La polémica de los sueldos
Los problemas de Cantabria no pueden ser muy graves si basta con que cambie el Gobierno regional para que los empresarios pasen en solo unos meses de considerar mala la situación política de la comunidad (3,4 de puntuación) a verla bastante bien (6,3). Son los resultados de la encuesta que realiza anualmente la Empresa Familiar y, a la vista de que aún no se le pueden atribuir méritos especiales a los nuevos gobernantes, parece claro que lo que se valora es el cambio de caras. También ha mejorado su opinión sobre la economía regional, a pesar de las serias sombras que han surgido este otoño sobre varias fábricas que son puntales en el sostenimiento de la región, de lo que hay que deducir que los empresarios le dan un amplio voto de confianza a la presidenta Sáenz de Buruaga o no son conscientes de lo que viene, con graves incertidumbres en el Grupo Celsa, Reinosa Forgings & Casting, Gamesa, Teka o Amica, una asociación que necesita un apoyo público decidido e inmediato, porque nadie entendería que sus cientos de trabajadores y otros cientos de personas con alguna discapacidad que son beneficiarias de sus centros y atenciones quedaran desprotegidos.
Por el momento, la calle está más pendiente de otros temas y Buruaga lo comprobó al hacer públicos sus Presupuestos para 2024. Una hora después, ya nadie hablaba de otra cosa que no fuese la subida del 20% en los salarios del Gobierno, aunque apareciese camuflada entre las miles de cifras del mamotreto, algo que le obligó a tratar de justificarlo, primero, y a dar marcha atrás a las pocas horas. El resultado: tres rectificaciones consecutivas, porque al cabo de unas semanas ha vuelto a plantear la subida (mucho más moderada) a través de una autoenmienda.
Todos, salvo un grupo irredento que cree que los políticos cobran demasiado sea cual sea la cantidad, somos conscientes de que es imposible captar talentos si la remuneración que se les ofrece es muy inferior a lo que perciben en la economía privada, donde además tendrían un retorno complejo, dado que a su salida del cargo se les impide trabajar durante dos años en nada que tenga que ver con el ámbito en el que han gobernado, un dique seco que para muchos significaría arruinar el resto de su carrera profesional. Pero en Cantabria hemos llegado a que ni siquiera resulte tentador para muchos funcionarios, que también perderían dinero, aunque ellos sí pueden seguir cobrando algunos complementos.
Hay otra cuestión más, la coherencia. En unos órganos tan jerarquizados como los de la Administración, que el jefe gane menos que muchos de sus subordinados acaba afectando a su prestigio interno, y no se trata de un caso puntual. Hay cientos de trabajadores en el Gobierno de Cantabria, sobre todo entre los sanitarios, que cobran más que los consejeros o la propia presidenta.
Y el colmo de los despropósitos es que incluso los cargos de designación, como los jefes de gabinete, secretarios generales o directores generales, ingresen más que ellos, como resultado de la rebaja de sueldos que impuso Zapatero al llegar la crisis financiera, que afectó en porcentajes más elevados a la cúpula política.
Como en España todo se convierte en un arma arrojadiza, nunca se ha llegado a reparar del todo esta chapuza, cuando lo racional es que los partidos hubiesen acordado sacarlo del debate político. Apostar por la demagogia puede ser rentable en la oposición, pero resulta un boomerang cuando el que critica llega al Gobierno. Al final, hay más altos cargos que nunca y más diputados que cobran que nunca pero las subidas de los consejeros y la presidenta son un tabú que se encubre para evitar las acometidas de las redes sociales.
Los sueldos del Gobierno no son el problema más importante que tiene la región, pero sí son una muestra de que se gobierna pensando en internet, que pone el foco en lo polémico y no en lo importante. Revilla, conocedor del percal, evitó subirse el sueldo en 15 años pero antes o después había que hacer frente a esta cuestión y el nuevo Gobierno se ha quedado a medias: la presidenta cobrará el año próximo 69.000 euros, mientras que el presidente riojano –con la mitad de población– cobrará 85.000; Ayuso, algo más de 103.000; Urkullu, 107.000 y el presidente de la Generalitat, donde tienen menos tapujos, 136.000. Tampoco tiene sentido que el presidente de la nación gane 90.000, menos que varios de los autonómicos, aunque tenga la residencia pagada. Que la mayoría estén peor remunerados que el director de una sucursal bancaria son meros guiños a la galería que permiten poner en duda la madurez de este país.
Alberto Ibáñez
