La auditoria de Obras Públicas no detecta irregularidades en contratos pero sí un importante impacto patrimonial

El Gobierno de Cantabria tiene ya «casi ultimada» la auditoria interna sobre la gestión de los contratos y del dinero público en la Consejería de Obras Públicas sin que se haya detectado «ninguna irregularidad significativa» desde el punto de vista de la «legalidad administrativa» de los contratos, si bien sí se aprecia un quebranto patrimonial a las arcas públicas que, aunque no se ha concretado aún, es «importante» y «significativo».

Así lo ha adelantado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves 22 de febrero, día en que se cumple un año del registro policial del que hoy es su departamento (en esos momentos en manos del PRC) y de las detenciones a los supuestos implicados en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de contratos a determinadas empresas, que ya se ha conocido como ‘caso Obras Públicas’ y en el que están investigados, entre otros, el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, y varios representantes de empresas.

Coincidiendo con este aniversario, el consejero ha dado cuenta tanto del estado de la auditoria contable y de legalidad interna que se está llevando a cabo en el Gobierno –de forma paralela a la investigación judicial en marcha, en la que el Ejecutivo está personado–, como de aquellos contratos que quedaron paralizados a raíz de la investigación al estar bajo sospecha y que ahora han comenzado a licitarse.

Respecto a la auditoria contable y de legalidad, que llevan a cabo el equipo de interventores nombrado por la Consejería de Economía con la documentación facilitada desde Obras Públicas (hoy Fomento), se ha centrado en el análisis exhaustivo de los últimos cuatro años y aleatoriamente en contratos de los últimos 20. Está «casi ultimada» pero aún no hay una fecha definitiva para que esté concluida.

Tras no apreciarse «ninguna irregularidad significativa» desde el punto de vista de la «legalidad administrativa», lo que sí se está analizando ahora es el quebranto patrimonial causado a los ciudadanos de Cantabria que, sí existe, y que, según Media, es «importante», aunque sin dar ninguna cifra ni exacta ni orientativa.

REACTIVACIÓN DE LOS CONTRATOS

Media ha explicado, por su parte, que él y su equipo en la Consejería lo que se han dedicado desde que llegaron en julio es, con ayuda de los funcionarios, a «poner en marcha toda la maquinaría» del departamento y «trabajar a destajo para reactivar todos los proyectos que se habían quedado paralizados» a raíz de la investigación judicial.

En ese sentido, se ha felicitado del trabajo realizado y ha anunciado que varios contratos que quedaron «anulados» o «paralizados» al comprobarse que su adjudicación podía estar bajo sospecha «ya se están licitando o están a punto de licitarse de forma inmediata» (tras ser revisados o incluso reiniciados), algo que se ha logrado en un «tiempo récord de apenas siete meses».

Suponen una inversión conjunta de 23 millones y afectan, sobre todo, a la conservación y mantenimiento de carreteras.

Aunque de forma genérica ha asegurado que los contratos serán adjudicados y estarán en obras este mismo año, Media ha detallado en qué estado se encuentran cada uno de ellos.

El de ‘Mantenimiento y nueva implantación de barreras de seguridad, por importe a 3,48 millones y un plazo de ejecución de cuatro años, está ya en la mesa de contratación y está prevista su adjudicación «en las próximas semanas». Al mismo, se han presentado seis empresas, entre las que figura una de las compañías investigadas en el ‘caso Obras Públicas’.

El consejero ha insistido en que el contrato aún no está adjudicado y también ha precisado que, desde el juzgado, se ha indicado al Gobierno que «no puede apartar» a esas empresas investigadas de presentarse ya que el proceso judicial no ha concluido.

«El procedimiento jurídico que llevan en esa investigación terminará como tenga que concluir y ahí se dictará una sentencia que nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. De momento, a los efectos de la Consejería y el resto del Gobierno, cualquier empresa de estas que se presente tiene que se tratada como cualquier otra», ha explicado a preguntas de la prensa.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el contrato para ‘Reparaciones puntuales de la capa de rodadura mediante mezclas asfálticas en caliente’ por un importe de 4,73 millones y un plazo de dos años. En este caso el proyecto ha sido redactado de nuevo desde el principio después de analizarse a fondo la documentación que estaba en la Consejería.

También se ha modificado el proyecto de ‘Construcción de muros y tratamiento de taludes’, que se ha refundido con el de ‘Nueva instalación, reposición y mantenimiento de mallas de triple torsión, pantallas dinámicas y otras instalaciones de protección de taludes’, para un «gestión eficiente». El plazo de ejecución es de un año con un presupuesto de 2,68 millones.

«Todo lo relacionado con la estabilización de taludes y contención y sostenimiento del terreno en el entorno de las carreteras debe ser realizado por una sola empresa y no estaba justificado que estuviese repartido en dos contratos independientes», ha explicado el consejero, que ha indicado que se ha redactado un nuevo proyecto, tomando como base el anterior, para licitarlo de forma inmediata.

Hay otro proyecto que también se está revisando en su fase final es el de ‘Conservación, mantenimiento estructural y mejora de seguridad vial del puente sobre la Ría de Cubas’, con un presupuesto base de licitación de 4,1 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.

Media ha indicado que «la licitación de estos dos últimos contratos estará publicada, si no hay ningún imprevisto, en el próximo mes».

Por otra parte, están en fase de supervisión dos proyectos que también han sido redactados por la Consejería. Uno es de ‘Conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas, de urbanización, ornamentales y de protección en diversas carreteras autonómicas’, con un precio base de licitación de 1,66 millones de euros y el plazo de ejecución de 12 meses, y otro de ‘Servicios y mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces de desagüe del agua pluvial de escorrentía’ con un plazo de ejecución de 8 meses y un presupuesto de 1,93.

Estos proyectos iniciarán los trámites de licitación en unos días y en marzo se publicará su licitación para que puedan presentarse ofertas.

Media ha indicado que este contrato solo tendrá una vigencia de 8 meses porque se licitará nuevamente de forma conjunta con otros contratos de servicios.

Ha explicado que el que menos avanzado está es el proyecto de ‘Instalación y reposición de señalización vertical y cartelería’ que estará finalizado y supervisado a finales de marzo ya que el actual contrato está vigente hasta agosto de 2024. En este caso, tanto el presupuesto como el plazo de ejecución están pendientes de la redacción definitiva.

Media ha explicado que, por el contrario, el contrato de ‘Limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales orgánicos e inorgánicos bajo todo tipo de estructuras, puentes y otros elementos en cauces públicos’ no está previsto licitarlo próximamente ya que se licitará a finales de año un nuevo contrato de conservación que englobará tanto la limpieza de cuentas y cauces, como este de sedimentos en un solo expediente.

Al margen de estos contratos, quedan otros cuatro proyectos de sendas ciclables o peatonales (Reinosa-Corconte; camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa; senda ciclable Barreda-La Revilla y senda peatonal Reinosa-Monegro) que están en revisión y se irán ejecutando «en función de las capacidades presupuestarias de la Consejería».