El despoblamiento rural se ralentiza en casi 60 municipios cántabros
La pérdida de población se ralentizó en 2023 los 39 municipios cántabros en riesgo de despoblamiento, que suman 25.071 habitantes, un 0,04% menos que en 2022. En concreto, 19 de estos municipios ganaron población respecto al año pasado, 17 la perdieron y tres la mantuvieron.
Son datos que se desprenden del último informe anual de actividades del Consejo Asesor contra el Despoblamiento Rural, que hace balance del impacto de las acciones desarrolladas por el Gobierno autonómico y analiza el Censo Anual de Población del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), y del que ha informado este sábado el Ejecutivo, que ha destacado que las iniciativas autonómicas para luchar contra el despoblamiento rural han conseguido ralentizar la pérdida de población.
Este informe refleja que los 39 municipios en riesgo de despoblamiento suman 25.071 habitantes frente a los 25.194 de hace cuatro años, si bien la reducción poblacional de 2023 se ha ralentizado de forma importante en comparación con anteriores ejercicios, al perder tan solo un 0,04 por ciento de población respecto a 2022.
El descenso poblacional en 2022 fue del 0,25 por ciento respecto al ejercicio 2021; del 0,29 por ciento en 2021, en relación al año anterior, y de 1,28 por ciento en el año 2020 en comparación con 2019.
Además, de los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, 19 presentan un saldo positivo, el 48,7 por ciento. Los municipios con saldo positivo son Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Miera, Rionansa, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tresviso, Tudanca, Valdeprado del Río, Valderredible y Vega de Pas.
Por su parte, tres municipios mantuvieron sus habitantes respecto a 2022 y 17 perdieron población.
Pesquera fue el que más número de vecinos perdió, el 11,39 por ciento, mientras San Miguel de Aguayo fue el que más crecimiento poblacional experimentó, con el 12,9 por ciento.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, cuyo departamento coordina en el Gobierno las iniciativas para luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales de la región, ha valorado estas cifras y ha considerado que, aunque la diferencia de población total sigue siendo negativa en estos municipios, el despoblamiento en Cantabria «se ha ralentizado de forma destacada durante 2023».
En su opinión, las nuevas medidas implantadas por el Ejecutivo autonómico en los últimos presupuestos y en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conseguirán «aún más» fijar población y atraer nuevos vecinos.
Entre ellas, ha resaltado los beneficios fiscales por residir en estas zonas con deducciones por la compra de vivienda habitual, así como la reforma de Ley de Suelo, que permite la construcción tanto de viviendas unifamiliares como de construcciones vinculadas a distintas actividades.
También, el Gobierno cántabro ha aumentado hasta el 95 por ciento el porcentaje de financiación autonómica para las obras públicas que se ejecuten en los municipios en riesgo de despoblamiento.
144 MEDIDAS
El informe detalla las medidas desarrolladas por todas las consejerías y el balance de su ejecución. Durante el pasado año, se desarrollaron 144 acciones y medidas en los 39 municipios, entre las que se incluyen las deducciones autonómicas del IRPF, aprobadas en 2023 y que han entrado en vigor el 1 de enero.
En educación, se ha incrementado el cupo de profesorado de los centros rurales ubicados en estas zonas, además de la preferencia de estos centros para proyectos de innovación.
El transporte escolar gratuito y las becas de comedor también son eje de estas políticas contra el despoblamiento, que conllevan una inversión conjunta de 3,5 millones de euros.
Entre otras medidas, también están la financiación de los servicios de administración electrónica en algunos ayuntamientos; el mantenimiento de los cajeros; el sistema de dosificación de medicamentos del que se benefician 157 pacientes; o la ejecución de obras de infraestructuras y de mejora de servicios públicos.
Se recogen asimismo la reforma de la Ley del suelo para facilitar la gestión urbanística; las ayudas a la compra de vivienda para menores de 35 años en núcleos de población menores de 5.000 habitantes; y programas de prevención de aislamiento social y soledad no deseada.
En materia de ayudas de empleo e industria, se priorizan en estas áreas y se desarrollan otros programas específicos de aceleración empresarial e innovación abierta en entornos rurales; y en Cultura, se ejecuta un plan para acercar las actuaciones culturales al medio rural y ampliar su oferta.
El apoyo al sector primario se desarrolla con programas de producción agraria y ayudas de mejora de infraestructuras, productos alimentarios, ferias, junto a medidas de desarrollo rural y en favor de la ganadería.
El Ejecutivo realiza otras inversiones dentro del plan forestal o de defensa del medio natural, así como de promoción de las energías renovables.
