La aciaga historia de los dos navieros santanderinos más importantes

El miedo a verse en una cárcel guatemalteca ha llevado a los navieros santanderinos Ángel y Álvaro Pérez-Maura a una situación aún más compleja. Para tratar de evitarlo, aceptaron la mediación del comisario Villarejo, a pesar de sus disparatadas pretensiones económicas (10 millones de euros, que han acabado sido más), y cuando Villarejo fue procesado por otras prácticas irregulares su caso ha acabado aflorando y les ha llevado a ser detenidos por cohecho y cohecho internacional. Un asunto que les va a retener en España pero que no despeja el procedimiento judicial de origen: el supuesto soborno con 30 millones de euros al expresidente de Guatemala, por el que son reclamados por los juzgados de aquel país.

Los navieros más importantes de Cantabria, los hermanos Pérez-Maura García-Botín, viven una de las experiencias más amargas de su vida. Después de ser acusados por sobornos al presidente de Guatemala para adjudicarse una terminal marítima en aquel país, y de ser desplumados por el excomisario José Villarejo, quien supuestamente iba a conseguir que el expediente de extradición a aquel país se paralizase, se han visto procesados y detenidos por el juez que instruye el caso del expolicía. La caída de Villarejo ha arrastrado a algunos de sus clientes, entre ellos, los hijos de Elena García Botín.

La alta burguesía de Santander no pudo imaginar que llegarían tiempos como los actuales, y que dos hijos de la exdiputada popular Elena García-Botín y del naviero Ramiro Pérez-Maura, tempranamente fallecido, podrían pasar por los calabozos y vivir una experiencia judicial como la que están viviendo. Pero ni ellos ni otras personas vinculadas con Cantabria, como José Miguel Villar Mir o su yerno, López Madrid, presidente de Ferroatlántica, se libran de la tormenta desatada en torno a Villarejo.

Los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, propietarios de la naviera Pérez y Cía, de varias terminales marítimas y de Remolcadores Unidos (RUSA) entre otras muchas sociedades, que les hacen figurar entre las familias más adineradas de España, se encontraron en una posición muy incómoda cuando la fiscalía especial contra la corrupción de Guatemala (CICIG) descubrió que presuntamente habían pagado 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del país Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para asegurarse el contrato de construcción y gestión de una terminal de contenedores en la zona de Quetzal, un punto clave en la costa del Pacífico.

La orden de detención emitida por los juzgados guatemaltecos pilló a los hermanos Pérez-Maura fuera del país, pero no al delegado local de la compañía, Juan José Suárez Meseguer, que fue detenido por la policía del país y enviado a prisión provisional. Los dos hermanos, que nunca habían tenido un problema judicial y que han mantenido un perfil público tan bajo que prácticamente no circulan fotografías de ellos, empezaron a preparar una estrategia para evitar la orden de detención en España, que inevitablemente iba a emitir el juez guatemalteco, y se pusieron en manos del excomisario Villarejo, que les dio todo tipo de garantías de que soslayarían la tramitación de la orden de extradición cuando llegase, gracias a sus influencias en los juzgados españoles. Incluso se ofreció para paralizar la causa en Guatemala, conseguir más tarde que se archivase y la libertad de Suárez Messeguer. Para todo ello pedía unas cantidades muy importantes de dinero con las que, además de su comisión, iba a regar los bolsillos de cuantos supuestamente iban a colaborar a parar el asunto tanto en España como en Guatemala.

Atrapados por una situación endiablada

Los Pérez-Maura, atrapados en una situación endiablada, cedieron ante las pretensiones del entonces comisario en activo, al que accedieron a través de un conocido, el empresario inmobiliario Adrián de la Joya, que le ha servido a Villarejo para captar a varios clientes más.

No solo se estaban jugando su propia libertad sino que el procedimiento judicial ponía en peligro la mayor operación económica de su compañía. Habían vendido varias concesionarias, incluida la del puerto guatemalteco, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), a APM Terminals, propiedad del gigante danés Maersk, por 900 millones de euros. El acuerdo entre ambas compañías especificaba que TCQ estaba libre de cargas y el proceso judicial por corrupción cambiaba radicalmente las cosas, ya que bloqueaba el desarrollo de la terminal y ponía en duda su futuro, por lo que Maersk se negó a completar el pago.

Los Pérez-Maura tomaron una decisión desesperada, la de aceptar el ofrecimiento de Villarejo, lo que no ha hecho sino empeorar las cosas. El comisario cobró de los hermanos 4.840.000 euros en un pago inicial cuando la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, algo que el comisario justificó como resultado de sus gestiones, aunque en realidad esa es la operativa habitual, en primera instancia, cuando el reclamado por un país extranjero es nacional español.

A partir de ese momento, Villarejo fue recibiendo pagos regulares y algunos otros extraordinarios, supuestamente para engrasar a quienes debían tomar las decisiones en Guatemala, además de pagar agencias de lobby y comunicación en España, EE UU y el país centroamericano, que deberían contribuir a crear una opinión pública favorable para los navieros santanderinos.

En total, entre diez y quince millones de euros pagados a Villarejo, la mayor parte de los cuales se los pudo quedar él mismo y que, tras descubrirse los muchos asuntos turbios que el comisario manejaba de forma paralela a su cargo oficial, se han convertido en una pieza judicial separada, que ha llevado a la policía a detener a los dos navieros. Después de un maratoniano interrogatorio fueron puestos en libertad provisional bajo fianza: 750.000 euros para Ángel Pérez-Maura, 500.000 euros para Álvaro Pérez-Maura y De la Joya y 200.000 para Soucheiron y Maestre.

Son cantidades importantes pero menores para unos empresarios que, según empieza a deducirse del sumario, han podido abonar a Villarejo y su entorno más de 15 millones de euros, a través de 41 transferencias realizadas a dos de sus empresas (7,5 millones), a sociedades vinculadas presuntamente con el abogado Enrique Maestre y con Adrián De la Joya (otros siete millones) y medio millón más para el pago de la defensa de los empleados de la naviera en Guatemala.

Todo ello ha deparado un problema muy incómodo para los Pérez Maura, que no ha hecho más que complicarse a medida que pasaba el tiempo.