El Gobierno intenta parar la sangría de los derribos con la reforma de la Ley del Suelo

Las urbanizaciones que se encuentran junto a la playa de Cerrias cumplen ahora 25 años y puede que sean los últimos. Cinco chalets acaban de ser derribados y el resto aguardan un destino parecido. En total, 39 casas sentenciadas, parte de las cuales ya han sido adquiridas por el Gobierno regional a través de Gesvican. Los propietarios que se resisten a esta venta esperan que el nuevo Plan de Urbanismo de Piélagos salve las 22 que quedan fuera del deslinde de Costas, porque lo declarará suelo urbano, aunque ya se declaró edificable hace más de 30 años y eso no evitó las sentencias de derribo. Pero la auténtica novedad es que el nuevo Gobierno autonómico también se ha implicado a fondo, a través de un añadido a la Ley del Suelo que introdujo con la Ley de Presupuestos y que entonces pasó desapercibido. Una legalización para las casas anteriores al Plan de Ordenación del Litoral (2004) pero afectadas por su espacio de protección y con orden de derribo tanto en Piélagos como en otros ayuntamientos costeros.

Con el cumplimiento de la sentencias de derribo en Cerrias, parece que el interés público ha triunfado, pero esa tesis resulta discutible. Cumplir la primera parte de las sentencias de derribo que afectan a las urbanizaciones Cerrias I y II y Calas del Norte (Liencres), nos va a salir muy caro a todos los cántabros, los que debíamos resultar resarcidos por las sentencias. Al margen del sufrimiento personal de los propietarios afectados, derribar los 17 chalets que quedan dentro del deslinde de Costas nos va a suponer más de 8 millones de euros en indemnizaciones, además del coste de las demoliciones y las muchísimas horas que acumulan abogados, jueces y técnicos de planeamiento. La cifra será muy superior si el derribo se extiende a los 39 que condenó la sentencia, situados a continuación de los anteriores.

Muchas casas posteriores de la zona están en la misma situación pero nadie las denunció y se han consolidado

En la zona se dan tres situaciones distintas, como la de algunas viviendas aún más cercanas a la costa que nunca fueron denunciadas ni sentenciadas, lo que irrita aún más a los afectados: los chalets anteriores al Plan de Ordenación del Litoral que quedaron dentro de los 100 metros del ámbito de protección; las urbanizaciones Cerrias I y II que se encuentran fuera de la línea de 100 metros pero que también están sentenciadas de derribo; y todas las demás viviendas levantadas en las inmediaciones, que a pesar de haber sido construidas después no fueron denunciadas y se han salvado de cualquier contingencia ya que ha prescrito la posibilidad de recurrir sus licencias.  

Nadie ha pedido explicaciones por estos desaguisados cometidos por los Ayuntamientos en los años 80 y 90, en muchos casos con la complacencia de la Comisión Regional de Urbanismo, quizá porque han mediado muchos años entre las sentencias y las ejecuciones, y los responsables ya están fuera de la política, pero el comienzo de los derribos en Cerrias ha vuelto a poner de actualidad el gigantesco problema que padece la región, donde quedan 463 viviendas con sentencia de demolición y mucho dolor humano detrás.

Un fondo para los derribos

Piélagos ya tuvo que costear en 2016 la demolición de 214 viviendas a medio construir en el Alto del Cuco. Fueron 3,7 millones de euros que hubo de prestarle el Gobierno de Cantabria y que ha estado devolviendo hasta ahora. Al menos, el Ayuntamiento se libró por los pelos de la indemnización de 68 millones de euros que pedía la promotora por daño patrimonial. Desde hace años, sus vecinos están obligados a financiar con sus impuestos un fondo para costear estos derribos, que también han servido para acabar con los cinco chalets que se han demolido en marzo en Cerrias. Pero la lista de espera es muy larga, ya que hay otras 75 viviendas con sentencia de derribo en el municipio.

A su vez, el Gobierno cántabro está dotando cada año otro fondo, a través de la Consejería de Obras Públicas, que lleva empleados ya 12 millones de euros en compras de viviendas sentenciadas o en la construcción de otras nuevas para los afectados que lo prefieran, y tiene otros tanto en caja que va a emplear en adquirir las viviendas restantes de Cerrias, para cuyos propietarios no hay opción B, solo podrán coger el dinero. 

La cuenta, en realidad, no ha hecho más que empezar, porque, además de los 42 apartamentos en estructura demolidos en La Arena (Arnuero) y las 214 viviendas derribadas del Alto del Cuco quedan casi medio centenar con sentencia firme de demolición, concentradas en cuatro municipios, y Obras Públicas deberá seguir metiendo dinero en ese fondo durante muchos años. Este, en concreto, 6,3 millones de euros.

