Los promotores piden suelo para construir VPO
Los promotores aseguran que si los ayuntamientos les ceden suelo, ellos también construirían VPO como lo está haciendo la empresa pública Gestión de Viviendas de Cantabria. En su intervención de fin de año, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Fidel González Cuevas, ha recordado que cada año se forman en España 350.000 nuevas familias. En la mayoría de los casos, por no tener una vivienda previa en propiedad, su acceso al mercado libre es muy difícil y sólo el 10% de esas parejas puede aspirar a conseguir una vivienda de protección.
González Cuevas se muestra convencido de que hay bastantes empresarios privados dispuestos a volver a la VPO, de la que prácticamente están ausentes desde hace una década, si las condiciones en que pueden construir y vender son más realistas. En su opinión, es en este mercado donde se concentra la mayor parte de la demanda que aún está por satisfacer. Calcula que para un 60% de los potenciales compradores de vivienda es imprescindible la VPO, lo que supondría una demanda anual de 200.000, suficientes para mantener la actividad en el sector en momentos difíciles. Sin embargo, en el último año sólo se iniciaron en España 45.769 viviendas protegidas, de ellas 96 en Cantabria.
A los problemas que tradicionalmente se han asociado a esta situación (matrimonios más tardíos, dependencia familiar, etc.) González Cuevas añade uno nuevo para estos jóvenes y para las familias con menos disponibilidad ahorrativa que quedan fuera del mercado de la vivienda: “la evolución alcista de los precios ha generado un nuevo tipo de desigualdad, entre quienes no tienen vivienda en propiedad y quienes la tienen”.
La subida en los impuestos
El presidente de los promotores y constructores cántabros es muy crítico con la subida del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados decidida por el Gobierno de Cantabria y que tienen una especial incidencia en la vivienda. La elevación de los tipos del 0,5% al 1% puede dar lugar, en su opinión, a una subida del 4% en el precio final de una vivienda, dado que el impuesto se devenga en varias ocasiones a lo largo de todo el proceso de promoción: al escriturar la compra de los terrenos, al hacer las agrupaciones y segregaciones de parcelas, en la declaración de obra nueva, la de propiedad horizontal, al formalizar el préstamo hipotecario para financiar la promoción, en la división de la propiedad…
Los promotores son conscientes de la situación desproporcionada a la que han llegado los precios de la vivienda y proponen medidas para corregirlo que en casi todos los casos incumben a la Administración. La primera de ellas es reducir los plazos y trámites de la gestión urbanística ya que ahora mismo, desde que se planifica un suelo hasta que se concluye una promoción pasa una media de ocho años, según sus cálculos.
En su opinión, las autonomías deben limitar los suelos a los tres tipos previstos en la Ley nacional de 1998: urbano, urbanizable y no urbanizable. Los constructores consideran paradójico que mientras el Gobierno nacional ha apostado por la liberalización, las autonomías sigan legislando en sentido opuesto y critican con dureza que los ayuntamientos exijan cesiones de suelo, pero se nieguen a abordar los costes de urbanización de la parte que reciben.
Proponen que las cesiones obligatorias de suelo se destinen a la finalidad para la que están previstas: edificación de viviendas protegidas, suelo industrial, equipamientos, etc. en lugar de ser utilizadas de forma especulativa por los ayuntamientos.
Otra de las sugerencias destinadas a paliar la insuficiencia de suelo urbano es estimular la rehabilitación de edificios, con una normativa más realista que la actual.
