El PP y Vox solicitarán al Gobierno que derogue la Ley de Memoria de Cantabria

El Grupo Popular ha sacado adelante este lunes con sus votos una iniciativa de Vox mediante la que el Parlamento cántabro insta al Ejecutivo regional (PP) a presentar «a la mayor brevedad» un proyecto de ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE.

Durante el debate de la iniciativa regionalistas y socialistas han defendido que esta norma busca «justicia» y dar cobertura legal «a todos los que sufrieron» en el periodo que va desde la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, ya que «no habla de bandos, de vencedores ni vencidos».

Por el contrario, PP y Vox han opinado que se trata de una ley «parcial y sectaria» que distingue entre «víctimas de primera y de segunda». Eso sí, creen que se debe elaborar una nueva norma que conserve de la actual el derecho de los cántabros a recuperar los restos de sus familiares, «sean del bando que sean».

Los diputados de PP y Vox suman mayoría frente a los de PRC y PSOE –19 frente a 16–, por lo que ha salido adelante la petición de la Cámara al Gobierno para que elabore su proyecto de ley. Una aprobación que algunos ciudadanos que se encontraban como público en el pleno han denunciado gritando en el Hemiciclo.

«¡Da vergüenza!», han manifestado, lo que ha llevado a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, a pedirles que «respeten las opiniones de todo el mundo» y que abandonen el Hemiciclo, algo que ya les había solicitado momentos antes cuando han aplaudido al término de las intervenciones de los portavoces del PSOE y del PRC, ya que este gesto está prohibido en el Parlamento.

La diputada de Vox Leticia Díaz ha sido la que ha defendido la proposición no de ley que ha salido adelante gracias al respaldo de los ‘populares’. En su intervención, ha señalado que la actual es «una ley de revancha» que «omite por completo» a las víctimas del Frente Popular.

«El dolor no tiene bandos», ha sentenciado, defendiendo que «se debe satisfacer la justa demanda de las víctimas con independencia de su credo». Además, ha opinado que la Ley de Memoria de Cantabria «nunca se habría aprobado si hubiera dependido de los que sufrieron la guerra».

En la misma línea, el ‘popular’ Iñigo Fernández ha sostenido que la norma «nació muerta» por ser «sectaria» y aprobarse «sin diálogo», ya que asegura que su grupo presentó enmiendas que PRC y PSOE «ni leyeron».

En su opinión, «distingue entre víctimas de un bando y de otro», busca «enfrentar a los cántabros» y «riega de dinero público solo a las asociaciones memorialistas de un lado».

«AL LADO DE LA DERECHA MÁS ANTICONSTITUCIONAL»

Frente a ello, el PRC ha acusado al PP de situarse al lado «de la derecha más anticonstitucional», «con Vox y las víctimas de un lado», en lugar de «con las víctimas de los dos lados», como a su juicio podría haber hecho apostando por modificar la ley en lugar de derogarla.

Y es que el regionalista Pedro Hernando ha asegurado que esta ley ya da cobertura legal «a todos los que sufrieron en esa época y no fueron reconocidos», y entiende que «decir que hay un periodo que queda fuera es faltar a la verdad». «La ley no habla de bandos, de vencedores ni vencidos. Habla de personas, de víctimas».

Finalmente, el socialista Mario Iglesias ha lamentado que sería «impensable» que una iniciativa así se debatiera en países como Italia, Alemania o Portugal, y ha denunciado que proceda de un partido en cuyas filas hay «abiertos defensores del régimen franquista», y que «niega el reconocimiento a las víctimas diciendo que supone reabrir heridas».

Además, ha subrayado que los primeros restos que se exhumaron en Cantabria con esta ley fueron los de un alcalde pedáneo de Liébana asesinado por los maquis. «Dejen de decir que solo es para víctimas de un bando. Es un tema de justicia», ha sentenciado, añadiendo que «7.000 familias cántabras no saben donde tienen enterrados a sus muertos» y que España es el segundo país con más fosas comunes solo por detrás de Camboya.

EL PARLAMENTO RECHAZA LA AMNISTÍA

Por otra parte, el Pleno ha aprobado, con los votos en contra del PSOE, una proposición no de ley del PP para rechazar la amnistía y las negociaciones que el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, está llevando a cabo con los partidos independentistas catalanes en este sentido.

Para los populares, no hay consenso social para abrir un proceso que «genera rechazo» entre los españoles, que es «un fraude, un engaño y rompe el consenso de la Constitución». «Es lo que persigue el 6% de independentistas y Pedro Sánchez lo sacrifica todo», ha denunciado el diputado Íñigo Fernández, para quien una amnistía y un referéndum de autodeterminación «no se pueden sacar por un voto: eso es pisotear la democracia».

Tanto socialistas como regionalistas han coincidido en que la iniciativa es una «cortina de humo ante la investidura fallida de Feijóo» –en palabras del diputado del PSOE, Pablo Zuloaga– y «el eje de una fallida investidura», según el portavoz del PRC, Pedro Hernando, así como en el hecho de que no existe ninguna iniciativa sobre la amnistía.

En este sentido, Zuloaga ha calificado la propuesta de «pantomima» y ha recordado las que sí aprobaron los presidentes populares José María Aznar y Mariano Rajoy.

Los regionalistas, por su parte, han votado a favor porque defienden la Constitución, aunque ha dicho estar tan en contra de los independentistas de Junts como del centralismo de Vox. Partido, este último, que ha apoyado la propuesta popular.

LEGALIDAD EN CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

En otro orden, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley del PRC para el «cumplimiento estricto de la legalidad» en la Administración y sector público, en concreto, para que en el PP «rectifiquen» su «incumplimiento» de la Ley de Transparencia y la Ley de Igualdad, cuestión que los populares han negado.

En concreto, el diputado regionalista Javier López Marcano, ha denunciado que se ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público en los procedimientos de selección de 12 altos cargos en cuanto a méritos y capacidad pues «el único requisito» que se ha pedido es haber ostentado algún cargo de representación o dirigido grupos de trabajo, según Marcano, para quien cualquier concejal sin formación para el puesto «puede ser director general».

También ha denunciado que en consejos de administración no se ha cumplido la Ley de Igualdad, como en el caso de Cantur, donde de los diez consejeros, ocho son hombres y dos mujeres. «En igualdad, ni un paso atrás», ha reivindicado.

El diputado popular, Miguel Ángel Vargas, ha acusado a los regionalistas de ir al Parlamento a «generar dudas» e «incetidumbres» cuando «no ha pasado nada de lo que dicen» pues el PP «se somete al imperio de la ley por convicción».

En relación al Estatuto del Empleado Público, ha replicado que el PRC ponía por delante cuando estaba en el Gobierno la «valía» de ser de este partido antes que, por ejemplo, director del zoo de Nueva York. Y sobre la paridad en Consejos de Administración, ha señalado que la presidenta de Cantabria, la presidenta del Parlamento y la alcaldesa de Santander son mujeres. Unas respuestas sin argumentos contra estas denuncias, a juicio de Marcano.