Empezar fuerte
Los gobiernos tienen cuatro años de crédito para poner en marcha aquello que prometen y suelen dejan para el final lo más complicado o, simplemente, lo ‘olvidan’. Al contrario que sus consejeros, a los que les está costando desperezarse, María José Saenz de Buruaga ha empezado fuerte, por la reforma fiscal, en línea con las instrucciones emanadas por su partido desde Madrid, pero ni le va a resultar fácil ni le va a hacer cómodos sus cuatro años de gobierno. Rebajar la fiscalidad desde el primer ejercicio, al tiempo que apuesta por unos Presupuestos equilibrados y por amortizar 50 millones de deuda parece la cuadratura del círculo. Y lo será mucho más cuando se vea obligada a negociar el blindaje de la privilegiada posición de Cantabria en el reparto de la financiación autonómica (es la comunidad con mejor dotación por habitante), porque no parece fácil convencer a otro para que te dé lo que tú vas a dejar de recaudar.
Tampoco será sencillo defender en Madrid que la dispersión poblacional de nuestra región nos obliga a gastar más dinero para prestar los mismos servicios al tiempo que reformamos la Ley del Suelo para que se multipliquen esos casos de viviendas aisladas. Y no estamos ante un asunto menor, que diría Rajoy: Con la reforma fiscal que propone Buruaga su Gobierno se juega 90 o 100 millones de euros al año (un 2% del presupuesto), pero si no conseguimos convencer a cuantos intervienen en el reparto de que la financiación estatal para Cantabria ha de seguir muy por encima de la media, nos jugamos la autonomía. No hay posibilidad alguna de mantener la carísima maquinaria que hemos creado sin esa sobrefinanciación.
Discutir si los impuestos han de subir o bajar por una mera cuestión de principios tiene poco sentido. Los impuestos recaudan en función de la situación económica y, por tanto, debieran adaptarse a esa realidad. Cuando Rajoy llegó al Gobierno en 2011 prometiendo una sustancial rebaja, el vértigo del déficit le llevó a subirlos, dejando en evidencia a sus ministros, que defendían que bajar los impuestos acababa por aumentar la recaudación. Y cuando la efímera premier conservadora británica Liz Truss llegó al poder y presentó una drástica rebaja fiscal, quienes se levantaron en armas fueron las grandes empresas de su país que, asustadas por las consecuencias, la obligaron a autorectificarse y a marcharse a casa. Los impuestos nunca son una mera cuestión de principios por los cuales la izquierda está obligada a subirlos y la derecha a bajarlos. Absorben la mitad de la riqueza que genera un país y por tanto, son la herramienta más potente para actuar como atenuador de las diferencias sociales pero también de los ciclos económicos, y esos tienen poco de ideológico.
La decisión de Buruaga palía algunas desmesuras en la fiscalidad que pesa sobre la compraventa de viviendas, incluido el discutible impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que impone una cuantía disparatada por la mera tramitación de unas escrituras, y el PP debería llevar esta misma política a sus ayuntamientos, donde también hay muchos gravámenes discutibles.
La parte más polémica es la decisión de rebajar los tipos del IRPF sin diferenciar entre quienes ganan más y quienes ganan menos, algo que hará que se ahorren mucho más dinero los contribuyentes con altos ingresos. Y la parte más paradójica es la supresión del Impuesto de Patrimonio. En teoría, nos igualará a las comunidades que compiten deslealmente, como Madrid, pero mientras el Gobierno nacional mantenga el impuesto sobre las rentas altas, diseñado para no dejar escapar las que se han encuentran en esas comunidades, en Cantabria se seguirá pagando, pero ahora la recaudación se la llevará el Estado.
Bajar los impuestos sin rebajar sensiblemente el gasto público es un desideratum, y no hay visos de que el nuevo Gobierno regional tenga intención de meter la tijera, porque Buruaga ha asumido con entusiasmo los proyectos y políticas sociales que ha heredado. La única posibilidad está en adelgazar la Administración, que consume un 40% de los Presupuestos, y se va a perder una oportunidad histórica. Estamos a las puertas de jubilaciones masivas, las de quienes entraron con la llegada de la autonomía, y si no se aprovecha esa circunstancia para un rediseño a fondo de todos los puestos de trabajo, adaptándolos a los servicios que se prestan al ciudadano y a las tecnologías que hoy existen, no se hará jamás.
Alberto Ibáñez