Veinte años de ‘tortura’

El presidente y portavoz de los afectados de las tres urbanizaciones de Cerrias, Didier Fleury, pone el énfasis tanto en los costes humanos como en los económicos que producen los derribos. Calcula que solo en Piélagos puede llegar a los 30 millones de euros: “Este derroche económico lo pagan todos los contribuyentes de la comunidad y los vecinos de Piélagos por partida doble, ya que ellos corren también con los gastos de demolición”.

La paradoja de que el beneficiario (la ciudadanía de Cantabria) es al mismo tiempo el que paga deberían haber llevado, dice, “a revertir esta injusticia, porque quienes estamos aquí compramos de buena fe y esto solo está creando gasto e inseguridad jurídica. Además, es desproporcionado el daño que se causa a los propietarios y a toda la comunidad para resarcir los males causados por la licencia. En las sentencias debe haber proporcionalidad, y aquí no la hay”, se queja.  

Recuerda que, para mucha gente, estos veinte años han sido “una tortura”, con un especial desaliento para quienes tienen en estas casas su primera vivienda, como es su caso.  

 Fleury, propietario de un magnífico chalé cuyas torres  sobresalen entre la vegetación como una atalaya frente a la playa, sigue al frente de esta lucha, convencido de que a todos ellos les asisten razones sobradas y agradece que el actual Gobierno cántabro está implicándose más para evitar los derribos que aún restan. Los que se han producido en marzo en Cerrias los considera, “una inercia del anterior”.  

Gesvican va adquiriendo los chalés y los tapia. Eso evita ocupas pero también aumenta la desmoralización de los que se resisten a vender

Confía en la reforma de la Ley del Suelo que el Gabinete de Saenz de Buruaga introdujo en diciembre a través de la Ley de Presupuestos, que consolida todas las viviendas construidas antes del Plan de Ordenación del Territorio (2004) y que se excluían del ámbito de su aplicación, como ocurre con las de Cerrias, donde el POL ya consideraba este suelo como urbano. Esta Disposición Transitoria, que pasó completamente desapercibida cuando se debatió la Ley de Acompañamiento, no solo debe tener efectividad en Piélagos, sino también en cualquier otro ayuntamiento de la región, lo que podría evitar prácticamente todos los derribos, porque la inmensa mayoría de las viviendas sentenciadas son anteriores a 2004.

El Gobierno de Saenz de Buruaga, no obstante, ha sido muy cauteloso, al no mencionar esta parte de la reforma de la Ley del Suelo, a pesar de la enorme importancia que puede tener. Si el temor era pasar el filtro de los abogados del Estado, que han recurrido por presunta inconstitucionales muchos otros aspectos de esta reforma de la Ley, especialmente los referidos a la autorización para construir en suelo rústico, ya puede respirar hondo. A esta disposición transitoria, no le han puesto ninguna objeción.

De nuevo será suelo urbano

Se da la circunstancia de que el nuevo PGOU de Piélagos también va a considerar este suelo como urbano, lo que ofrece otra tabla de salvación para los propietarios, pero ese suelo lleva siendo considerado edificable por el Ayuntamiento desde 1988, lo cual no sirvió para evitar las sentencias de derribo del año 2000, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a instancias de ARCA, anuló las licencias por entender que no cumplía las condiciones para ser considerado urbano: disponer de acometidas, viales y cuantas infraestructuras son necesarias para el asentamiento de nueva población. Además, el Tribunal sostenía que causaba un daño paisajístico, por lo cual exigía su derribo.

Los jueces han rechazado todas aquellas reformas del planeamiento municipal que son sospechosas de tener como único fin obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, pero esta vez Piélagos puede alegar con suficiente fundamento que el crecimiento del municipio así lo exige. En cualquier caso, nada de esto resultará necesario si se aplica la nueva disposición introducidas en la Ley del Suelo de Cantabria. Al Ayuntamiento le basta con tramitar un incidente judicial ante el Tribunal explicando que hay una nueva circunstancia legal que impide el cumplimiento de la sentencia de derribo. Piélagos ya lo ha hecho y si el Tribunal, como parece previsible, acepta que esas viviendas han quedado legalizadas por la reforma legal introducida por el Gobierno de Buruaga, ya no habrá nada más que decir.

