Sector pesquero y Administración creen que el Convenio 188 de OIT será un elemento diferenciador de la flota

El sector pesquero y la Administración Pública han coincidido en que el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en el sector pesquero, que entrará en vigor el próximo 29 de febrero, será un elemento diferenciador del compromiso social de la flota española en el mundo, según informa en un comunicado.

En concreto, así lo han manifestado en la jornada técnica organizada por la Asociación de Organizaciones de Productores Pesca España, que ha reunido a representantes del sector pesquero y a los tres organismos implicados responsables de controlar el cumplimiento del convenio.

El Convenio 188 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es el conjunto de normas mínimas que regula las condiciones laborales en el sector pesquero. El texto recopila parte de las normas internacionales que garantizan las condiciones de vida y de trabajo para el sector pesquero y cuyo objetivo es fomentar la calidad del empleo en las flotas y su aprobación implica que España se adhiere a los estándares laborales más elevados para los pescadores, para garantizar que disfrutan de condiciones dignas de empleo y de vida a bordo de los buques pesqueros.

En abril de 2022 el Congreso de los Diputados respaldó por unanimidad la adhesión de España al C188. En febrero de este año se realizó el depósito de los instrumentos pertinentes en la sede de la OIT en Ginebra, y en abril se publicó el instrumento de adhesión al convenio por parte de España, que ha sido sido la última potencia pesquera europea en ratificar este tratado, acordado por 437 naciones en 2007. En Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Francia o Italia, entre una lista de 21 partes, ya está en vigor.

El director de la Oficina de la OIT para España, Félix Peinado, ha apuntado que la ratificación de este convenio ayudará a crear condiciones de competencia justa entre países y recordó que, en el mundo, más de 15 millones de personas trabajan a tiempo completo en la actividad pesquera y que se calcula que 128.000 personas lo hacen en condiciones de trabajo forzoso.

Por su parte, Silvia Solís, subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también presente en la jornada, ha destacado que el convenio aúna la dispersión normativa en materia laboral que había enEspaña y cómo el propio sector siempre ha «empujado» para ahondar y avanzar en esta materia.

El presidente de Pesca España, Javier Garat, ha trasladado a laAdministración Pública su compromiso de colaboración en materia sociolaboral de los trabajadores, pero también la ha apremiado a defender el level playing field de la flota y la europea frente a otras, como la asiática que, con unos bajos estándares de calidad enesta materia, introducen con facilidad sus productos en la UE.

Garat también ha expresado a los representantes de la Administración la inquietud del sector al no haberse desarrollado todavía el marco normativo que guiará el control de cumplimiento del Convenio recogido enel borrador del Proyecto de Real Decreto de 6 de julio de 2021.

En este sentido, todos los representantes de la Administración Pública manifestaron que la obtención del certificado de cumplimiento no ha de suponer ningún problema para la flota dados sus altos estándares en los aspectos sociolaborales de sus trabajadores.

Por su parte, el gerente de Pesca España, Antonio Nieto, reafirmó el compromiso de las organizaciones asociadas con los derechos laborales. «Un compromiso que va más allá y que habla de cómo la pesca cuida de sus trabajadores, por lo que tenemos que ser capaces de comunicar los avances y esfuerzos de un sector que mira al futuro para asegurar el bienestar de todas las tripulaciones y trabajadores», ha subrayado.