Ron recurirrá el auto de la AN que propone juzgarle por estafa en la ampliación de capital de 2016 de Popular

Defiende la ampliación de capital de 2016 y carga contra la falta de investigación de la resolución de Popular en junio de 2017

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha anunciado que recurrirá el auto que se ha conocido hoy de la Audiencia Nacional y en el que se propone que se le juzgue, junto a otros doce directivos y a la firma PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

En un comunicado remitido a Europa Press, Ron defiende que el auto, dictado por el juez José Luis Calama, «no se corresponde con lo que se ha instruido» y que las conclusiones del mismo «no se corresponden con los hechos declarados».

En el auto, de 178 páginas, el magistrado considera que los inversores acudieron «engañados» a la ampliación de capital, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio». Además, el juez ha archivado la causa para el expresidente Emilio Saracho asegurando que tomó medidas para evaluar el balance del banco.

Sin embargo, Ron defiende que Popular era, en el momento de su resolución en junio de 2017, un banco «solvente, viable y rentable», con un patrimonio neto de 11.000 millones de euros y unos 1.150 millones de euros de beneficio anual recurrente antes de provisiones, «según los peritos inspectores del Banco de España».

De hecho, el expresidente de Popular apunta que estos peritos afirmaban, en un informe del 8 de abril de 2019, que «las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva».

Así, asegura «no conocer» ningún caso donde, habiéndose «certificado» por peritos judiciales la existencia de estas «irregularidades», «la investigación se centre en una ampliación que reforzó el banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él».

Continúa afirmando que la ampliación de capital de 2016, de 2.500 millones de euros, «reforzó los niveles de solvencia y provisiones», y que fue suscrita por directivos y miembros del consejo, incluyendo el propio Ron, por un importe de 500 millones de euros. Así, se declara «perjudicado» por el «expolio» del banco, al tiempo que descarta que esta operación tuviese algo que ver con la posterior resolución, «no investigada», de la entidad.

«La instrucción del caso Banco Popular se ha dilatado durante seis años y medio, casi siete años desde la resolución del banco y su entrega por «menos dos mil millones de euros» a un competidor [Banco Santander] y, pese a lo que manifiesta el instructor en su auto, el resultado de las inspecciones practicadas al banco no tiene carácter contable, sino recomendaciones prudenciales y, de adoptarse, de registro prospectivo», defiende el expresidente.

Apostilla que la manera de registrar «prospectivamente» al banco «es prueba de que no había errores en la contabilidad anterior», y en particular, a cierre de del ejercicio de 2015.

Así, niega «rotundamente» que hubiera un agujero contable en los resultados de 2015 que sirvieron de base para la ampliación de 2016. De hecho, afirma que, ante una ampliación de una pericial solicitada por el juez instructor, los peritos inspectores del Banco de España comentaron que «desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y, por tanto, no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016».

Defiende el trabajo «arduo, muy profundo y riguroso» llevado a cabo durante su presidencia y cree que eso permitirá «demostrar» que la gestión del banco se hizo «correctamente», que «cumplió siempre con la normativa» y que no recibió, durante su mandato, requerimiento alguno por incumplimientos regulatorios.

«Después de seis años y medio de dilaciones, ante un auto de transformación contrario a la normativa contable y a la realidad de los hechos, podremos por fin poner sobre la mesa las pruebas demoledoras que hacen insostenible la tesis del instructor, que rechazó o impidió la práctica de muchas de ellas en plenitud; obviando otras que determinan claros indicios de la verdadera causa de resolución del banco», concluye antes de anunciar el recurso del auto.