Si la legalización, en cambio, se realiza a través del nuevo Plan de Piélagos y los jueces aceptan que ese motivo también imposibilita cumplir la sentencia, aún quedará un paso más, los propietarios deberán solicitar una nueva licencia de construcción conforme a este planeamiento. 

 ‘En el resto del país se ha resuelto sin derribos’

Fleury hace hincapié en la singularidad de Cantabria, junto a Carmen del Amo, presidenta de una plataforma nacional de afectados por la Ley de Costas y con una larga experiencia en la batalla legal contra las sentencias de derribo ordenados en todas las comunidades. “Sentencias como estas ha habido en todas las regiones costeras”, recuerda Del Amo, “pero en el resto del país la mayoría se han ido resolviendo sin ejecutar los derribos”. Ella es muy crítica con las administraciones locales cántabras, por no haber aprovechado la modificación de la Ley de Costas de 2013, que en otros lugares permitió redefinir los deslindes de protección costera de 100 metros a 20, lo que hubiera salvado, por sí solo, la mayoría de las viviendas afectadas en Cerrias. Otros técnicos, sin embargo, opinan que los casos de Cantabria son distintos y eso es lo que imposibilitó a los ayuntamientos acogerse a la reforma.

Del Amo opta seguir peleando en este terreno judicial y añade una ristra de irregularidades administrativas que, en su opinión, deberían haber bastado para evitar esta situación en un suelo que ya fue declarado urbano en 1986 y que, por tanto, solo estaría afectado por la posterior Ley de Costas en los 20 metros más cercanos a la línea de mareas. El deslinde provisional de 1992 así lo ratificó. La Demarcación inició otro deslinde en 2006, ya con las viviendas construidas, que aumentaba la zona de protección hasta los 100 metros. No obstante, Del Amo no se reprime al considerarlo una chapuza tanto por sus efectos retroactivos como por haberse abierto sin cerrar formalmente el anterior de 1992, algo que considera administrativamente imposible.

‘Aún se puede salvar el resto’

A pesar de que las máquinas ya se han llevado por delante cinco magníficos chalets de lo que fue la urbanización Calas del Norte (quedan dos, cuyos propietarios no se han avenido a la compra por la empresa pública Gesvican) Fleury confía en que con la reforma del Gobierno y el nuevo plan general de Piélagos se puedan salvar todos los restantes (hay 39 con sentencia en la zona): «Los afectados de Cerrias sabemos que no es tarde”, asegura.

Mar Puebla es su vecina de propiedad. Su chalet de ladrillo visto es el más próximo a la playa, y ha vivido toda la peripecia desde el principio, porque el promotor de la urbanización era su cuñado. Su marido falleció de un infarto y, aunque la casa sigue siendo el lugar de encuentro familiar, cuando vuelven hijos, que viven fuera, reconoce que “ellos no quieren oir nada de todo esto”. Es una demostración del hastío y la sensación de derrota que ha producido este largo proceso en los afectados. Ellos ya han optado por cerrar, al menos mentalmente, esa etapa que ha durado 24 años desde que se dictaron las sentencias, pero Mar y otros siete propietarios siguen resistiéndose a marcharse. Todos los demás residentes, de mejor o peor grado, han acabado por entregar las llaves a Gesvican.

 Cada vecino que abandona deja un rastro muy notorio y desmoralizante para los que quedan, porque, nada más firmar la indemnización, Gesvican ordena tapiar las puertas y ventanas para que no entren okupas, pero los que permanecen están convencidos de que también lo hace para ir minando su resistencia.

Frente a lo que está ocurriendo con la urbanización de la Playa de la Arena (Arnuero), en su caso no se les ofrece otra vivienda como alternativa, porque Piélagos dijo no disponer de suelo para construirlas, y a esto se acoge uno de los propietarios que se resisten a abandonar, el alemán Alexander Pérez, que ha tenido que contemplar desde su casa como las excavadoras demolían, una a una, todas las colindantes. 

Indemnizaciones a precio de mercado

Para no hacerlo más difícil, la Consejería de Obras Públicas aceptó sin rechistar durante el mandato de José Luis Gochicoa (PRC) pagar los chalés a precio de mercado (entre 400.000 y 600.000 euros), “pero no es una cuestión de dinero”, sostienen los que permanecen. 

Los que siguen sin rendirse encuentran argumentos para mantenerse firmes en las modificaciones que ha hecho el actual Gobierno regional en el Ley de Suelo y en el nuevo Plan de Urbanismo de Piélagos. Esta vez sí, confían, pero nadie sabe qué pasará entonces con los chalés que ya ha comprado Gesvican.