El Ejecutivo regional pagará las indemnizaciones por daños de lobo atrasadas por la aseguradora
El Gobierno de Cantabria (PP) creará una partida económica para pagar a los ganaderos las indemnizaciones por daños de lobo que la compañía aseguradora tiene atrasadas del año 2022. Además, tiene previsto que la Administración se haga cargo de aquellas compensaciones que la aseguradora no abone en un plazo de seis meses desde que se aprueba el expediente.
Igualmente, estudiará la posibilidad de elevar de 5 a 15 días los plazos para la aportación documental para demostrar los ataques, tal y como ha dicho la diputada ‘popular’ María Belén Ceballos en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que se ha aprobado por unanimidad una iniciativa para agilizar el pago de estas ayudas a los afectados.
La moción, impulsada por Vox, pedía modificar el procedimiento de pago para que los ganaderos reciban de inmediato las ayudas tras sufrir un ataque y, si posteriormente se confirma que la indemnización no es procedente, pedirles su devolución. Sin embargo, la iniciativa ha sido aprobada con una enmienda transaccional acordada con el PP que ha eliminado esta premisa.
En su lugar, se ha cambiado por que sea la administración la que pague si la aseguradora no lo hace en seis meses.
Además, con ella la Cámara también insta al Gobierno de Cantabria a ajustar la cifra de la póliza de seguros a las «necesidades reales» para cubrir las indemnizaciones teniendo en cuenta el baremo vigente y los daños que se prevén.
En este sentido, el diputado de Vox que ha defendido la moción, Armando Blanco, ha llamado a plantearse si la cuantía prevista de 1,3 millones es suficiente teniendo en cuenta que crecen los ataques.
Al hilo, la portavoz del PP ha detallado que en 2022 se produjeron 2.346 muertes de animales a causa de más de 1.700 ataques de lobo y en lo que va de 2023 ya son más de 2.000 sin tener en cuenta todos los «imposibles de demostrar».
Además, ha incidido en que en los años 90 había solo tres manadas en la comunidad y en 2022 ya eran 20, por lo que ha lamentado que en los próximos años habrá «más de 22 familias de lobos campando por toda Cantabria, matando a nuestros animales e incluso a nuestros perros».
Igualmente, el diputado regionalista Guillermo Blanco, que fue consejero de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente la pasada legislatura, ha destacado que el coste de la póliza de la aseguradora ha crecido desde que llegó al cargo de 800.000 euros a 1,2 millones actuales, además de que el baremo para el pago de daños se actualizó y es «el máximo» del territorio nacional.
Así, los grupos han apoyado esta moción para agilizar el pago de indemnizaciones conscientes de que «no solucionará el gravísimo problema» de los ganaderos con el lobo, ya que para ello ven «urgente» sacarlo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Así lo han señalado PP, PRC y Vox, mientras que el PSOE ha abogado por «la cohexistencia de la protección del medioambiente» con el apoyo al sector ganadero. «No por eso somos unos radicalistas y unos ecologistas trasnochados», ha respondido la diputada Eva Salmón a las acusaciones de Vox.
Esta moción ha sido el primer punto del orden del día del Pleno de hoy, que ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos este fin de semana en el incendio de una discoteca en Murcia.
ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Además, en la sesión se ha debatido una proposición no de ley (PNL) de Vox que ha sido rechazada al no contar con el apoyo de ningun otro grupo, ya que pedía que el Gobierno no diera ayudas económicas que puedan servir para implantar las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Santander y Torrelavega.
Para Vox, esta medida –que consiste en limitar el acceso de tráfico rodado al centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes para reducir la contaminación– provocará que el comercio «se resienta», cuando es «innecesario» aplicarla en los dos municipios cántabros afectados porque sus niveles de calidad del aire ya son «buenos», por debajo de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha defendido Natividad Pérez.
Sin embargo, PP, PRC y PSOE han sostenido que se trata de una normativa de obligado cumplimiento, además que de que han criticado la política de Vox encaminada a trasladar a los ciudadanos que «el cambio climático no existe.
El diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha advertido que «los primeros perjudicados si no cumplimos la ley serán los ciudadanos», y ha considerado que la PNL «no tiene sentido alguno» ya que supondría someter a estas dos ciudades a una «falta de apoyo» por parte del Gobierno si cumplen esa normativa.
También lo ha señalado así el diputado del PP y portavoz del partido en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, quien defiende estudiar la posibilidad de sumarse a las ciudades que han pedido al Gobierno central exenciones para cumplir con las ZBE porque coincide en que van a generar «un perjuicio», pero reconoce que «no podemos echarnos la manta a la cabeza y decir que no vamos a cumplir la normativa».
Finalmente, la socialista Eugenia Gómez de Diego ha rechazado el «negacionismo» de Vox y ha opinado que la transición ecológica es una «oportunidad» para la sociedad y las empresas y es «compatible con el desarrollo económico».
