Los asesores cántabros piden correcciones en varios tributos

El colectivo que agrupa a la mayor parte de los asesores cántabros es consciente de que crear nuevos impuestos, aunque sea técnicamente posible, implica un desgaste político evidente, y sugieren a los partidos aprovechar las competencias que ha asumido la autonomía en materia fiscal y las que tienen los ayuntamientos para hacer retoques en algunos de los impuestos que tutelan con el objeto de mejorarlos técnicamente o para beneficiar a algunos colectivos.
Después de la práctica extinción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las transmisiones mortis causa cuando se trata de los familiares más allegados al fallecido, los asesores cántabros ponen de relieve la paradoja que supone que ahora resulte más caro liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de cualquiera de los bienes inmuebles heredados (lo que se conoce como Plusvalía Municipal) que todo el conjunto de la herencia.
Es comprensible que se haya producido esta circunstancia, dado que el Gobierno no puede actuar sobre este impuesto, de carácter municipal, pero los asesores consideran que los ayuntamientos deben proceder ahora a reformar este tributo para resolver una paradoja incongruente, estableciendo una bonificación del 95% en las transmisiones por causa de muerte entre padres e hijos y entre cónyuges, algo que por el momento sólo ha hecho Bezana.
Para evitar una merma sensible en los ingresos municipales, los asesores optan por una propuesta moderada, el limitar la bonificación al impuesto devengado por la vivienda habitual del fallecido.

Aumentar la deducción por vivienda

En los tributos estatales cedidos, los asesores proponen retocar las deducciones en el tramo autonómico del IRPF para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. En concreto, sugieren incrementar la deducción por adquisición de vivienda habitual hasta el límite máximo del 50% en la parte autonómica cuando el adquirente sea menos de 30 años, se trate de una familia numerosa o tenga una minusvalía superior al 65%. También se debiera aplicar, en su opinión, cuando la vivienda esté ubicada en municipios rurales deprimidos donde sea aconsejable evitar nuevas pérdidas de población, o para conseguir el retorno a Cantabria de personas de la región que se vieron obligadas a emigrar.
Con estas medidas de acceso a la vivienda, los asesores fiscales cántabros creen que se podría mejorar el equilibrio territorial y estimular la emancipación real de los jóvenes, lo cual tendría un efecto inmediato sobre la procreación y contribuiría a resolver el problema de relevo generacional que ha producido el bajísimo número de nacimientos.
En su propuesta a los partidos políticos, recomiendan que el porcentaje de deducción por compra de vivienda habitual en el tramo autonómico sea del 7,425% en vez del 4,95% general y cuando se emplee financiación ajena del 12,375% en los dos primeros años y del 9,% los restantes.

Aumentar el mínimo exento en Patrimonio

Los asesores también proponen correcciones al Impuesto sobre el Patrimonio, uno de los que tradicionalmente ha sido más criticado por sus carencias técnicas. Este impuesto, cuyo rendimiento íntegro está cedido a las autonomías, siempre tuvo una vocación más controladora que recaudadora. Quizá por eso, nunca llegó a ser perfeccionado, “y se ha convertido en un castigo para los contribuyentes ahorradores”, en opinión de los expertos, “ya que no toma en consideración las circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo” es decir, que sólo tiene en cuenta la cuantía de su patrimonio, pero incluso en este mecanicismo es contradictorio, al quebrarse el principio de igualdad en virtud del tipo de bienes que componen el patrimonio. Los asesores ponen como ejemplo que alguien con unos ahorros de 270.000 euros en depósitos bancarios o fondos de inversión obtenidos del trabajo o de una actividad económica, tributará en una escala progresiva del Impuesto sobre Patrimonio, mientras que si posee quince pisos y cinco locales comerciales con un valor cinco veces superior, y los mantiene alquilados de forma empresarial no tendrá que pagar nada.
Se quejan, además de que este impuesto es el más alto de la Unión Europea, con un tipo marginal (máximo) del 2,5%, cuando la media de los 15 países de la UE es de tan sólo el 0,3%, y sólo en cinco se mantiene ya.
Los asesores piden que se aumente el mínimo exento por obligación personal (actualmente 108.182 euros) y pase a 270.455 (45 millones de pesetas), siempre que se trate de personas con domicilio fiscal en Cantabria, y con independencia de su nacionalidad.
Esta adaptación, según Rodolfo Rodríguez Campos, iría en concordancia con la decisión que ha tomado el Gobierno de suprimir en la práctica el Impuesto de Sucesiones, dada la alta correlación entre ambos conceptos tributarios.

Actos Jurídicos

En cuanto al gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados, que el Gobierno autonómico ha elevado recientemente del 0,5% al 1%, para compensar el descenso de recaudación por Sucesiones, los asesores fiscales proponen unas matizaciones notables, dado que se trata de un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
Aunque el Ejecutivo cántabro estableció un tipo reducido del 0,3% cuando se trata de protocolizar la adquisición de vivienda habitual por parte de familias numerosas, menores de 30 años o disminuídos físicos, los asesores estiman que el 0,3% debe aplicarse también en la documentación de los préstamos hipotecarios contratados con este fin, dado que en la situación actual, estos colectivos no sólo no pagan menos que antes, sino que pagan más, habida cuenta que prácticamente todos financian su vivienda con un préstamo hipotecario, que no sólo cubre el valor del bien, sino que incluye los intereses, indemnizaciones y otras cantidades estipuladas en la garantía.