona los problemas a los que se enfrenta el Gobierno» debido a la dispersión entre las sedes judiciales y la falta de espacio en Santander.

Igual ha aplaudido la decisión del Gobierno y ha insistido en su propuesta, ya planteada al anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), de darle un uso cultural al edificio y como punto de encuentro de los vecinos en un barrio como El Cabildo que ambas administraciones quieren «relanzar».

En relación a esta falta de espacio para ubicar nuevas sedes judiciales, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria se está planteando pedir una prórroga para implantar el Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Santander, que debería estar en funcionamiento el próximo enero, ante los «verdaderos problemas» que hay para buscar donde ubicarlo.

Urrutia ha señalado que el anterior Ejecutivo no ha dejado ningún plan que permita resolver los problemas de dispersión y de espacio de las sedes judiciales, ni siquiera para ese nuevo juzgado, y se está estudiando donde poder ubicar determinadas cosas.

MEJORA DEL CONVENIO DEL PARQUE DE BOMBEROS

Por otra parte, durante el encuentro, han abordado un nuevo convenio que afecta al parque de bomberos de Santander –el actual finaliza en 2024– y en el que la consejera se ha comprometido a aumentar la partida económica actual, que asciende a 725.000 euros, y una mejora en las
condiciones del acuerdo para prever acciones formativas y complementarias en las instalaciones de Santander.

«El Parque de Bomberos de Santander es una parque de calidad y da buen servicio», ha asegurado la consejera que con esta medida ajusta la inversión del Gobierno en este parque que, según la alcaldesa, interviene en actuaciones fuera del municipio valoradas en 1,2 millones de euros «muy lejos de esos 725.000 euros» que recibe la ciudad.

Por ahora Urrutia no ha adelantado en cuánto podría crecer esa aportación económica y, en cuanto a las mejoras en el contenido del convenio, ha señalado que a lo largo de 2024 se valorarán esos posibles cambios que se quieren introducir.

Tanto en lo que se refiere a este convenio, como a otros, como el relativo al Salvamento en Playas, o a la distribución de distintas ayudas entre los municipios, Igual ha reclamado al actual Gobierno que tenga en cuenta la población.

Ha criticado la metodología que aplicaba el anterior Ejecutivo para ese reparto, la cual hacía que las diferencias entre lo que percibía Santander y otros municipios de menor población no fueran las que corresponden.

Como prueba, ha comparado lo que recibía Santander para el convenio del Parque de Bomberos de Santander (725.000 euros) en relación a lo que se asignaba a otros municipios con menos población, como Torrelavega (450.000 euros); Castro Urdiales (400.000 euros), o 150.000 para Camargo.

Y en el relativo a Salvamento en Playas, Igual ha señalado que, de los 600.000 euros que el Gobierno anterior repartía entre los municipios, a Santander «únicamente recibía 84.000 euros», cuando prestarlo cuesta 588.000 euros.

También en la reunión la consejera le ha confirmado la continuidad del convenio colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la prestación del Servicio de Salvamento y Rescate de personas con el Grupo del perro de salvamento», por el que se aporta al Consistorio 12.000 euros.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ‘SINTECHO’

En otro orden de cosas, Igual ha explicado que en la reunión de hoy se ha acordado constituir un grupo de trabajo para abordar el problema de los ‘sintecho’ que viven en la calle en Santander y que declinan usar servicios como el del Centro Princesa Letizia para alojarse.

En primer lugar, lo que se quiere es posibilitar que se pueda trasladar, «con la legalidad», a esas personas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para poder evaluar si tienen algún tipo de trastorno mental y definir la forma de ayudarles.

La alcaldesa, Gema Igual, ha agradecido los compromisos que asume el nuevo Ejecutivo y ha considerado «muy fructífera» esta reunión, en la que también han participado el director general de Seguridad y Protección Ciudadana, Héctor Moreno, y el concejal de esta área, Eduardo Castillo.