Las defensas de los acusados de la violación grupal en Santander piden su absolución

Las defensas de los cuatro acusados por la supuesta violación grupal a una joven en verano de 2022 en Santander han mantenido este viernes la petición de absolución para los imputados, insistiendo en que las relaciones fueron «consentidas» e incluso en uno de los casos su «falta de participación», y han asegurado que «no tiene nada que ver» con el caso de La Manada.

Así lo han manifestado este viernes en el tercer día del juicio, que ha quedado visto para sentencia, contra los acusados de delitos de agresión sexual a una joven intoxicada por las drogas y el alcohol, que tuvo lugar tras una noche de fiesta en Santander y que continuó después en otra vivienda de El Astillero a la que se desplazaron en autobús.

En la sesión, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, han tenido lugar los alegatos de las defensas y solo uno de los imputados, de nacionalidades africanas y sudamericana y que se encuentran en prisión por esta causa desde el día de los hechos –30 de julio de 2022–, ha ejercido su derecho a la última palabra asegurando que es «inocente» y que no ha «hecho nada».

Para los letrados, ha quedado «acreditado» que la denunciante –que entonces tenía 22 años– estaba «consciente», «no tenía mermadas sus capacidades», pese a haber consumido alcohol y drogas (cannabis y cocaína), y participó de forma «voluntaria» y «activa» en las relaciones sexuales.

Según sostienen, aquella noche la joven «buscaba emociones fuertes», «estaba a gusto y no se quiso poner límites», solo hubo dos ocasiones en las que «dijo que no» y «no se produjeron», y tras mantener las relaciones sexuales con los acusados, «que fue totalmente consentida», se «arrepintió».

Creen que debe constar como elemento probatorio las «contradicciones» en las diversas declaraciones de la víctima, en las que «no queda acreditado» qué tipo de relaciones mantiene con cada acusado.

De hecho, la defensa de uno de los imputados, uno de los residentes de la vivienda donde tienen lugar los hechos y para el que se pide su «inmediata» puesta en libertad, asegura que éste «en ningún momento» participó en las relaciones sexuales e incluso les pidió que abandonaran el domicilio.

En su alegato, señala que los demás acusados «reconocen» que este no participó en dichas relaciones sexuales e incluso en la rueda de reconocimiento de su cliente, la joven señaló a otro hombre que llevaba meses encarcelado, por lo que «no se puede determinar su participación».

Además, añade que la víctima habla en un primer momento de diez agresores, luego de cinco, hay «confusión» en la identidad de uno de ellos a través su perfil en las redes sociales y acusó a otro hombre que pudo «acreditar que estaba trabajando».

Los letrados también han apuntado que en los vídeos de las cámaras que captaron a la denunciante y a los acusados en la calle y en la estación de autobuses aquel día tras los hechos, se ve que ésta «deambulaba normal», no se «tambalea», y tenía «plena consciencia» de la situación.

De esta forma, han tratado de tirar abajo la teoría de la Fiscalía sobre que la joven sufrió una «violencia extrema», argumentando que tras abandonar el domicilio donde supuestamente fue violada, la joven atravesó la ciudad hasta llegar a la estación «a plena luz del día», siguiendo a dos de los denunciantes, sin ser «arrastrada» ni «dirigida» y sin pedir auxilio, trasladándose posteriormente al domicilio de otro de los acusados de El Astillero para «seguir de fiesta».

Por ello, ven que este caso «no tiene nada que ver» con el de La Manada en San Fermín de 2016, como «quiso comparar» el Ministerio Fiscal porque los hechos «no son comparables» y «requieren de una resolución diferente».

Han señalado que en el caso de La Manada la denunciante «sí fue arrastrada», mientras que en el de Santander ésta accedió al dormitorio de forma «voluntaria» porque «quería tener relaciones» con uno de los acusados, las inició con un segundo imputado «de manera activa» y «no manifestó», ni verbalmente ni con gestos, que no quería mantener las relaciones posteriores.

Además, añaden que los agresores de La Manada se marcharon tras la violación grupal y, en el de Santander, los acusados «permanecen» en la vivienda, porque «creen que no ha hecho nada malo», al igual que la joven, que «no fue retenida».

También han añadido que, según el informe de la exploración médico forense que se realizó a la víctima tras los hechos, ésta estaba «abrumada», lo que «no es anulación de la conciencia ni merma de sus capacidades», y «orientada y lúcida».

Y subrayan que la joven «reconoció» que «ninguno ejerció violencia» y las «mínimas» lesiones que padeció tras los hechos, se lo pudo «hacer ella» y pueden ser «compatibles» con las relaciones sexuales con consentimiento, «producto del roce en la zona vaginal».

Los letrados dicen que tampoco hubo «intimidación» porque la joven «no dijo espontáneamente que tuviera miedo» y en el informe de Valdecilla «solo se habla de culpa y vergüenza», una situación que se puede dar porque «se arrepiente» de haber mantenido dichas relaciones.

Además, creen que hay que tener en cuenta las circunstancias personales y vitales previas de la denunciante, que padece un «trastorno de personalidad, impulsividad e inestabilidad emocional», con «ansiedad y ánimo bajo», causada por una relación en la que sufrió «malos tratos psicológicos y físicos», cuyo estado actual «no se puede achacar a este hecho».

En cuanto a las «contradicciones» en los testimonios de algunos de los acusados, han defendido que estos eran «muy jóvenes», también habían consumido alcohol y sintieron «presión» ante «imputaciones tan graves».

En uno de los casos, el acusado entendió que «dando la razón a la denunciante iba a salir de prisión provisional» y al no conseguirlo luego «contó la verdad»; y otro de ellos, que negó las relaciones porque «está casado», reconoció posteriormente que las relaciones fueron «consentidas» –una felación, en su caso–.

Por estos motivos, los letrados han hecho un llamamiento a la presunción de inocencia de los acusados para los que han pedido su absolución y el juicio ha quedado visto para sentencia.

Por su parte, a juicio del fiscal del caso, los hechos constituyen cuatro delitos de agresión sexual con penetración y actuación conjunta y un delito de agresión sexual intentada.

El representante del Ministerio público elevó a definitivas sus conclusiones este miércoles, en la segunda sesión del juicio, en la que reiteró su petición de una pena conjunta de más de cien años para los cuatro procesados por delitos de agresión sexual y cooperación necesaria.

Asimismo, reclama 100.000 euros de indemnización para la joven, que declaró a puerta cerrada y se ratificó en lo denunciado, por verse «sometida a una situación tan salvaje» y vivir «una experiencia tan traumática».