El TSJC suscribe el rechazo de las asociaciones judiciales al pacto PSOE-Junts
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado, por unanimidad, suscribir el comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en el que muestran su «rechazo» por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias.
Según dice el documento, «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
A su juicio, «ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». «Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución», defiende el texto.
«Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del poder judicial, no son aceptables. El poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», concluye.
Además, en la reunión ordinaria celebrada este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha adherido a los comunicados emitidos por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Asociación de Fiscales, Jueces decanos y Presidentes de Audiencias Provinciales, Letrados de la Administración de Justicia, Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid y Colegio de la Abogacía de Cantabria.
