Arca asegura que la modificación de la Ley del Suelo acabará para siempre con el suelo fértil

La asociación Arca considera que la modificación de la Ley del Suelo prevista por el Gobierno de Cantabria (PP) «extremará la agresión al medio rural» y «acabará para siempre» con el suelo fértil de la comunidad.

Sostiene, además, que dicha modificación «no se hace considerando el interés general», sino que «está dirigida exclusivamente a facilitar y promover la especulación inmobiliaria».

En un comunicado, Arca señala que la anunciada política del Gobierno de «ampliar aún más» la posibilidad de construir viviendas unifamiliares dispersas en suelo rústico, «consolidará la destrucción definitiva» del suelo fértil de Cantabria.

Según la asociación, se trata de una decisión que «aumenta los errores» del gobierno anterior (PRC-PSOE), ya que «ni fija población, ni es sostenible económica y territorialmente», y convertirá los pueblos en núcleos «desdibujados y desordenados», a costa de «destruir para siempre el potencial económico agropecuario y paisajístico».

A su juicio, los argumentos dados por el consejero de Fomento, Roberto Media, para justificar esta política «contradicen» lo que está sucediendo en realidad e «ignoran» los conceptos básicos de la ordenación del territorio y la normativa nacional y europea.

Así, indica que el consejero defiende un «crecimiento controlado», cuando precisamente construir en un tipo de suelo como el rural «es en sí mismo un acto esencial de desorden y descontrol».

Además, según Arca, Media argumenta que no modificar la actual ley supone «condenar a los municipios a la paralización de su desarrollo», cuando «identificar desarrollo con construcción» es convertir los prados y mieses «en meros solares para construir».

En este sentido, considera que el consejero «se olvida» de que el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales «siempre» se ha basado en las actividades agroganaderas, forestales y derivadas, en las que el turismo «puede tener una función complementaria».

Para Arca, también es «absolutamente falso» que la prohibición de construir en suelo rural impediría la tradicional construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, porque el poblamiento tradicional en Cantabria se ha venido realizando mediante la concentración de viviendas en núcleos o barrios, que suelen estar separados entre sí.

«Pero nunca se han construido casas en las mieses o prados, por ser la despensa y el medio de subsistencia de sus habitantes, del cual dependían», recalca.

La asociación señala también que la ley vigente de 2012 a 2022 «hizo posible» que mientras en el suelo urbano se construyeron en ese período «3.000 viviendas», en el rústico fueran «en torno a 1.500», es decir «la mitad» de las construidas en suelo urbano.

«Esta anomalía muestra un desequilibrio único en España, resultado del fracaso deliberado de la planificación urbanística en nuestra región», señala Arca, para la que esta situación ha provocado «numerosos debates públicos» en los últimos años, generando «por primera vez un creciente interés entre la sociedad».

Debate que, a su juicio, el consejero y su Gobierno «pretenden deliberada e interesadamente ignorar».

Según la asociación, la supuesta generación de actividad económica, «sólo es durante el tiempo que dura la construcción», puesto que cuando esta acaba «se acaban la actividad y el empleo, y solo quedan los gastos de gestión municipal y servicios, que pagamos todos».

«El mito de que la construcción en suelo rústico fija población en los entornos rurales es falso y pretende confundir», agrega, ya que «llenar las mieses y prados de casas mayoritariamente vacacionales, no sólo no fija población, sino que convierte a los núcleos rurales en pueblos fantasma llenos de casas vacías, sólo ocupadas temporalmente en períodos vacacionales».

Por todo ello, concluye que la modificación que pretende el Gobierno «no se hace considerando el interés general de toda la comunidad de Cantabria, como cabría esperar de un gobierno responsable, sino que está dirigida exclusivamente a facilitar y promover la especulación inmobiliaria al servicio de una minoría de particulares locales».